El Tribunal Oral Federal de Jujuy, que debe juzgar a Carlos Pedro Blaquier por delitos de lesa humanidad, determinó que el empresario no está en condiciones de sentarse en el banquillo de los acusados. Pero son varias las querellas que apelarán semejante decisión y la Red por el Derecho a la Identidad Jujuy presentará un amicus curiae en apoyo a esa apelación. En tanto, según trascendió, la Fiscalía también apelaría la decisión de los jueces.
A su vez, en los últimos días las víctimas que querellan al empresario por su participación en el genocidio pidieron al Poder Judicial que la Secretaría de Derechos Humanos, que conduce Horacio Pietragalla, sea apartada de la causa porque “dejaron de cumplir su rol de querellantes”.
Como las ondas que se forman sobre la superficie del agua calma, la esfera producida por esta piedra sigue creciendo. Es que así cayó en las víctimas del proceso que tiene al empresario Carlos Pedro Tadeo Blaquier y a su capataz Alberto Lemos como imputados la posición de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de acompañar el dictamen según el cual el dueño del poderoso Ingenio Ledesma no está en condiciones físicas y mentales de ser juzgado.
Por eso, hijos de desaparecidos, sobrevivientes de las Noches de los Apagones y ex presos políticos pidieron al Tribunal Oral Federal de Jujuy que “le informe a esa repartición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se retire de la querella contra Blaquier porque nos sentimos ofendidos y agraviados por la misma”. Además, la querella del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (Codesedh) apelará la suspensión del juicio respecto de Blaquier. Y lo mismo hará la querella de Adriana Arédez, hija de una de las víctimas.
El 7 de abril los jueces Abel Fleming y Gabriela Catalano resolvieron suspender el trámite de la causa referida a Blaquier, tal como plantearon los abogados defensores del empresario al argumentar que sufre “deterioro cognitivo” e “incapacidad sobreviniente”. El peritaje realizado al empresario de 94 años por parte del Cuerpo Médico Forense (CMF) ratificó tal diagnóstico, y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación adhirió a ese informe. No así los peritos de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) de la Procuración General de la Nación, quienes presentaron otro peritaje en el que afirmaron que el diagnóstico del poderoso dueño de Ledesma es el de “simulación” de los padecimientos que invoca su defensa.
El médico psiquiatra Luis Ohman había hecho preguntas al imputado, quien fue “respondiendo sobre su vida cotidiana, lo cual da cuenta de la conservación en ciertos aspectos de la memoria anterógrada”. Según su informe, Blaquier “respondió con serenidad y firmeza en particular cuando se lo interrogó si entendía el carácter de la imputación y los graves hechos de la acusación penal”.
Los peritos del Codesedh aportaron al expediente un informe donde explican que no se realizó un verdadero estudio interdisciplinario como “se hace habitualmente en los hospitales de la provincia de Buenos Aires y un solo hospital de CABA” y agregan que esto “hubiera significado una gran ayuda a los peritos y más aún para el Tribunal”. Para los peritos de la defensa se trató sólo de un “estrecho acuerdo clínico”. Vale recordar que la defensa de Blaquier presentó estudios médicos realizados en institutos privados como el Sanatorio Fleni y sobre los mismos se terminó pronunciando el TOF.
En ese informe adjuntado a la causa consta que en la entrevista por Zoom realizada a Blaquier a pedido de la Fiscalía el 20 de octubre de 2021, ante la pregunta de los peritos de la defensa sobre “¿quién es la señora Nelly Arrieta?”, Blaquier, respondió “era mi esposa”. Consultado sobre su colección de cuadros, se le preguntó “¿conoce estos nombres?” y se le mencionaron tres pintores famosos. Blaquier respondió “usted hace muchas preguntas”. Si Blaquier sufriera de una demencia severa no se explica cómo pudo realizar este tipo de respuestas.
“Lamentablemente no simula, si quieren buscar culpables de la impunidad de Blaquier están en la Corte o en la Cámara de Casación, que perdieron un valiosísimo tiempo”, dijo a La Izquierda Diario una alta fuente oficial al ser consultada sobre la postura de la Secretaría de Derechos Humanos. Se refería a los casi ocho años en que sendos tribunales retuvieron el expediente y demoraron en pronunciarse sobre este proceso que abarca los secuestros y las desapariciones ocurridos durante las “Noches del Apagón”, en julio de 1976. “Desde diciembre de 2019, la Secretaría de Derechos Humanos fue la querella que más insistió para destrabar la causa en la Corte Suprema”, agregó la fuente buscando exculpar a la dependencia conducida por Pietragalla.
Lo que marca la fuente tiene su parte de verdad , pero eso para las víctimas del caso no mueve el amperímetro al momento de pedir que la Secretaría sea apartada. “Fundamenta nuestro pedido la defensa explícita que hicieron a favor del imputado, dictaminando en consonancia con sus defensores; quedó ampliamente demostrado que con su accionar garantiza la impunidad del nombrado y en contraposición a nuestra postura, y a nuestro entender dejaron de cumplir su rol de querellantes”, dice el escrito entregado al Tribunal y que lleva las firmas de Virginia Díaz, Hilda del Valle Figueroa, Norma Garnica y Francisco Díaz, entre otros y otras.
“Hace 46 años estamos esperando pacientemente que Pedro Blaquier sea juzgado y rinda cuentas de lo que pasó con los desaparecidos. En esta larga espera quedaron muchas madres y familiares en el camino. Confiamos en su imparcialidad para encontrar la verdad y que se haga justicia”, agregaron en el texto al que accedió este diario.
Cuando se conoció la noticia de que Blaquier se había liberado del juicio, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lo lamentó “profundamente”. “Después de las tres entrevistas no les quedaba ninguna duda de que está senil a nuestros calificados peritos, la Secretaría es la que más impulsó este juicio, la que más criticó a la Corte Suprema y a la Cámara de Casación por la demora en pronunciarse”, dijo la secretaria de Protección de Derechos Humanos Andrea Pochak.
“Con todo el dolor del mundo dijimos que esta persona no está en condiciones de afrontar el juicio, y es por culpa del tiempo que perdió la Justicia, ninguno de nuestros peritos está encubriendo a Blaquier, de modo que si llegamos a su inimputabilidad es por culpa de la justicia, hace diez años estaba en condiciones de ser juzgado”, agregó la funcionaria.
En Ledesma no hay dudas que el genocidio empezó antes del golpe. Ni bien terminadas las huelgas azucareras de 1974, en septiembre de ese mismo año se dio lugar a importantes detenciones, todas vinculadas a la organización del sindicato: Jorge O. Weiss, un organizador del sindicato y el abogado, Carlos Patrignani, quien había colaborado en liberar a los detenidos durante estas huelgas; Donato Garnica, fundador del sindicato de los zafreros y Carlos A. Díaz, delegado sección Tornería del Ingenio. Y el 1 de julio de 1976 detuvieron a su hermano, Guillermo Díaz, también trabajador del ingenio. Todos ellos están desaparecidos.
Tras la intervención al sindicato en el 75, se dieron nuevas detenciones, como la de Hugo Condorí, dirigente sindical, y de militantes solidarios con el sindicato como Juan C. López Osornio (“Pelado Matosas”), entre otros.
Los Arédez
Blaquier está imputado en la causa que se le sigue por los secuestros de Luis Arédez –ex intendente de Libertador General San Martín y ex médico de Ledesma–, Omar Gainza y Carlos Melían, además de otras 17 personas privadas de su libertad entre el 20 y el 27 de julio de 1976.
En su resolución, el juez Eduardo Hansen tuvo en cuenta que “los hechos ilícitos relatados fueron expresiones del plan sistemático de represión ejecutado por el aparato de poder del Estado Nacional, con la intervención de los imputados, quienes mantenían una gran influencia y dominio sobre las estructuras sociales, económicas, políticas y territoriales del departamento de Libertador General San Martín, facilitando medios ideológicos (seguimiento e investigación de las víctimas, información,) y logísticos (personal, camionetas, combustible) para perpetrar los hechos”.
El dueño de uno de los ingenios más grandes de América Latina deberá responder por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada “en grado de cómplice primario”, y Lemos por los mismos cargos “en calidad de cómplice secundario”. El Poder Judicial acreditó que los tres fueron víctimas por su actividad político-sindical. Arédez fue secuestrado de su casa, en presencia de su esposa Olga y sus cuatro hijos.
Uno de ellos, Ricardo Arédez, tenía entonces 16 años. Sobre la posibilidad de que Blaquier finalmente zafe de ser juzgado, Arédez dijo que “fue una horrible noticia, me siento desilusionado porque aún no podemos llegar a la instancia de un juicio que iba a ser histórico, era la primera vez que se juzgaría a un poderosísimo empresario, presidente de una de las fábricas más importantes de América Latina, que con el grupo Azcuénaga financió el golpe de Estado, que hizo las listas de los obreros y estudiantes que los molestaban desde 1974 en adelante, y que sigue impune”.
El menor de los cuatro hijos del matrimonio de Luis con Olga Márquez se pregunta “¿cómo seguir cuando las Madres nos enseñaron un camino limpio, ético y valiente en el feudo de Ledesma? Todos los organismos de derechos humanos nos acompañaron durante años en la marcha del Apagón, esperaba más de ellos, más contundencia. Estoy muy decepcionado, pero como siento que soy alumnos de las Madres tengo que seguir hasta que la historia sea más justa, con la comprensión de todes, tenemos derecho a la verdad y a la justicia”.
De mostradores, peritos y firmas
Uno de los tres peritos de la Secretaría de Derechos Humanos que firmó en adhesión al informe de incapacidad de Blaquier para ser juzgado en la causa por delitos de lesa humanidad ya no trabaja en los equipos de Pietragalla. Nicolás Oliva pasó al Cuerpo Médico Forense, donde, según indicaron las fuentes, cobraría un salario superior.
Este psiquiatra habría ingresado sin haber concursado y su cambio de empleo generó suspicacias porque trascendió en medio de la polémica interna desatada por el pronunciamiento que favoreció al dueño de Ledesma. Pero en la página de la Corte Suprema de Justicia es posible verificar que su nombramiento tiene fecha del viernes 10 de diciembre de 2021 y la pericia presencial a Blaquier donde Oliva participó fue tres días después, el lunes 13.
Desde la Secretaría de Derechos Humanos enfatizaron que no hay nada misterioso en el asunto, que fue el último que ingresó al equipo de peritos de la Secretaría, que un día les dijo que había conseguido un trabajo mejor pago, porque el CMF paga más, y renunció. Además agregaron que Oliva sólo participó de la entrevista virtual y que su “salida” no tuvo impacto alguno en la causa porque no firmó los informes de las tres entrevistas a Blaquier.
“La postura de la Secretaría se apoyó en la confianza política y técnica que tenemos con Adriana Taboada”, especificó la fuente, al mencionar a una de las profesionales. Sin embargo, el problema podría radicar no en la salida de Oliva sino en su doble rol al momento de los peritajes. Otra explicación no pone en duda la trayectoria “intachable” de los peritos de confianza de la Secretaría, pero desliza que no estaban capacitados para diagnosticar un estado de demencia.
Los consultores de la Datip –Ohman y Claudio Capuano– precisaron que en el peritaje del CMF no hubo participación de las partes y que se trató apenas de “una conversación de pocos minutos”. La primera evaluación había sido en forma remota el 20 de octubre y la segunda fue presencial el 13 de diciembre en el Palacio de Tribunales, en CABA. Además, ellos habían solicitado que Blaquier fuera sometido a estudios con profesionales de universidades públicas, lo cual fue ignorado. Durante su entrevista, el anciano dijo no recordar su número de documento ni su edad, pero cuando le preguntaron si iba a colaborar con el peritaje respondió que no.
Desde la defensa de Blaquier afirman que “el peritaje del Cuerpo Médico Forense -de indudable seriedad- se hizo con todas las garantías de confiabilidad y objetividad que debía tener, y su dictamen contó con el aval de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Esto incluyó una pericia por vía remota y dos pericias presenciales con la asistencia de todas las partes además de una serie de estudios clínicos y neurocognitivos realizados por instituciones especializadas de prestigio y otros similares realizados por el mismo CMF”. Como si se tratara de Logan Roy, el protagonista de la serie televisiva Succession, todavía no fue escrita la parte del guión en esta historia donde Blaquier se ve obligado a salir de la escena.
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