Llevamos ya más de una semana desde que se hizo público el escándalo del CatalanGate, recordemos el caso de espionaje más grande de entre todos los que han utilizado el sistema programático Pegasus y el más importante en cuanto a volumen de lo que llevamos de siglo, y después de unos primeros días turbios y agitados entre el Ejecutivo español y los partidos independentistas (y entre ellos también), parece que los acontecimientos han pasado a una "guerra de baja intensidad" entre ambos bandos.
El gobierno de Pedro Sánchez, consciente de que perder el apoyo de ERC significaría también malograr la estabilidad parlamentaria, está en curso de intentar solucionar la situación mediante la diplomacia con los partidos del gobierno catalán. Entendiendo que la titular de Defensa Margarita Robles "come aparte", situándose siempre en el punto discursivo más "belicoso", véase también en el papel del Estado español en la guerra de Ucrania, el equipo de Sánchez está empezando a optar por sumarle a las propuestas de interlocuciones entre ministros y sus homólogos catalanes, declaraciones veladas en las que intentarían deslizar que el programa Pegasus podría estar en disposición del Estado español.
No van en la misma línea pero las instituciones de cariz más reaccionario del Régimen del 78 como el poder judicial y el servicio de inteligencia del Estado español, agente indispensable en todo este entramado. El CNI trata de exculparse señalando que si bien han utilizado el programa Pegasus con algunos de los que son nombrados en el artículo de Citizen Lab, siempre ha estado "de manera individual y con autorización judicial". No obstante, el mismo organismo de inteligència carga contra el gobierno al considerar que este trata de responsabilizarlos con la política de acercamiento a los partidos independentistas y las propuestas de "abrir un control interno en el CNI" y la "constitución de manera inmediata de la Comisión de Secretos Oficiales". Por su parte, el Tribunal Supremo destaca que nunca ha recibido "una petición por parte de la inteligencia española pidiendo permiso para llevar a cabo espionajes masivos a independentistas", contradiciendo así gobierno y CNI.
En el otro frente, la consejera de presidencia Laura Vilagrà (ERC), ha señalado estos días que la reunión que mantuvo domingo con el ministro de presidencia Felix Bolaños, no sirvió para que este se comprometiera "a buscar los responsables del CatalanGate y hacerlos cesar", todo pese a las promesas de investigaciones internas. Oriol Junqueras, presidente de ERC, habló este martes en los mismos términos, exigiendo "dimisiones o ceses" por parte del Consejo de ministros.
Aun así, si bien desde el gobierno manifiestan que se ha conformado un nuevo protocolo de actuación en el que los consellers no coincidirán con ministros en actos representativos, así como la paralización, hasta la asunción de las responsabilidades del espionaje por parte del gobierno español, de toda interlocución entre gobiernos, incluyendo la mesa de diálogo, en ningún momento desde ERC han negado la defensa de esta, así como las negociaciones con el gobierno central, poniendo únicamente en entredicho el apoyo al decreto de ayudas por la guerra que se tiene que votar este jueves en el Congreso.
Junts, por su parte, mantiene las discrepancias con los republicanos e insiste a estos a que rompan relaciones con el gobierno de Pedro Sánchez, más allá de la votación de jueves. No obstante, el partido de Puigdemont y Jordi Sànchez, no pasa tampoco de la petición de ceses en el seno del gobierno español, ni siquiera haciendo mención en los últimos días de poner en marcha cualquier investigación institucional. La CUP, en la misma dirección, pide también que ERC "rompa con la estabilidad en el gobierno central", como manifestó Carles Riera esta misma semana en declaraciones a TV3. Y a pesar de que desde la formación independentista denuncian también que tanto ERC como Junts mantienen "una estrategia similar", la CUP no se ha posicionado en lo que llevamos de CatalanGate como una alternativa a la izquierda de ambos partidos representantes de la burguesía catalana. Más bien lo contrario, la posición de la CUP se mantiene durante esta semana y pico en la misma línea moderada y limitada a los mecanismos institucionales que los socios de govern de ERC.
Este escándalo deja nuevamente en evidencia no solo el accionar de las cloacas del Estado, sino como todos los agentes del Régimen operan para mantener en buen estado y en la más absoluta penumbra las cañerías para que estas continúen fluyendo de manera eficaz y en beneficio del conjunto de las instituciones estatales putrefactas. Y ante todo esto, es necesario la defensa de la imposición de una comisión de investigación independiente de toda institución del Estado español, y que esté integrada por miembros de organizaciones por los derechos humanos, así como organizaciones de periodistas sin vínculos con los interesos gubernamentales de mantener la corrupción de las mismas cloacas. Algo diametralmente opuesto a las manifestaciones de los miembros de Unidas Podemos durante los primeros días, en las que pedían a los titulares de Interior y Defensa, Grande Marlaska y Margarita Robles, abrir una investigación en el Congreso español.
Aun así, es imprescindible también poner en pie una verdadera izquierda anticapitalista y con perspectiva de independencia de clase, sin ningún vínculo con los partidos de la burguesía catalana que tienen en su hoja de ruta la vuelta al autonomismo, y que enfrente desde las calles y con una gran movilización los ataques en todos los ámbitos de Catalunya por parte del Régimen del 78, y que se hace valer de los propios mecanismos de las cloacas del Estado. Esta es también la única forma de reactivar un movimiento democrático catalán capaz de imponer un nuevo embate contra este y lograr las asipracions al derecho a decidir de los catalanes y las catalanas. |
