Ellos no son simples asesinos, como tampoco forman parte de la población carcelaria común. Estos sujetos fueron un eslabón necesario en la formación del operativo represivo del 26 de Junio del año 2002 en la ciudad de Avellaneda, orquestado y organizado desde las más altas esferas del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires.

En la ocasión, el operativo criminal coordinó tres fuerzas de seguridad nacionales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, comandadas por la ex SIDE. Este avance de la represión fue tendiente a liquidar al movimiento popular que se expresaba en la calles en medio de una de las más dolorosas crisis que ha atravesado nuestro pueblo allá por la finalización de la década de los 90 y principios del 2000.

Sus participaciones en la conocida Masacre de Avellaneda, fue ser la mano de obra barata para llevar a cabo el trabajo sucio de un plan que ejecutó el gobierno nacional del ex presidente Eduardo Duhalde quien compartió gobierno con Alfredo Atanasoff, Juan José Alvarez, Jorge Matzkin, Jorge Vanossi, Anibal Fernández, Oscar Rodriguez, Carlos Ruckauf, y de Felipe Solá en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Recordamos además que durante esos terribles momentos que nos tocó vivir como pueblo, desde el sector empresarial y financiero también se reclamaba mano dura contra quienes nos manifestábamos por la situación de crisis extrema en el país. Es decir que desde el poder económico representado en UIA, SRA, ADEBA Y AEA agitaban en los medios la exigencia al gobierno de ‘terminar con los cortes’. Sectores económicos que orquestaron el golpe del 76, imponiendo desde la dictadura el modelo económico del que son beneficiarios, llevando la miseria a las enormes cifras que ahora se vuelve a alcanzar.

Sin embargo, al día de hoy siguen siendo parte del mismo entramado del 2002.

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Esto es así porque sus silencios y falta de colaboración de estos casi veinte años, fueron claves para que la impunidad de los responsables políticos, es decir quienes planificaron, organizaron y dieron las órdenes desde el ejecutivo nacional sigan libres, lejos de los estrados judiciales y los barrotes de las cárceles. Además configuraron un artífice fundamental en la formación del relato inicial del gobierno nacional y provincial acerca de ‘se mataron entre ellos’, mostrándose ante los medios hegemónicos como víctimas de los piqueteros.

Esta actitud de los policías, aportaron a profundizar a la estigmatización del movimiento popular, que el gobierno de Eduardo Duhalde venía acentuando semanas antes de la represión. Las frases ‘Si cortan el Puente es una declaración de guerra’ emitidas por Alfredo Atanasoff (Jefe de Gabinete), o ‘no me temblaría el pulso para volver a firmar el decreto de aniquilación de la subversión como en 1975’ dichas por Carlos Ruckauf (Ministro de Relaciones Exteriores) eran algunas de las amenazas con las que preparaban el escenario para la represión los principales actores del gobierno nacional de ese momento. Las represiones, persecuciones de militantes populares y la existencia de presxs políticxs de los últimos tiempos, son en parte producto de la falta de justicia en este caso.

La impunidad de la que goza Eduardo Duhalde respecto de su responsabilidad política por los crímenes de Kosteki y Santillán, es la misma que disfruta Mauricio Macri cuando asevera que el dinero del préstamo del FMI se la entregó a los bancos para que no se vayan del país, a sabiendas que nada le pasaría. Así es que la libertad impune de Duhalde en algún punto garantiza la impunidad de otros miembros del establishment político nacional.

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A dos meses de cumplirse 20 años de aquella brutal represión que le costara la vida a Darío y a Maxi, pero de la que resultaron más de treinta compañerxs heridxs con balas de plomo, otros tantos con balas de goma y cientos de detenidxs en las comisarías aledañas, continuamos luchando contra la impunidad. Somos conscientes que la falta de justicia en este caso le hace correr el riesgo al pueblo todo de volver a repetir aquellas situaciones. Es decir, que en un marco de creciente crisis económica, con una población de más de diecisiete millones de personas bajo la línea de la pobreza, el regreso del FMI a nuestra vida cotidiana y con sectores que piden más represión en vez de solucionar los problemas de fondo, forman un caldo de cultivo apto para que nuevamente se estigmatice al pueblo organizado que lucha, se lo reprima, se lo persiga y se lo encarcele.

Al mismo tiempo no podemos dejar pasar que, en este caso, el poder judicial contribuyó a puntualizar la falta de Justicia y complicidad. El Poder Judicial, como uno de los poderes del Estado, no investigó el caso, y cajoneó la causa al punto de haberla llevado casi hasta el cierre definitivo, sin interesarse en ni una sola línea de investigación. Fue el garante para que hoy los responsables intelectuales se encuentren sin atravesar los tribunales. En nuestro país el poder judicial no se legitima, en gran parte, por estas situaciones. Hoy el Poder Judicial está cuestionado por toda la sociedad, al no sentirse representada por las decisiones que ella misma toma.

Es por eso que nos oponemos a cualquier pedido de libertad o salidas transitorias de los asesinos de Darío y Maxi, como así también exigimos que los responsables políticos de la masacre sean llevados a juicio y sean condenados por sus decisiones políticas que incurrieron en homicidios.

La Masacre de Avellaneda, del 26 de Junio del 2002, es un CRIMEN de ESTADO.

Comisión Independiente Justicia por Darío y Maxi