Argentina es uno de los mayores productores de alimentos del mundo. Pero vivir en esta parte del globo no hace más sencillo poder acceder a una alimentación básica: casi 4 millones de personas vivían en la indigencia al terminar el año 2021, según el Indec, que toma de referencia una canasta de alimentos que no llega a ser saludable. La escalada de los precios de los alimentos empeora aún más la situación. Desde enero hasta marzo acumulan una suba del 21 % y según una estimación de Consumidores Libres en abril aumentaron un 6,24 % más ¿Cómo se podría garantizar el acceso a una alimentación saludable y plena para todos?
El Gobierno viene impulsando una variedad de planes que tendrían como objetivo bajar la inflación con resultados muy parciales o nulos. Precios Cuidados, Cortes Cuidados, Súper Cerca o el fideicomiso del trigo.Todas se muestran impotentes ante la suba de los precios internacionales y la búsqueda de aumentar sus ganancias por parte de los grandes empresarios. También ante las propias medidas tomadas por Martín Guzmán en acuerdo con el FMI, como el aumento de las tarifas de los servicios públicos (en su mayoría en manos privadas), los beneficios para los agroexportadores y la aceleración de la devaluación del peso.
Para llegar hasta los puntos de venta, los alimentos deben ser producidos y distribuidos. A lo largo de toda esa cadena son los trabajadores quienes cultivan la tierra, trasladan a los animales, operan las máquinas envasadoras y reponen las góndolas. Pero, son individuos como Pagani, dueño de Arcor, Blaquier, de Ledesma, o los directorios de grandes multinacionales como Pepsico o Bunge & Born quienes manejan los precios y se apropian de la riqueza producida. Si aquellos quienes son protagonistas de la producción, el traslado y comercio de los alimentos pudiesen tomar las decisiones, el control de los precios y los stocks sería altamente efectivo.
Los empresarios mantienen en secreto sus costos para no dejar en evidencia sus ganancias millonarias, sin importar qué tan crítica sea la situación social. Hasta los trabajadores que deben dedicar parte de su tiempo a cambiar los carteles que indican cuánto hay que pagar por un pollo o un kilo de tomate, no tienen acceso alguno a cómo su patrón definió esa cifra.
Organizados en comités por empresa o lugar de trabajo, los trabajadores mismos -teniendo acceso libre a la información contable- podrían poner por delante las necesidades de las grandes mayorías y evitar la concentración de grandes ganancias entre unos pocos individuos. Además para reforzar el control coordinarían con los consumidores de los barrios populares, creando comités con este objetivo, consiguiendo la fuerza necesaria para enfrentar cualquier tipo de maniobras por parte de los grandes capitalistas.
En la sociedad capitalista, como ocurre con casi todo lo demás, la producción de alimentos se hace en función de las ganancias de los grandes grupos empresarios. Para esos monopolios no tiene importancia si la población trabajadora sufre hambre o no. La rentabilidad y la acumulación de más capital están primeras en su lista de prioridades.
Es necesario superar el capitalismo y su decadencia. Hay que organizarse y pelear por una sociedad socialista, donde las grandes industrias, el transporte, la energía y el conjunto de los medios de producción deje de ser privada y pase a ser pública y social. Bajo la dirección democrática de la población trabajadora -que es la inmensa mayoría del país- se podrá planificar la producción y atender a las necesidades de las grandes mayorías. Empezando por garantizar una alimentación adecuada al conjunto del pueblo.
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