El desarrollo del plan nuclear argentino, es presentado como parte de la planificación del Ministerio de Energía y Minería en materia de energía eléctrica “limpia” ¿Cuan limpia es y en qué medida asegura la soberanía energética?
En el marco de la crisis energética y económica que vive el país, el Gobierno ha decidido relanzar el Plan Nuclear Argentino, un proyecto de larga data iniciado durante la última dictadura cívico militar eclesiástica. Con este relanzamiento, se intenta avanzar en suplir la caída en picada de la producción hidroeléctrica que, si en 1985 representaba el 45% de la generación, actualmente ha descendido hasta el 15%, producto de la crisis hídrica que afecta a todo el país. Pero la crisis de la energía hidráulica se precipitó desde 2019, cuando representaba el 27%, con una caída de más del 30% en los volúmenes generados.
El reemplazo por energías renovables no parece suplir esta carencia en el corto plazo. En 2019 el 61% de la generación estaba en manos de centrales termoeléctricas a fuel oil o gas. La disparada del precio del petróleo y el gas a nivel internacional y el déficit estructural en materia de exploración, explotación y refinado de hidrocarburos, con el control privado de este recurso estratégico desde la privatización de YPF en los 90, resultan en un aumento de los costos de generación derivados y el desabastecimiento por la orientación al mercado exportador.
Pese al auge de la energía eólica, que en septiembre de 2021 significó el 14% de la generación total, esta está sometida a los intereses de empresas particulares que, aprovechando las políticas de promoción como el RenovAR, se aseguran el suministro eléctrico y un enorme negocio por el precio promocional del Mw que asegura el Estado.
El caso paradigmático es ALUAR, que no sólo paga un precio preferencial por la energía que consume (u$s 16 dólares por Mw mientras las cooperativas eléctricas de Chubut lo hacen a U$s40), sino que controla su generación al poseer la mayoría del paquete accionario de Hidroeléctrica Futaleufú, cuya energía abastece centralmente a la empresa vendiendo el “sobrante” al Sistema Interconectado Nacional (SIN). Ante las intenciones de aplicar una renta hídrica a la generación, o de dar de baja el contrato de licitación a vencer en 2025 -algo que el ministro Kulfas parece haber desechado al comprometerse a renovar el mismo por otros 30 años- ALUAR ha avanzado en un plan de generación eólica con una inversión de U$S 130 millones en el Parque Madryn IV. El resto de los parques eólicos de la provincia están en manos de empresas como la argentina Genneia, que concentra un cuarto de la generación eólica del país. Acindar ya se anotó para competir en el mercado junto a Petroquímica Comodoro Rivadavia, invirtiendo más de U$S140 millones en el Parque Eólico San Luis Norte, y la lista de empresas que buscan “lavarse de verde” (greenwashing) continúa creciendo.
Otro caso paradigmático es el del proyecto de hidrogeno verde de la empresa Fortescue en Rio Negro, que ha comprado mas de 250.000 hectáreas en el Noreste de Chubut para instalar molinos eólicos para el proceso de producción de hidrogeno mediante electrólisis orientado a la exportación, y las más de 625.000 has que acaba de entregarle la provincia de Rio Negro.
Lo cierto es que ni solar ni eólica, ni los pequeños aprovechamientos hidráulicos (el único aprobado actualmente es el que posee Joe Lewis en Lago Escondido y que está sujeto a un pedido de liquidación de la empresa por las sucesivas irregularidades a pedido de la Inspección General de Justicia), han logrado abastecer la demanda eléctrica de manera de apuntar a un reemplazo de la generación termoeléctrica por “energías limpias”.
Plan Nuclear Argentino
El Plan de Desarrollo Nuclear Argentino 2015-2025, estipulaba la construcción de una planta de producción de Dióxido de Uranio en Formosa para reemplazar a la planta de Dioxitec en Córdoba, la extensión de la vida útil de las centrales Embalse, Atucha I, la reactivación de la planta Pilcaniyeu en Rio negro y de la planta ENSI de agua pesada en Arroyito, Neuquén, así como la terminación de Atucha II.
Planta Fuqing donde funciona el reactor 6 Hualong One en China
A estos objetivos, el nuevo Plan Nuclear Argentino presentado el pasado 11 de abril suma la construcción de una nueva central -Atucha III- con tecnología China, y la planta prototipo CAREM en proceso de construcción con tecnología 100% nacional. En la ocasión, el subsecretario de Energía, Federico Basualdo habló de "consolidar los proyectos que aportan energía de base, limpia y segura a la matriz de generación".
El plan nuclear es entonces presentado como una tecnología “limpia” capaz de reemplazar al fuel oil y el gas, cuyo precio internacional se disparó con la guerra en Ucrania, desestabilizando el actual esquema de generación. Lo cierto es que hoy en día, la energía nuclear aporta apenas el 5% de la generación del país con tres centrales nucleares y la proyección de incorporar tres nuevas centrales en los próximos años solo elevaría este porcentaje según las proyecciones del propio gobierno a un 8% del total. Si pensamos en el incremento exponencial que el uso de energía eléctrica ha tenido en las últimas décadas, y el supuesto crecimiento de la demanda que la tan anunciada “reactivación económica post pandemia” implicaría, estamos lejos del plan de reducción de emisiones de carbono hacia 2050 comprometido en la COP26 por Alberto Fernández.
Generación de energía y soberanía energética
Argentina consume un total de 220 toneladas de uranio año. Al precio internacional actual (21/4/22) de U$S 133 por kilo de óxido de Uranio 308, esto representa U$S 29 millones anuales, con lo cual el consumo local podría ser cubierto con una sola de las cuatro cuotas anuales que Chubut paga en concepto de deuda.
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, dijo en diciembre, cuando su proyecto de zonificación minera fue derrotado en las calles, “no se habla más de minería”. Pues parece que sin decir nada igual se avanza en la materia. Consolidated Uranium Inc. acaba de anunciar un “agresivo plan de exploración” en el yacimiento Laguna Salada, para la explotación de Uranio y Vanadio. Los recursos identificados de uranio en Laguna Salada se han evaluado en 3.880 toneladas de uranio, y 21,330 t de vanadio. Es decir que se trataría de una explotación de U$S 517,5 millones potenciales en uranio y de más de U$S 2600 millones en vanadio.
La empresa Consolidated Uranium Inc. (CUR) está orientada a la exportación de commodities y el uranio tiene como promedio a nivel mundial una tasa del 80% de exportación luego de su extracción. De hecho, CUR surgió en 2020 previendo el auge del uranio en el mercado mundial, adquiriendo derechos de explotación en Canadá, Australia y EEUU. En Argentina, CUR adquirió el 100% del proyecto Laguna Salada en diciembre de 2021 a la empresa U308 Corp., pero la exploración del yacimiento data de 1978 a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). La guerra en Ucrania con el cierre al dióxido de uranio ruso para el mercado de EEUU y Europa, ha significado un aumento del precio del uranio a nivel internacional que favorece la estrategia de la empresa. Rosatom, la empresa estatal atómica rusa, no sólo representa alrededor del 42% de la capacidad mundial de refinado de uranio, sino que representaba hasta las recientes sanciones impuestas por la administración Biden al comercio con Rusia, casi una cuarta parte de las importaciones estadounidenses del combustible nuclear que alimenta la flota de reactores del país.
El gobierno estimula este nuevo extractivismo de gran peligro ambiental en el afán de obtener los dólares para pagar la deuda y asegurar el abastecimiento por sustitución de importaciones. Pero la sustitución de importaciones en materia de uranio, posee el inconveniente de que el radón y los residuos radioactivos quedan en el país a cambio de un magro volumen de dinero. En función de la ley minera y sus disposiciones posteriores, el Estado sólo percibiría el 4% máximo en materia de derechos de exportación sobre lo declarado por la empresa. Sin embargo, los pasivos ambientales tendrían un costo muy superior.
La cuenta es sencilla, el costo de una pila botón de mercurio, la de un reloj pulsera, contamina alrededor de 6000 litros de agua. Su costo ronda los $200, pero ¿Cuánto cuesta remediar la contaminación de 6000 litros de agua? Entonces ¿Cuánto cuesta una pila? Allí radica la contradicción de la explotación de la energía nuclear. Pero no solo allí.
La planta de procesado de uranio Dioxitek, empresa propiedad del Estado, encargada de transformar el óxido de uranio en dióxido de uranio mediante un proceso de purificación y conversión a polvo de pureza de grado cerámico que luego será la base para la producción del combustible nuclear en la planta de CONUAR en el Centro Atómico Ezeiza. El proceso está lejos de ser “limpio”. En 2014, diputados presentaron un pedido para el traslado de la planta ubicada en el populoso barrio de Alta Córdoba, debido a las más de 57.000 toneladas de residuos de baja radiactividad que se acumulaban en el predio sin contención alguna. La propia CNEA reconocía que la planta “descarga al aire del barrio hasta 1 kg de polvo de uranio por año (la planta tiene un total de 9 chimeneas numeradas 150 a 159 en la documentación oficial), y a la colectora cloacal unos 100 kg de uranio por año” según consta en el proyecto presentado por Lozano, De Gennaro y Donda entre otros diputados.
Un operario de Dioxitek remueve el concentrado de Uranio
Las explotaciones mineras de uranio que la CNEA paralizó en 1997, han quedado sin remediar. Como denuncia el Foro Ambiental y Social de la Patagonia, “en el yacimiento Los Gigantes (Córdoba) quedaron abandonados 600.000 toneladas de residuos marginales, 1.000.000 de toneladas de estériles, 2.400.000 toneladas de colas, 101.360 metros cúbicos de lodos y 100.0000 metros cúbicos de líquidos (se ha denunciado que otros 900.000 metros cúbicos de líquidos y lodos ácidos fueron arrojados a los afluentes del río San Antonio); […] En el Complejo Fabril San Rafael (en Sierra Pintada, Mendoza), quedaron 1.700.000 toneladas de colas de uranio, 5.340 tambores radiactivos, 153.000 metros cúbicos de residuos líquidos. En la planta de enriquecimiento de uranio de Pichiñan (Chubut) quedaron 60.000 toneladas de colas.”
Si el propio Estado es responsable de la falta de remediación de estos yacimientos, qué cabe esperar de empresas como CUR, orientadas por el afán de optimizar el margen de ganancias.
Producción minera y desarrollo
Uno de los argumentos mas difundidos en favor de la energía atómica es el desarrollo tecnológico que implica, y sin dudas, nuestro país ha experimentado un crecimiento en materia de conocimiento asociado al desarrollo de la CNEA y los equipos de técnicos e ingenieros que hicieron posible la existencia de tres centrales de producción nacional. Pero al mismo tiempo, la extracción del mineral y el residuo de la producción plantean un problema sin resolución aparente. Ya en los 90, Chubut fue escenario de enormes movilizaciones contra el repositorio nuclear que el gobierno de Carlos Menem buscaba instalar en Gastre. En 2017, en ocasión de que el gobierno de Macri firmara el convenio con Ur América y el gobierno ruso para la explotación de uranio en Chubut, hubo grandes movilizaciones contra la instalación de una planta nuclear china en Sierra Grande, Río Negro.
La situación de algunos países es reveladora del papel que juegan los productores de uranio en el contexto de la división internacional del trabajo impuesta en el régimen capitalista. Kazajistan concentra el 15% de la producción mundial en cuatro minas y en 2020 representaba el 41% del abastecimiento a las 435 centrales nucleares del mundo, seguido por Canadá que concentraba el 14% de la producción mundial en una sola mina, McArthur River, explotada por la minera canadiense CAMECO y la francesa ORANO.
Mientras el uranio kazajo abastece a Rusia, China y la india, el canadiense abastece centralmente a los EEUU. Francia, por su parte, se abastece del uranio extraído de la mina a cielo abierto de Arlit en Níger, su ex colonia, en un 100%. Níger, producía el 6% del uranio mundial en 2017, posicionándose como el quinto productor mundial, pero las ganancias de este negocio no llegan a los más de 21 millones de habitantes del convulsionado país subsahariano. De hecho, la producción de uranio en Níger está controlada por la francesa Orano. Esto permite a Francia abastecerse de energía eléctrica a través de sus centrales nucleares que consumen el uranio nigerino, mientras en Níger, solo el 16% de la población posee energía eléctrica.
Además de los riesgos derivados de la extracción del mineral, está el riesgo operativo de las centrales nucleoeléctricas. El ejemplo de Chernóbil, que se calcula afectó a cerca de 5 millones de personas, aunque aún no pueda certificarse la cantidad real, está muy presente.
El Gobierno ha cerrado un acuerdo con China para la construcción de un cuarto reactor con la tecnología Huelong One. Se trata de reactores que utilizan uranio enriquecido y son refrigerados con agua liviana. Actualmente existen dos reactores de este tipo en funcionamiento en el mundo. Uno en China, el primer prototipo que se desarrolló y que entro en funcionamiento en febrero de 2021, y otro en Pakistán que entró en funcionamiento en mayo de 2021, pero que recién en marzo pasado tenía previsto alcanzar su “masa crítica” de producción. Es decir que no se trata de una tecnología testeada en profundidad, o probada en su funcionamiento a lo largo de un período considerable.
La inversión de este nuevo reactor será de U$S 8300 millones financiados por China. Al igual que en el caso de las represas Kirchner-Cepérnic en Santa Cruz, o el Parque Eólico EL Escorial en Chubut, las intenciones de China no son las de aportar al desarrollo energético en función de las necesidades del país, sino las de aportar a la matriz energética necesaria para el saqueo de nuestros bienes comunes. Máxime en un contexto donde las disputas entre potencias por mercados y recursos han quedado al desnudo con la guerra en Ucrania.
Es necesaria otra mirada a la crisis energética
Las alternativas de producción de energía a través de fuentes renovables plantean el problema de fondo ¿Qué se produce, para quién y cómo? Básicamente, los proyectos planteados hasta hoy responden a la estructura de negocios instalada. Empresas que buscan asegurarse el control de la generación, Estados que imponen sus intereses imperialistas y garantizan los negocios de las multinacionales, y el saqueo generalizado de recursos en nombre de una transición energética de incierto horizonte.
Argentina ha firmado un compromiso de reducción de emisiones imposible de cumplir en este contexto. La relación entre recursos disponibles y planificación estratégica esta mediada por los condicionamientos estructurales del país semicolonial. El reciente acuerdo con el FMI establece restricciones desde los económico que hacen inviable toda asignación de recursos para la reconversión energética, e incluso para el aprovechamiento de la situación extraordinaria de nuevo auge de productos primarios que asegurarían el ingreso de divisas. Incluso de lograr el incremento de la participación estatal en las ganancias de las grandes multinacionales exportadoras mediante un aumento de retenciones, este se iría en el pago de la deuda externa. El Estado es incapaz de controlar las políticas extractivistas que promueve en todos los niveles: exploración, prospección, extracción, exportación y comercialización.
En la configuración histórica de Argentina como país subordinado al capital imperialista, en las condiciones establecidas por las contrareformas estructurales impuestas por la dictadura genocida y luego por el menemismo que permanecen intocadas en su esencia, y en los términos del acuerdo firmado por el gobierno peronista del Frente De Todos con el Fondo Monetario Internacional, no hay salida posible a los problemas que plantea la decadencia nacional. Por ello, las salidas “progresistas” que plantean los sectores neodesarrollistas ligados al Gobierno, se dan la mano con las reaccionarias políticas de la derecha de Milei en materia de extractivismo.
Abrir el país al saqueo sería “una enorme posibilidad” para pelear por una tajada mayor del producto resultante del mismo, sin contemplar las consecuencias en materia socio ambiental. Esta política cortoplacista se demuestra incapaz de resolver los problemas más elementales de un país en el que 17 millones de personas son pobres. De lo que se trata es de gestionar la crisis del capitalismo local, manteniendo “la relación de fuerzas” con el gran capital, intocada.
Ante todo, desde el espectro del extremo centro de un gobierno que gira cada vez mas a derecha, plantean que cualquier debate de la situación es “cosa de troskos”. Pues bien, si debatir la estructura de base agrícola exportadora del país que lo condena al atraso, o plantear la necesaria nacionalización del comercio exterior y la banca para terminar con la fuga de divisas y las triangulaciones de los sectores exportadores, o cuestionar acuerdos que atan al país por décadas al imperialismo como los contratos con mineras, petroleras y otras transnacionales o el acuerdo con el propio FMI, o pelear por la reestatización bajo control obrero de las empresas de servicios y sobre todo de las generadoras energéticas como bien estratégico, o pelear por la unidad de ocupados y desocupados para conquistar trabajo genuino mediante el reparto de las horas de trabajo, u oponernos al saqueo extractivista en defensa de la vida, el agua y el ambiente constituyen elementos del acervo trotskista, confesamos ese pecado, orgullosamente.
Porque pelear por el control estatal efectivo de la generación de energía es plantear la soberanía energética de forma definitiva, pero que sea bajo gestión de los y las trabajadoras del sector, es asegurar que ningún funcionario pueda hacer de ella un negocio, sino garantizar que sea un servicio eficiente, universal y económico para el conjunto de la sociedad.
Nacionalizar los hidrocarburos, significaría el control efectivo de un recurso saqueado sin invertir lo necesario en exploración y preservación de las reservas existentes, garantizando en primer lugar el abastecimiento interno, antes que la especulación con el precio internacional que imponen las multinacionales. Al mismo tiempo, el control obrero de la producción significaría el cumplimiento de toda norma de control ambiental de la producción y que lo recaudado sea puesto en función de un plan integral de reconversión energética ¿Qué los obreros no podrían hacerlo? Ahí están Madygraf y Zanon-Fasinpat para demostrar cómo la clase obrera puede ponerse al frente de la reconversión energética.
Ponerla producción de energía al servicio de las necesidades sociales y el cuidado del amiente, es una tarea que excede las intenciones y la capacidad de una clase capitalista local que aceptando su rol subordinado al imperialismo sólo piensa en asegurar su margen de participación. Tomar la resolución de estos problemas, incluido el posible desarrollo de tecnologías derivadas de la energía nuclear que no impliquen riesgos para la salud y el ambiente, requiere de una política de otra clase. Una clase que en la gestión de la producción adquiera la experiencia y la confianza en su propia fuerza para transformarse en un gobierno de trabajadores que envíe al basurero de la historia al capitalismo.
