A fines del 2020, en uno de los momentos más duros de la pandemia, el 42 % de la población quedó sumergida por debajo de la línea de pobreza, implicando un gran crecimiento en relación al 2019 pese a la tres rondas de $ 10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que recibieron 9 millones de personas. Ante la disparada de la inflación que golpea los bolsillos de los sectores de menores ingresos, el Gobierno anunció dos bonos de $ 9.000 para los trabajadores no registrados y monotributistas de categorías bajas (que se pagarán en mayo y junio) que a precios actuales no alcanzan para comprar por mes ni la mitad de lo que permitía el escaso IFE.
Entre enero y marzo, la inflación acumulada superó el 16 %, en tanto los precios de los alimentos (los que más afectan a los sectores de ingresos bajos) tuvieron un alza del 20,9%. Como parte de esta escalada la Canasta Básica que usa el Indec para determinar los ingresos que necesita una familia de cuatro integrantes para no ser pobre, tuvo un aumento sólo entre enero y febrero de $5.200, teniendo en cuenta que la inflación de marzo fue del 6,7 % (una cifra récord en 20 años), es muy probable que los $ 9.000 del bono no sean suficientes para cubrir lo que subió dicha canasta en los primeros tres meses del año.
El Indec también estima una Canasta Básica Alimentaria (con la que determina la línea de indigencia) y en febrero para una familia de cuatro integrantes se ubicaba en $ 37.400. Sin tener en cuenta la disparada de los precios de los alimentos de marzo y lo que sigan subiendo durante abril, ya que el primer bono se cobrará en mayo, el monto de compensación definido por el Gobierno sólo alcanza para cubrir el 25 % de los gastos para poder alimentarse. Para el caso de la canasta de pobreza, los números son aún más duros, apenas si cubre el 10 % del total.
Tomando algunos ejemplos de los precios relevados por el instituto estatal durante marzo, podemos ver lo limitado del bono destinado a trabajadores no registrados y monotributistas de las categorías más bajas. Con los $ 9.000 mensuales apenas si podrían comprarse 9 kilos de asado, 10 kilos de queso cremoso, 10 cajas de leche en polvo (de 800g) o 18 paquetes de pañales (de 20 unidades).
Los bonos recuperarán sólo parcialmente el poder de compra perdido durante dos meses, pero hasta el momento no hay medidas anunciadas para el segundo semestre del año. Los ingresos de los trabajadores vienen de caer durante cuatro años consecutivos, acumulando una pérdida del 20 % en promedio. Los jubilados, que recibirán un bono de $ 12.000 en mayo, también acumulan una pérdida similar en el mismo período. Incluso bajo el Gobierno de Alberto Fernández que se había comprometido a elevar las jubilaciones, tienen que seguir viendo caer sus haberes. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en 2020 los gastos del Estado en jubilaciones cayeron 0,8 % contra la inflación, mientras que en 2021 la baja real fue del 4,3 %.
Los anuncios de Martín Guzmán para compensar la disparada de la inflación en los sectores de menores ingresos sólo pueden ser un paliativo (y con montos tan escasos lograr efectos muy limitados), dejando a las 17 millones de personas que se encuentran sumergidas en la pobreza sin posibilidades de poder cubrir sus necesidades básicas. Por eso desde el Frente de Izquierda presentaron un proyecto de ley para fijar un aumento de emergencia del 30 % de los salarios, jubilaciones, de la asignación universal por hijo, y de los planes “Potenciar Trabajo” y una actualización de los mismo según los aumentos de la Canasta Básica para que no puedan volver a perder con la inflación.
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