Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Alejandro Vilca y Romina del Plá presentaron en Diputados un proyecto de resolución para que desde el Congreso se le exija al Poder Ejecutivo un detalle de gestión según lo estipulan las leyes de Salud Mental y de creación del Plan Integral para el abordaje de los consumos problemáticos. Hechos como los de Time Warp (2016) o Puerta 8 (2022) muestran un incumplimiento sistemático de esas normas mientras se criminaliza con la ley 23.737 a quienes consumen.
Este miércoles ingresó por mesa de entradas de la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de resolución para que el Congreso le exija al Poder Ejecutivo que, “a través del Ministerio de Salud de la Nación, la Dirección de Salud Mental, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación, el Consejo Federal de Salud (COFESA) y todo otro organismo que resulte competente”, informe sobre diversos aspectos “relativos a lo que disponen la Ley Nº 26.657 de Salud Mental y la Ley Nº 26.934 de creación del Plan Integral para el abordaje de los consumos problemáticos”.
El texto lleva las firmas de Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Alejandro Vilca del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y de Romina del Plá (PO), todes de la bancada del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FITU) y ahora deberá ser girado a comisión.
El pedido de informes (que puede leerse completo abajo) se divide en cinco puntos. Primero se pide información sobre “la cantidad de centros de atención primaria de la salud, servicios de salud mental en hospitales generales con internación, sistemas de atención de la urgencia, centros de atención psicosocial diurno y nocturno y servicios de atención ambulatoria” que funcionan en el país “desde la promulgación de la leyes de Salud Mental y de la creación el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (Plan IACOP)”.
El segundo punto solicita que se especifique “la cantidad de centros de atención, ya sean ambulatorios o de internación, que se abrieron para la atención en salud a personas con consumos problemáticos desde la promulgación de las leyes 26.657 y la 26.934”. El tercer punto agrega que se informe qué “dispositivos, campañas de información y otras estrategias basadas en políticas de reducción de daños” están siendo “orientadas a usuaries de drogas, legales e ilegales, como disponen las leyes citadas”.
A su vez pregunta si el Ministerio de Salud y la Dirección de Salud Mental y Adicciones “implementan planes de capacitación dirigidas a profesionales y operadores sociales, basadas en las estrategias de reducción de daños”. Y en caso de que la respuesta sea afirmativa, se detalle “en qué consisten esos planes, lugar, contenidos, cantidad de participantes y toda otra información que considere relevante”. Por último, se solicita que se agregue en las respuestas oficiales “cualquier otra información que sirva al presente” pedido de informes.
Del Caño, Bregman, Vilca y Del Plá fundamentan el pedido de informes en la acción del Estado ante hechos de conocimiento público, como lo ocurrido en Tres de Febrero en febrero, cuando una veintena de personas murió y decenas fueron internadas por consumo de cocaína adulterada. “Las repercusiones de lo ocurrido en el barrio Puerta 8 duraron apenas unos días en los medios masivos de comunicación”, afirman. “Muchos funcionarios tomaron la palabra durante esos días, algunos, como el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, incluso se permitieron desempolvar un discurso contrario a la guerra contra las drogas -cuando él mismo promueve la detención de les jóvenes cannabicultores”, agregan. Sin embargo, recuerdan que “al día de la fecha se desconoce qué medidas están tomando, si es que las han tomado desde el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales para que hechos como los ocurridos recientemente, absolutamente evitables, no vuelvan a ocurrir”.
El FITU recuerda que “en 2016 asistimos a otra tragedia, también evitable”, en referencia a los hechos de Time Warp, donde cinco jóvenes murieron tras concurrir a una fiesta electrónica en Costa Salguero del barrio porteño de Palermo. “No vamos a detallar el entramado de responsabilidades del Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, con los empresarios de la noche que agravaron las consecuencias que provocaron la muertes de los cinco jóvenes”, aclaran en el escrito. Pero sí advierten que lo ocurrido allí “abrió un debate sobre ‘qué hacer con las drogas’ que pronto se cerró, y como lo demostró luego Puerta 8, no sólo no cambió la política de drogas en Argentina, sino que no se aplicaron las leyes que dispone el Poder Ejecutivo para reducir las consecuencias negativas del consumo de sustancias psicoactivas”.
El pedido de informes argumenta que en 2010 la sanción de la Ley 26.657 de Salud Mental “vino a traer algo ‘novedoso’, ya que establece en su artículo 4 que las adicciones “deben ser incorporadas al abanico de problemas de la salud mental” y que, en ese sentido, “las adicciones deben ser interpretadas y atendidas desde un abordaje de salud mental; que hasta el momento solo primaban las respuestas punitivas, o se internaban compulsivamente para obligar a las personas que padecen algún tipo de adicciones, a la abstención absoluta, que una vez dados de alta volvían a retomar el consumo abusivo”.
A su vez la ley, reglamentada recién en 2013, “dispone en su artículo 11 la creación de ‘una red de servicios con base en la comunidad’, que debe incluir servicios, dispositivos y prestaciones tales como centros de atención primaria de la salud, servicios de salud mental en los hospitales generales, sistemas de atención de la urgencia, centros psicosocial diurno y nocturno, dispositivos habitacionales y laborales con distintos niveles de apoyo, atención ambulatoria, sistemas de apoyo y atención domiciliaria, familiar y comunitaria en articulación con redes intersectoriales y sociales, para satisfacer las necesidades de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, que favorezca la inclusión social. Sin embargo, desde el 2013 a la fecha las disposiciones que se plantean en el artículo 11 no se implementaron. Incluso, en el mismo artículo se establece la puesta en marcha de estrategías de reducción de daños”, remarcan desde el FITU.
Tal como lo describen, “en los servicios de salud mental estatales muchas veces las adicciones no forman parte de los mismos”, lo que deriva en que “cuando el acceso a un tratamiento es dificultoso, mayores son las potenciales situaciones de emergencia y de urgencias que se recibirán. Se sabe, además, que hay baja demanda de tratamiento de aquellas personas que padecen un consumo problemático, y por este motivo es que la ley de Salud Mental propone que funcionen dispositivos intermedios que acerquen a las personas a los servicios de salud, para que puedan realizar tratamientos ambulatorios, tales como tratamientos de salud mental que atiendan consumos problemáticos de drogas y trastornos psiquiátricos, casas de medio camino, hospitales de noche, hospitales de día, terapia de grupo y familiar”.
“Mientras que estas políticas de salud se aplican defectuosamente y con escaso presupuesto, la ley que se aplica con todo rigor y mucho presupuesto es la Ley 23.737, conocida como la ley de Drogas”, denuncian los legisladores sobre la persecución estatal con el Código Penal en la mano a las personas con consumo problemático. Y recuerdan que el artículo 14 de esta ley (de 1989) sostiene que “será reprimido con prisión de uno a seis años y multa de trescientos a seis mil australes el que tuviere en su poder estupefacientes”, a la vez que “la pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, sugiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”.
Intencionalidad estatal
A la banca del PTS-FITU también le preocupa la situación de “las personas que hacen uso recreativo y ocasional de las drogas legales e ilegales. Time Warp, Puerta 8, son parte de una metáfora trágica de las consecuencias del prohibicionismo y la mal llamada ‘Guerra contra las drogas’, que en realidad es una guerra contra las, los y les usuaries, mientras las bandas criminales que manejan el negocio millonario e ilegal del narcotráfico, gozan de buena salud”. Así, recuerdan que “las más de veinte muertes y decenas de personas intoxicadas que fueron hospitalizadas en febrero de este año por el consumo de cocaína, probablemente adulterada con algún opiáceo, expresan una vez más el fracaso del abordaje prohibicionista y punitivista respecto de las drogas impulsadas por el presidente estaunidense Richar Nixon en los ’70, que sigue vigente hasta la actualidad”.
Un “negocio capitalista” que, para desarrollarse, además de bandas criminales integra necesariamente a “banqueros, jueces, políticos, miembros de las fuerzas de seguridad y empresarios”. Un negocio que “aumenta sus ganancias por la ilegalización de la producción, distribución y tráfico”.
“La prohibición sólo sirve para que los Estados implementen políticas punitivas y de control social sobre los usuarios más vulnerables”, sentencia el texto. “La prohibición, además, impide los controles de calidad sobre la producción que se comercializa”, agrega sobre un aspecto también preocupante, ya que “la adulteración de las drogas, amparadas en la ilegalidad, causan más muertes que las sustancias mismas. Para evitar esto, distintos países del mundo vienen aplicando con muy buenos resultados estrategias de reducción de riesgos y daños. Esto permite, desde testear las sustancias que los consumidores compran para ingerir, hasta las campañas de provisión de jeringas en lugares accesibles para los consumidores, para impedir la propagación de enfermedades infectocontagiosas como el HIV-Sida”.
Del Caño, Bregman , Vilca y Del Plá afirman que ni en la ley de Salud Mental ni en el Plan IACOP se contempla “la implementación de estas estrategias” de reducción de riesgos y daños. “Tanto en Time Warp como en Puerta 8, de aplicarse estas políticas, podrían haberse evitado o cuanto menos reducirse las consecuencias negativas del consumo de drogas. Hasta la Organización Mundial de la Salud plantea la importancia de aplicar políticas de reducción de riesgos y daños y recomiendan a los Estados sacar del foco de la persecución a personas usuarias”.
Por el contrario, remarcan que “las leyes vigentes en Argentina son opuestas entre sí. Mientras las leyes de Salud Mental, junto con el Plan IACOP, proponen políticas de reducción de riesgos y de daños, la Ley de Drogas 23.737 lo penaliza”. “Que siga sin implementarse una política de reducción de daños habla entonces también de la intencionalidad estatal. La prohibición, además de criminalizar a los usuarios de sustancias psicoactivas, restringe el derecho de los usuarios a la información y el acceso a la salud. Insistimos, testear las sustancias ilegales, es una herramienta de salud pública que permitiría a los usuarios saber qué van a consumir, y recibir información que les permita aumentar cuidados y disminuir riesgos”, fundamentan en su pedido de informes al Poder Ejecutivo.
El texto ingresado a la Cámara de Diputados este miércoles finaliza diciendo que “es fundamental poder avanzar en una política de legalización de las sustancias y consecuentemente de regulación de las mismas. En tanto seguimos acompañando al movimiento que lucha por este derecho, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución”.
El próximo sábado 7 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires y otras ciudades de Argentina miles de usuaries volverán a movilizarse en el marco de la Marcha Mundial de la Marihuana, convocada por decenas de organizaciones que integran el movimiento cannábico. La cita central será a las 12 en Plaza de Mayo para marchar a las 15 hacia el Congreso, donde se exigirá al Estado políticas de legalización y regulación de las drogas, así como el fin de la precarización y criminalización. Les diputades del FITU allí estarán acompañando esos elementales reclamos democráticos.
