De acuerdo a lo anunciado por el gobierno se adelantaran los ajustes por inflación en un 2 % para los funcionarios públicos y un 3% para las jubilaciones, como una partida especial recién para julio, montos que se acumularían a los correspondientes a esa fecha. Para que quede claro el “aumento” es a cuenta del ajuste correspondiente a enero de 2023. La medida es acompañada por la convocatoria a los Consejos de Salarios para el sector privado, con la recomendación de que los privados sigan esta línea planteada.
Con esto se busca palear la evidente pérdida de poder adquisitivo de los salarios a partir de las cifras de inflación que se están dando. Tener en cuenta que la proyección de inflación que fijó el gobierno para este año es del 5,8 %, del 4,7% para 2023 y del 3,7% para 2024, cifras totalmente fuera de la realidad y que ya para este año el gobierno evidencia que se superan en las mismas palabras de Lacalle Pou cuando se refiere a la razón de este adelanto para julio: “Recién hacíamos una suma: que entre los aumentos dados, tanto a jubilaciones y pensiones como a los salarios públicos, estamos por encima de 9%, lo que en principio –y subrayo ‘en principio’, en este mundo tan cambiante– estaría por encima de la inflación anual esperada”.
Lo que significa que si al gobierno las sumas de almacenero que hace le salen mal y la inflación es más alta incluso que la cifra estimativa que hacen ahora, ni siquiera van a frenar con este “aumento” adelantado la caída del salario real de este año, caída que ya se viene acumulando desde 2021 y que por supuesto el gobierno no se plantea para nada recuperarla.
Lo que evidencia que el gobierno ya da por supuesto que perdió la carrera en cuando al rango meta que se fijó a sí mismo con respecto al tema y que es el parámetro a partir del cual se fijan los ajustes por inflación.
Si bien dentro de la coalición de gobierno las respuestas fueron de respaldo, se hicieron escuchar quejas que iban desde el carácter inconsulto o unilateral del accionar del gobierno, hasta la exigencia de medidas “de impacto inmediato y más específicas”, o como expresaron algunos sectores la necesidad de tomar medidas para controlar los precios.
La recriminación de los “malla oro”
La reacción del empresariado fue negativa y dejó “pagando” a la propuesta del gobierno: “llama la atención”, “difícil de digerir”, entre otras expresiones de decepción. El presidente del Banco Central Diego Labat, enseguida salió a poner paños fríos relativizando la sugerencia del Ejecutivo, dejando en claro que los empresarios podían hacer lo que quisieran: “Si hay sectores complicados, uno no esperaría que acuerden adelantar. Así como a la salida de la pandemia hubo sectores que estaban muy bien y acordaron buenos convenios, otros estaban muy mal y pactaron sin correctivos”.
Una medida que no resuelve nada
Como dijimos más arriba, además de no recuperar el salario real perdido desde hace dos años, de dejar abierto a que en el sector privado los empresarios hagan lo que quieran y de que es posible también de que este adelanto quede por debajo de la estimación de 9% que hace el gobierno y por lo tanto siga cayendo el poder adquisitivo.
Además de todo esto, es una medida tardía, porque el sufrimiento de los trabajadores y sectores populares viene arrastrándose ya de años de carestía, porque además se intenta pasar como una decisión urgente una medida que recién tendría efecto a partir de agosto, quedando en ese lapso de meses el poder adquisitivo librado al capricho empresarial que impone la inflación. Tampoco se toma ninguna medida para controlar la especulación empresarial con los precios, ni tampoco se contempla la carestía de la vida que sufren los desempleados o la incidencia que la pérdida salarial tiene sobre los trabajadores con nivel adquisitivo más bajo. Por ejemplo, el salario mínimo es de 19.364 pesos a enero de este año, el ajuste sería de 387 pesos, la jubilación mínima es de 15.768 pesos y le correspondería un “aumento” de 473 pesos, cifras irrisorias para lo que es el costo de la vida en Uruguay.
Otro elemento más es que para los públicos y los jubilados esta medida es una imposición unilateral del gobierno por decreto, sin espacio a la negociación colectiva y a los requerimientos reales que tiene este sector de trabajadores en cuando a la carestía de la vida.
Migajas para imponer la agenda de contrarreformas
En las puertas de un nuevo 1 de mayo, fecha histórica de lucha y reivindicaciones de la clase trabajadora, el gobierno trata de mostrarse como receptivo frente al evidente deterioro de la calidad de vida de las mayorías trabajadoras, aunque sean gestos miserables le sirve para señalar que han tomado medidas al respecto.
A su vez, toda esta gestualidad se le hace necesaria para, por otro lado, avanzar en su agenda de “reformas” que son ataques a conquistas y derechos de los trabajadores, como la reforma de la seguridad social, entre otras. Envalentonados también por el triunfo que obtuvieron en el referéndum contra la LUC.
La clase trabajadora y el resto del pueblo organizado no pueden mantenerse impasibles ante esta prolongada destrucción de su propia calidad de vida. Proceso que no se detendrá con las miserables migajas que ofrece el gobierno de Lacalle Pou, que como queda demostrado ni siquiera alcanzarán para detener la caída del salario real y el deterioro de la calidad de vida de las mayorías populares.
Esto junto a la agenda de reformas anti obreras del gobierno, como la reforma de la seguridad social, señalan la necesidad de organizarse y luchar, para recomponer el nivel de ingresos del pueblo trabajador y derrotar en las calles los planes anti obreros del gobierno. | 
