El Gobierno, que a mediados de marzo ya había manifestado que prefería una rebaja fiscal frente a la idea de poner tope al precio de la luz, encuentra ahora la excusa perfecta para no tocar los beneficios de las eléctricas. Iberdrola y Endesa, principalmente, son las más duras ante cualquier medida que toque sus enormes beneficios. El año pasado las eléctricas ganaron 6.500 millones de euros en el Estado español, mejorando en 2.000 millones sus resultados del año anterior, mientras que el precio de la luz se duplicó para los hogares.
Ignacio Galán, presidente de Iberdrola habló este martes en público, oponiéndose a todos aquellos que afirmaban que había que poner tope al precio del gas, y arremetiendo especialmente contra la propuesta que realizara Sánchez ante la Comisión Europea planteando que Portugal y España fueran considerados una “isla energética” en la que se topara el precio del gas. Algo para lo que, finalmente, daría permiso la presidenta de la Comisión.
El presidente de Iberdrola afirmó que "el camino" para reducir el precio de la electricidad en España" es modificar la tarifa regulada de electricidad y aplicar la fórmula portuguesa. Planteaba que, con ello, dijo, la factura caería en un 30% y un 40%. Ocultando con ello que la factura de la luz portuguesa ocupa el octavo lugar entre las más caras de Europa, tan solo dos puestos por debajo de la factura en el Estado español.
El llamado “pool”, el organismo de tasación de precios eléctricos del Estado español, también se ha posicionado en contra de cualquier medida. No es cosa menor, el “pool” engloba tanto a los productores, como los comercializadores, y los vendedores, entre los cuales se encuentran bancos como el Santander o BBVA. "El Gobierno español está proponiendo algo en contra de todo el sistema", indicaba un representante de las compañías.
Ahora las fuentes gubernamentales afirmaban que “las negociaciones están muy difíciles”. Dando a entender que, no es el Gobierno el que se opone a poner límites a la factura de la luz, sino las eléctricas. La teatral pelea entre Gobierno y eléctricas tiene, sin embargo, poco recorrido. La mencionada propuesta de Sánchez lejos estaba de constituir una “excepcionalidad ibérica”. Las cifras que maneja el Ejecutivo, que son de un tope al precio del gas de unos 60 euros/MWh, supondrían una reducción de la factura de la luz nada ambiciosa.
La solución pasaría, en cambio, por la nacionalización sin indemnización de la producción y distribución de un bien tan esencial y estratégico como la energía. Esta es la única manera de evitar que las grandes empresas monopolísticas especulen y sigan obteniendo beneficios multimillonarios a costa de las clases populares. Unidas Podemos solo ha mencionado una salida de este tipo con la boca pequeña, y alguna vez ha planteado la necesidad de contar con una empresa eléctrica estatal, algo ambiguo y que no ha pasado de una declaración más.
Para hacer frente a la escalada generalizada de los precios es fundamental poner en marcha un plan de lucha y de movilizaciones unificado que se discuta en cada centro de trabajo y estudio, en cada barrio popular, mediante asambleas convocadas por los sindicatos, las organizaciones sociales, barriales y políticas a la izquierda del Gobierno. A las direcciones de los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT hay que exigirles que rompan el pacto social permanente con el gobierno, para impulsar un plan de lucha real.
Entre las medidas urgentes se encuentra la inclusión de la cláusula de revisión salarial en todos los convenios para garantizar el nivel adquisitivo de los salarios y un salario mínimo de al menos 1.200 euros netos, el control de precios y la nacionalización de las eléctricas. Esto no debería desligarse de la movilización contra la guerra y el rearme imperialista, que son parte de las causas de fondo de esta crisis que estamos atravesando. |
