Según el acuerdo entre el gobierno luso y el español con la Comisión Europea, desde mayo, el precio del gas y el carbón será de 40 €/MWh; pero solo las primeras semanas. La media durante los doce meses siguientes ascenderá hasta ser de 50€/MWh.
Actualmente el precio medio es de 90€/MWh, precio que permite a las eléctricas tener esos “beneficios caídos del cielo”, ya que nos hacen pagar toda la energía al precio de la más cara. Después de este año de “excepcionalidad ibérica” que han pactado Madrid y Lisboa con Bruselas, los beneficios “caídos del cielo’’ volverán y podría repetirse algo como lo ocurrido en marzo: el mes en que se pagó la factura de electricidad más cara de la historia.
La medida tiene muchos problemas: en primer lugar, se trata de un salvataje a los beneficios de las eléctricas, que aunque aumentaron durante los últimos años de crisis económica y sanitaria, no se tocarán por parte del Gobierno “progresista” ni por la Comisión Europea. El problema – o uno de ellos – es todo el sistema de beneficios marginalistas o “caídos del cielo” que permite un enriquecimiento escandaloso de la patronal energética. Un chanchullo legal que se traduce en un verdadero atentado contra la clase trabajadora y los sectores populares y que demuestra una vez más que la Ley es la herramienta de los Estados para robar a los pobres para dárselo a los ricos.
En segundo lugar, otro problema de la medida es que, tal como ha denunciado Facua, el recibo de 2022 seguirá siendo en el Estado español el más alto de su historia, por mucho acuerdo que se haya alcanzado. El precio medio de 50 euros para los próximos 12 meses es “desproporcionadamente alto” y un alineamiento de los gobiernos ibéricos ante la Comisión Europea, pues estos planteaban un máximo de 30€/MWh, pero se han conformado con una cifra mucho mayor.
Además, Facua ha señalado que, aunque la medida limita a 50€/MWh el precio del gas, la subasta diaria de electricidad seguirá estando en unos 140€/MWh. La solución sería, para ellos, intervenir directamente en esta subasta diaria, y que en todo caso ese límite de 50 euros lo fuera en el precio de la electricidad por entero.
Esta doblez entre el precio del gas y el carbón y el de la electricidad en general es otra forma que tienen los gobiernos de cubrirse las espaldas y fingir que se produce un cambio mientras todo sigue más o menos igual. Imposible esperar otra cosa de un gobierno que tiene vinculaciones con la industria, como es el caso de los directivos del PSOE que terminan “puertas giratorias” mediante, en los consejos de administración de las empresas energéticas.
En tercer lugar, la medida solo afectará a los hogares con tarifa regulada, pero el aumento de precios en el supermercado y de la inflación en general es algo que está sufriendo la totalidad de los trabajadores. Un aumento que, además, tiene menos que ver con una disminución de la oferta y más con la especulación. Es por eso por lo que la medida solo llegará al 40% de los consumidores del Estado español.
Por si fuera poco, la medida con la Comisión Europea esconde un cierto aire de chantaje: la Comisión exige que se incrementen las interconexiones; es decir, las exportaciones de la electricidad desde la península a Francia. Así, nuestro mercado quedaría mucho más a merced de las exigencias de los compradores internacionales.
Además, no está muy claro de dónde van a salir las compensaciones a los propietarios de las centrales, a los que no habría que compensar por nada si viviéramos en un sistema coherente, y no en uno que solo exige esfuerzos a la clase que lo produce, lo transporta y lo mueve todo. Teresa Ribera ha prometido que el acuerdo no supondrá ninguna recarga sobre los Presupuestos Generales del Estado ni ampliará el déficit, sino que saldrán del sistema de beneficios marginalistas, pero está por ver cuál sea la respuesta de las eléctricas, que tratarán por todos los medios de no perder ni un céntimo, aunque eso suponga condenar a una parte de la población a la pobreza.
Como no podía ser de otra forma, la burocracia sindical, amiga de este gobierno, no ha dejado pasar ni un minuto antes de aplaudir el acuerdo entre gobiernos y CE. Ha sido el caso de Pepe Álvarez, secretario general de UGT, que ha felicitado a Pedro Sánchez y Teresa Ribera por el acuerdo alcanzado sin señalar ninguna crítica.
Pero entonces ¿qué sería una medida acorde a las necesidades de la mayoría? Esta medida pasaría por la eliminación del beneficio ilícito de los empresarios de la energía y la rápida reconversión a un modelo energético que no dependiera ni de combustibles fósiles ni del expolio de territorios en África, Asia y América Latina en busca de materiales.
Pero evidentemente, esto no puede hacerse con una minoría privilegiada gobernando ni con las empresas eléctricas secuestradas por el beneficio privado: sería necesaria la nacionalización de la energía, no bajo control de gobiernos corruptos, sino de los trabajadores de usuarios y trabajadores. Solo nuestra clase tiene verdadero interés por generar un precio de la electricidad sostenible y acelerar una transición ecológica que permita tener un planeta habitable en el futuro. | 
