El consejero de cultura de Vox en Castilla y León cobraba de la Complutense por asesorar una fundación que él mismo dirigía, al mismo tiempo que ingresaba su sueldo de catedrático de esta misma universidad. Durante 20 años fue al mismo tiempo director y asesor de la Fundación Instituto Castellano Leonés de la Lengua, para lograr sobresueldos, reconocimiento público, coches pagados y chófer, todo un “chiringuito” de la Junta de Castilla y León que muestra la relación de la casta de catedráticos que dirigen las universidades públicas con la casta política y los empresarios.
Con la llegada de Vox al gobierno de Castilla y León ha salido a la luz la noticia de que el actual consejero de cultura del partido de ultraderecha, Gonzalo Santonja, cobraba a parte de su sueldo de catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (unos 85.000 euros) en torno a otros 20.000 euros por asesorar al Instituto de la Lengua, fundación ligada a la anteriormente mencionada universidad que el mismo dirigía.
Según el artículo en exclusiva publicado por eldiario.es, desde el año 2016 esta fundación estuvo pagando un total de 96.000 euros a la UCM para contratar los servicios de Santonja como asesor de dirección de asuntos científicos durante cuatro años, lo que equivale a 24.000 euros por año, que al descontar los gastos de transporte le dejaría con 18.000 euros anuales de sueldo. Antes de esto Santonja ya había ocupado esta posición, no obstante, con un contrato en el que no se definía si su puesto era remunerado o no ni se establecía una cantidad en caso de serlo. Diversas fuentes de la Junta de Castilla y León afirman que el catedrático llevaba cobrando desde el año 2002, año en el que se creó la fundación, la cual también dirigió desde un primer momento.
Pese a ser legal, ya que el contrato de 2016 estaría amparado bajo el artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades que “regula la compatibilidad de los profesores universitarios con trabajos y proyectos de carácter científico”, no obstante, varios testimonios relatan que esta fundación es “un chiringuito de la Junta”. Una muestra de que la ultraderecha no viene a romper con el clientelismo y los “chiringuitos” contra los que dice combatir, sino que conserva plenamente la tradición de los partidos del régimen. Este no es, de hecho, el primer escándalo que sale a la luz de entre las filas del partido de extrema derecha.
De lo que no se habla tanto es de los lazos que tiene la ultraderecha con la universidad pública. Ya sea a través de fundaciones e instituciones separadas, tanto de carácter público, como es este caso, como bajo el paraguas de la denominada “colaboración público-privada”, una forma a través de la cual las empresas externalizan sus gastos teniendo barra libre para usar las instalaciones y personal de la universidad. En el Consejo Social de la UCM, donde se votan los presupuestos, encontramos representantes de empresas como Jesús Nuño, director general de El Corte Inglés de 1998 a 2017, Álvaro Costas, director de la COPE, Juan Manuel de Mingo, representante de Telefónica, Luís Suarez, representante de Repsol, Carlos González, de la CEOE… Ellos deciden qué se investiga, qué se estudia y cuánto cuesta.
Pero estas no son las únicas relaciones que la universidad establece con los sectores más conservadores de la burguesía del Estado español. También a través de los catedráticos, que fruto de su posición privilegiada son los principales interesados en unir sus intereses a los de estas empresas y a los partidos del Régimen del 78. El caso de aquellos profesores que usan su tribuna para difundir las ideas reaccionarias de la extrema derecha de Vox es notable, amparando actos y apariciones la de Ortega Smith en el campus de Somosaguas el pasado 1 de abril.
Nada tiene de ilegal buena parte de estas relaciones. Es el normal proceder de la universidad-empresa en el sistema capitalista. Baste con señalar que la propia reforma universitaria del ministro de universidades de Unidas Podemos, la LOSU, busca profundizar en la neoliberalización de la universidad. Una reforma que redacto el ex ministro de Podemos, Manuel Castells, el cual es a su vez un catedrático que pertenece a toda esta casta universitaria, y cuyo testigo toma el actual ministro de universidades, Joan Subirats, otro catedrático. A través de esta ley los ministros “progresistas”, siguen, de este modo, la senda de los anteriores gobiernos del PP y PSOE aumentando el poder de las empresas y conservando al mismo tiempo los privilegios de una casta de catedráticos conservadora y reaccionaria. |
