Fotografía: EFE
La convocatoria fue realizada desde hace varios meses por las principales centrales sindicales del Ecuador y confluirá con la marcha de las comunidades indígenas que inició hace 15 días desde distintos sectores del país, para rechazar la política económica del gobierno de Alianza País.
Tensión política en Ecuador, distintas movilizaciones, distintos orígenes
Ecuador vive hace varios meses un fuerte clima de tensión política y social, marcado por importantes manifestaciones opositoras a la política del gobierno de Rafael Correa, cuyos protagonistas provienen de sectores diametralmente opuestos. Por un lado, en el primer trimestre del año, los plantones contra la denominada ley de herencias y plusvalía tiñeron gran parte del escenario político nacional. Una serie de movilizaciones especialmente de sectores de clase media, sobre las que la derecha ecuatoriana, representada por los alcaldes de Quito, Mauricio Rodas y Guayaquil, Jaime Nebot, junto con el banquero Guillermo Lasso, se montaron buscando capitalizar el espacio de la oposición por derecha al gobierno y ubicarse política y electoralmente con miras hacia los próximos comicios.
En el otro lado de la vereda se ubican las principales centrales de trabajadores del país, que en conjunto con un sector de las organizaciones indígenas, vienen impulsando importantes movilizaciones contra la política económica y laboral del gobierno de Correa, la entrega de los recursos del país en los meganegociados con China, las polémicas leyes de agua y tierra, la reforma al Código Laboral, los ataques contra trabajadores de la salud y docentes, la nueva ley de Educación Superior y el Plan Familia, entre otros reclamos. Este conjunto de políticas del gobierno nacional hacia los trabajadores y sectores sociales han significado un punto de inflexión en el llamado proceso de la "revolución ciudadana”, donde además de la derechización del discurso y la práctica, avanza la política de criminalización a la protesta social. Cientos de dirigentes indígenas, trabajadores y estudiantes, han sido reprimidos y encarcelados por participar en movilizaciones contra el gobierno.
Proceso de Diálogo y Plan destituyente
Para enfrentar el clima de tensión social que vive el país, el gobierno ha ensayado dos políticas distintas, pero no excluyentes. Después de retroceder sobre la ley de herencias y plusvalía, Correa anunció en junio que invitaría a todos los sectores a iniciar un proceso de diálogo nacional, e instruyó a su gabinete para que socialicen los proyectos de ley más polémicos en cada uno de los cantones y provincias para aplacar los ánimos, pero al mismo tiempo viene desarrollando una operación política para intentar mostrar que todos los sectores opositores a su gobierno provendrían del mismo origen, es decir, constituyen una gran marea de grupos destituyentes que quieren "tirar abajo el proyecto", donde en función de sus supuestos intereses de poder la "extrema izquierda se alinea con la extrema derecha" contra la “revolución ciudadana”.
Consecuente con este discurso no han faltado los calificativos de "terroristas" para los estudiantes que pelean por la educación pública, de "burócratas" contra los trabajadores que se oponen al Nuevo Código Laboral, y por supuesto el mote de "feministas radicales" usado despectivamente contra las mujeres que se oponen al clerical Plan Familiar. Mientras la Asamblea Nacional aprueba una resolución contra la desestabilización política, (que podría tener cualquier tipo de interpretación), Correa vaticina el supuesto fracaso del paro y se apresta a sacar a las fuerzas militares a las calles para controlar la seguridad interna del país frente a posibles “actos violentos”.
Al respecto las organizaciones de trabajadores rechazaron tajantemente participar de este "proceso de diálogo", denunciando que el gobierno tiene un doble discurso, dialoguista hacia los sectores mas de derecha, mientras prepara el ataque a los trabajadores y las organizaciones sociales que luchan por sus derechos.
Contra la política económica y laboral, el Paro Nacional
La plataforma de lucha que han acordado los trabajadores y el movimiento indígena consiste en el rechazo la ley de aguas y tierras, el Nuevo Código Laboral, que vulnerabiliza derechos y cercena el derecho a huelga, la exigencia de la derogación del art. 703 para la creación de una agencia de vigilancia sobre la salud, el rechazo a la eliminación del 40% de los aportes estatales al Instituto de Seguridad Social, entre otros. Nada tienen que ver estos reclamos, con las intenciones oportunistas de grupos como CREO, liderado por Guillermo Lasso, que ahora dicen apoyar las movilizaciones para evitar que Ecuador “se convierta en otra Venezuela”.
A las declaraciones a favor del paro de la derecha neoliberal de Lasso, también se fueron sumando otros sectores reaccionarios como los militares en servicio pasivo. Hasta el momento los trabajadores vienen rechazando todo intento oportunista de la derecha por colgarse de sus demandas y delimitándose en sus reclamos, porque tienen memoria sobre lo que representan banqueros y militares, en la historia del país, los grandes protagonistas y cómplices de dictaduras y de la larga noche neoliberal. Solo con la independencia política de estos sectores, así como del oficialismo, los trabajadores y los sectores sociales podrán conquistar sus derechos.
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