La convención constituyente se encuentra en días claves, según sus propios tiempos quedan menos de dos semanas para la aprobación general de los artículos que ingresarán en la nueva constitución. Todo esto en medio de una nueva campaña de aprobar o rechazar en el plebiscito de salida.
Frente a los ataques de la derecha actualmente está existiendo un "compromiso general" de defender el trabajo de la constituyente y así también la "constitución de la república".Tanto sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista, que actualmente son el Gobierno, han renunciado directamente a cualquier idea que pueda cuestionar la propiedad privada y la lógica extractivista que se extiende por todo el territorio nacional. Por otro lado, el sector que dirige la comisión de medio ambiente en la convención constituyente, constituida principalmente por representante de movimientos sociales y pueblo constituyente, busca ir “un poco” más allá de la aprobación de la nueva constitución, solo por el hecho de ganarle a la campaña del rechazo, por lo que han buscado “tensionar”, lo cual claramente no significa no ceder a sus sectores más cercanos como el Frente Amplio, dejando fuera las discusiones de nacionalización y expropiación en el caso de los bienes naturales, moderando así las primeras iniciativas populares de norma, que al menos en el papel poseían estas propuestas.
Es así como, desde hace varios días se presentó el informe que emanó desde esta comisión de medio ambiente de la convención constitucional, la cual con 52 medidas, ya moderadas fue rechazada en el pleno, donde ahora queda la espera de que se presente un nuevo informe por parte de la comisión.
¿Y qué es lo que se planteaba en este informe de la comisión de medio ambiente?
El informe presentado por la comisión de medio ambiente tenía ciertos puntos, que no habían sido cedidos y se consideran avances en materia medioambiental, dentro de los cuales se planteaba que el agua, aire, bosques nativos, entre otros se definirían como bienes comunes naturales, en donde el agua y el aire serían considerados bienes inapropiables y el estado debía preservarlos.
Cuando llegó el día de discutir en el pleno de la convención los 52 artículos fueron rechazados. Dentro de los votos en contra estuvieron los votos del Partido Socialista, lo que reafirma que ocurre al confiar y buscar alianzas, que terminan siendo estériles con los partidos de los 30 años, los cuales no quieren tocar los negocios de los empresarios del agua, las forestales, etc.
Dentro de los artículos rechazados estaba el artículo 12A que plantea que ”Son bienes comunes naturales el mar territorial y su fondo marino; las playas: las aguas, glaciares y humedales; los campos geotérmicos; el aire y la atmósfera; la alta montaña, las áreas protegidas y los bosques nativos; el subsuelo y los demás que declaren la Constitución y la ley” y agrega que entre estos bienes son inapropiables el agua en todos sus estados y el aire.
El artículo anterior se puede considerar progresivo ya que en el caso del agua se consideraría como un bien inapropiable, cuestión que da la posibilidad de que no sea vista como un bien, que se puede acaparar o adquirir como lo permite la constitución del 80’. Sin embargo, esto se vuelve confuso y contradictorio cuando en el artículo 12D se plantea “el estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de bienes comunes naturales inapropiables” ya que de igual manera se abre la puerta a que empresarios agrícolas, mineras, forestales les puedan pedir autorizaciones a el estado y este le pueda entregar derechos de agua si es que así lo considerase.
¿Quién administra los recursos?
El tema de la propiedad, es un debate importante no solo al interior de la convención constitucional, sino que también a nivel de la sociedad en su conjunto, donde la utilización y propiedad del agua están dentro de los temas que en localidades como La Ligua, provocaron su adhesión a la rebelión de Octubre de 2019, debido a la propiedad de derechos de agua, que privilegiaban el extractivismo por medio del monocultivo de paltos en la zona, lo mismo ocurre con el caso de Petorca, reconocido a nivel nacional, es que las comunidades locales se encuentran con sus pozos secos, mientras los empresarios de la Palta utilizan el agua sin límites para sus ganancias y fines económicos.
La moderación de la iniciativa popular de norma n°40.320, que contemplaba en sus inicios una nacionalización y estatización de recursos naturales en ciertos casos y medidas, está siendo cada vez más real y servicial a los intereses de los empresarios. El rol del estado pasa de ser garante a un “custodio” según las últimas discusiones que se han presentado.
En materia de los recursos naturales, es vital poner fin al aprovechamiento y el negocio en torno a los derechos de agua, a través de la nacionalización de ella como primera medida de protección. Junto con desarrollar un plan centralizado de distribución racional por cuencas con un sistema permanente de medición. Un plan que sea administrado democráticamente por asociaciones de trabajadores y comunidades. | 
