Cuando la ministra de salud, María Begoña Yarza, hizo su primera aparición mediática frente a los/as funcionarios/as en el CESFAM Barros Luco de San Miguel, interpeló en general a los detractores del sistema de salud universal (SUS) a "dar un pasito al costado" en el camino hacia esta fórmula.
Pero la senda que pretende recorrer del gobierno de Boric y su equipo ministerial de salud tiene un par de obstáculos y posibles desvíos que no pasan sólo por los detractores, sino por el escenario concreto de un sistema muy privatizado y fragmentado y, por su puesto, por los propios métodos a seguir por Apruebo Dignidad.
En su programa de gobierno se plantea el inicio de “un proceso de cambio que nos permita tener un Sistema Universal de Salud en el mediano plazo” cuyo punto de partida es el Fondo Universal de Salud (FUS) “como un administrador único de los recursos, a través de la universalización de la cobertura del FONASA a todas las personas que residan en el país”. Punto de partida que no asegura tenga como punto de llegada, el SUS.
La propuesta es reunir, en un solo fondo, el 7% de las cotizaciones tanto de quienes hoy están asegurados a través de FONASA (tres cuartos de todo el sistema) y quienes están en ISAPRE (cerca del 18%) - sin mención al exclusivo sistema de salud de las FFAA ni a las lucrativas aseguradoras de salud laboral como las ACHS, Mutual, etc. En base a esto, el FUS sería administrado para llevar adelante un plan de beneficios, el Régimen General de Cobertura mediante una “Agencia autónoma para Evaluación de Tecnología Sanitaria (ETESA)”, que permita definir la cobertura del régimen”. Es decir, aquella canasta de prestaciones que estarían aseguradas y administradas con equidad (distinto a igualdad).
En cuanto a la salud privada, la intención es la regulación de esta “a través de la prohibición efectiva de la integración vertical entre clínicas y aseguradoras privadas, y con el fin de proteger los derechos de las personas”. Lo que abre la necesidad de romper el fuerte y amplio entramado que controlan los Holdings nacionales y transnacionales, que manejan Isapres y clínicas al mismo tiempo.
Analizando en retrospectiva, la apuesta de Apruebo Dignidad se referencia en los Servicios Nacionales de Salud como aquellos levantados entre los años 30 y 50 tanto en el Reino Unido, como en el proyecto aprobado en 1952 en Chile, impulsado por el Frente Popular (FP) en la época de Aguirre Cerda y que duró hasta la constitución de Pinochet. Sin embargo, esto no estuvo exento de contradicciones en el propio FP entre radicales y socialistas, donde Allende era uno de los principales impulsores. Disensos internos del bloque que vinieron a ser moderados por la incidencia de Falange Nacional, el centro, de corte social-cristiano.
Estos últimos, en el marco del debate más general del Sistema de Seguridad Social, similarmente a lo expresado por la coalición gobernante hoy, planteaban: “transformar gradualmente el sistema de protección social imperante consistía en considerar los principios generales del modelo inglés, tomando en cuenta las limitaciones nacionales, los derechos adquiridos por determinados grupos y la necesidad de realizar una amplia campaña de convencimiento acerca de los beneficios del nuevo sistema” [1].
El FUS y el SUS en la actualidad: guiños y contradicciones entre el gobierno y las cúpulas sindicales.
Para la autora Asa Cristina Laurell [2] existe una disyuntiva clave entre un Sistema Universal y un Aseguramiento Universal, en el cómo lograr esa cobertura universal. En el caso del actual gobierno esta vía del FUS (un seguro universal, no el sistema en sí mismo) sería el inicio del camino para conquistar, vía reformas, el SUS. Sin embargo Laurell, en su artículo establece una diferencia esencial y es que el seguro universal “se adhiere a la idea de la equidad, entendida como pago igual por beneficios iguales, y no de la ―igualdad, entendida como igual acceso a los servicios ante la misma necesidad reivindicado por los SUS” [3].
El FUS se basa en el pluralismo de aseguradoras y prestadores/proveedores -centros públicos, clínicas y centros médicos privados, compañías de insumos médicos, asociaciones de médicos, etcétera- como principio básico enmarcado en el modelo neoliberal implantado en salud. Cerco del pluralismo se corre con el SUS si consideramos que en este es el Estado el que en su mayoría debe cumplir el rol de asegurador y prestador de servicios mediante su nacionalización.
Es decir, la estrategia del gobierno es iniciar con el FUS para alcanzar un tipo Servicio Nacional de Salud o el Sistema Único que se debate en la Convención [4] que en términos de la captación del financiamiento y su administración, plantea la implementación “ de un fondo único que mancomune las cotizaciones de la población con impuestos generales… avanzando hacia un modelo de financiamiento basado en impuestos generales de carácter progresivo y bajo los principios de la seguridad social” así, las dirigencias nacionales de salud -que no bajaron a las bases nunca este proyecto- proponen ponerle fin al lucro.
El papel aguanta mucho se dice popularmente y es que hay que entrever cuáles son los contrapesos políticos, económicos y los métodos para alcanzar un SUS. Para los cuadros técnicos de Apruebo Dignidad que sueñan con el NHS británico o para los/las más románticos del SNS de los años 50 al 80, pareciera no existir el peso de un sector privatizado que no existía en aquella época ni actualmente en Inglaterra. Hoy, en Chile, la proliferación de Holdings que controlan Isapres y Clínicas, con pesos pesados como BUPA (transnacional británica), United Health Group (USA) o la mismísima Cámara Chilena de la Construcción ha implicado que estos hayan ganado mucho terreno con enormes ganancias e instalaciones a lo largo del país, donde además FONASA se convierte en un importante “comprador” a través las GES [5] y la modalidad libre elección (bonos) [6].
Entonces, una de las “mochilas” que arrastra el sistema es que con la misma plata de Fonasa hoy se sostiene el enorme negocio de la salud privada, a costa del desmantelamiento del sistema público. Es un verdadero saqueo. No se trata entonces de hacer solamente una aseguradora estatal, sino más bien cortar ese desangramiento de recursos y asegurar la salud de todos mediante un sistema de financiamiento directo al sistema de salud integrado, sin subvenciones a los capitalistas de la salud.
Por lo que no es menor el cómo enfrentar este peso del sector empresarial en la salud y de trasnacionales como la británica BUPA, pues a diferencia de EEUU y el Reino Unido, países imperialistas e industrializados que destinan más PIB al sector, nuestra economía es exportadora y dependiente del mercado internacional. Menos es una banalidad cuando los partidos del régimen y los de Apruebo Dignidad en la convención no se atrevieron a poner en duda el artículo que restringe a los/las convencionales el a tocar los tratados internacionales de índole judicial y comercial. Esto último, se omite del debate.
El método no son las mesas de trabajo con el gobierno, es la organización y control del sistema por las y los trabajadores de la salud y las comunidades
Ante este escenario el futuro de la salud en Chile está siendo discutido en una triangulación entre el ministerio de Salud con Begoña Yarza a la cabeza, la Convención Constituicional y las burocracias sindicales y, por supuesto, en el sector empresarial que no dará su brazo a torcer cuando de utilidades se trata. Mesas de trabajo entre cuatro paredes, entre el gobierno reformista de Boric y las entregadas dirigencias nacionales de los gremios de la salud parece ser el método de coptación de la demanda por el derecho a la salud. Donde las bases de los centros de salud, pública y privada, y la comunidad de pacientes no aparecemos más que como simple espectadores de las negociaciones en “las alturas”.
A diferencia de estos, desde la Agrupación Abran Paso, como trabajadores de la salud pública y privada, desconfiamos de los métodos clásicos del sindicalismo entreguista y los gobiernos reformistas, de mesas y papeles estériles con decenas de firmas. Más aún desconfiamos del empresariado que no entregará su enorme fuente de ganancias. Estamos convencidos de que es imperante democratizar la discusión e impulsar la organización de las bases y los territorios, donde existan los espacios reales de deliberación y decisión, para impulsar no sólo la propuesta del sistema de salud que queremos, sino su control y administración “desde abajo”.
Nuestra propuesta a levantar en todos estos espacios, es lograr la organización, unidad de sectores y la preparación consciente de movilizaciones para conquistar un Sistema Universal de Salud, gratuito, financiado por el estado y los impuestos a las grandes riquezas y en perspectiva de la nacionalización de los recursos estratégicos; gestionado desde las bases de los centros de trabajo y la comunidad; pues para enfrentar a los grandes capitales y partidos empresariales con intereses en salud se requiere más que sentarse a tomar cafés y comer galletitas en “mesas de trabajo” se requiere la confianza y organización nuestras propias fuerzas, de los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la salud en Chile. Única vía y la más efectiva para romper el cerco que nos ponen gobiernos y dirigencias subordinadas a los intransigentes empresarios del país. |
