El escándalo de Pegasus da un nuevo giro después de que la ministra de Defensa y responsable política del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) admitiese que conocía que desde hace un año tanto ella como Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, también estaban siendo espiados a través del famoso software.
La noticia es un terremoto político que ya ha provocado distintas reacciones y movimientos en el arco parlamentario. Por un lado, diputados del PSOE han filtrado a los medios que piensan que la negativa de Robles a admitir en sede parlamentaria sobre el espionaje del CNI a los diputados catalanes tiene que ver con el conocimiento de que su teléfono también estaba pinchado. Por otro lado, el diputado de la formación nacionalista vasca EH-Bildu, Jon Iñarritu, plantea que la revelación de esta información, aunque veraz, sería también una forma de distraer la atención mediática del ataque a los derechos democráticos que fue el espionaje al independentismo por parte del Estado español.
Para Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, el Gobierno ha perdido credibilidad con lo sucedido al tratar de cubrir el escándalo del espionaje con esta nueva información. Junqueras señala que, independientemente de este nuevo suceso, el Gobierno español no puede esquivar la responsabilidad de haber espiado a 60 personas del movimiento independentista catalán. Argumenta que es un golpe a la confianza que cualquier demócrata pueda tener en el Ejecutivo actual y expone la hipocresía de escudarse detrás de la ley para no admitir el espionaje al independentismo al mismo tiempo que revelan cuando es conveniente lo sucedido a miembros del gobierno español.
Tanto para Junqueras como para Jon Iñarritu, parece conveniente que la información sobre Robles y Sánchez se haga pública justo ahora que el Gobierno debía responder sobre las escuchas a diputados catalanes, como una manera de construir un relato favorable para cubrir una crisis política.
Desde Podemos se ha pedido explicaciones para saber si se ha espiado a ministros de su formación y se han pedido depurar responsabilidades políticas. Tanto Ione Belarra, secretaria general de Podemos, como Pablo Iglesias, exsecretario y fundador de la formación, han señalado a Robles al ser la responsable política del CNI. Iglesias desde su posición mediática aprovecha también para pedir la cabeza de Fernando Marlaska, ministro del Interior, al entenderle también como corresponsable de la situación.
Desde el PP han aprovechado la crisis política abierta por este escándalo para mover ficha enviando presuntamente a una persona de confianza a filtrar a los diputados independentistas información sobre las escuchas. Según este individuo, hasta 1.500 cargos públicos del Estado y autonomías estarían siendo espiados usando Pegasus, siendo el coste de 6.000 euros por teléfono pinchado, un precio muy por debajo del coste real que se supone que tiene esta actividad. Si bien esta persona asegura tener información de primera mano sobre lo que ocurre en el CNI, no ha querido aclarar si estas actividades comenzaron con el gobierno de Rajoy o si han sido iniciadas por el gobierno del PSOE.
Por parte del Gobierno han interpuesto a través de la Abogacía del Estado una denuncia que incluye dos informes elaborados por el Centro Criptológico Nacional con fecha del 30 de abril de este año. Dichos informes son la prueba principal del procedimiento.
El CNI por su parte habría confirmado hoy mismo que es imposible saber quien espió a los ministros o a Sánchez, tan solo que es posible saber dónde se descargaron los datos. No se descarta por tanto que puedan salir más casos en los próximos días, como por ejemplo el de la ex ministra de Exteriores Arancha González Laya.
Aunque ya se ha confirmado que Pedro Sánchez comparecerá ante el Parlamento para dar explicaciones sobre el espionaje denunciado por el Gobierno español, no habrá una comisión de investigación en el Parlamento sobre el uso de Pegasus tras los votos en contra de PP, Vox, Ciudadanos y PSOE.
Dimisión de Margarita Robles y la disolución del CNI
Portavoces de la Corriente Revolucionaria de Trabajadoras y Trabajadores (CRT), grupo que impulsa La Izquierda Diario en el Estado español, exigen la dimisión de Margarita Robles y piden la disolución del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
“El escándalo de espionaje sigue creciendo y con ello, de forma simultánea, crece la impunidad”, ha declarado este martes Lucía Nistal, investigadora de la UAM y portavoz de la Corriente de Trabajadores Revolucionarios (CRT).
“En las últimas horas, el PSOE junto al PP, Vox y Ciudadanos han rechazado la formación de una comisión de investigación para estudiar el espionaje de Pegasus. Quieren tapar todo, parece que las cloacas del estado siguen en funciones y cuentan con los mejores fontaneros”, ha asegurado.
Nistal, quien en 2018 fue una de las impulsoras de los referendos sobre la monarquía en las universidades, señaló que “así como le garantizan al rey su inviolabilidad, también garantizan la inviolabilidad a los espías del CNI.” Y ha agregado que “ahora nos enteramos que han espiado a los dirigentes y activistas catalanes, pero ¿cuántos activistas sociales han sido espiados y nunca lo sabremos?”
“La ministra Margarita Robles debe dimitir inmediatamente. Primero ha justificado el espionaje a los independentistas y ahora ha confesado que hace un año que sabe que ella y el presidente de gobierno estaban siendo espiados por Pegasus, pero nunca lo dijeron. Todo parece una gran cortina de humo para encubrir el espionaje al movimiento catalán”, ha asegurado Santiago Lupe, también dirigente de la CRT.
Para Lupe la existencia misma del CNI “constituye una violación flagrante a las libertades democráticas”, por lo cual desde la organización exigen “la disolución del CNI y la apertura de todos los archivos secretos del Estado y sus servicios de inteligencia”.
Lupe ha afirmado que este caso “muestra la podredumbre del régimen político español y la impunidad con la que siguen operando las ‘cloacas del Estado’. Y ha explicado que esa impunidad se basa en la ley de Secretos Oficiales promulgada en 1968.
Esta es una “una ley aprobada en pleno régimen franquista, que permite que todo tipo de crímenes de Estado perpetrados por los servicios de inteligencia, las fuerzas policiales y parapoliciales cobijadas por los Gobiernos, sigan guardados bajo siete llaves”, ha denunciado Lupe.
Medidas de urgencia
Desde la CRT proponen una serie de medidas de urgencia contra el espionaje ilegal y para terminar con las operaciones de las “cloacas del Estado”.
“Como primeras medidas exigimos la renuncia de Robles y la formación inmediata de una Comisión de investigación independiente, para determinar los hechos y lograr el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos del espionaje.”
Además, sostienen, “es necesaria la disolución del CNI, la derogación de la Ley de Secretos Oficiales franquista, así como la dimisión de Paz Esteban, directora del servicio de inteligencia, que este jueves presidirá dicha comisión antidemocrática. Y también exigen la desclasificación de todos los archivos secretos en manos del Estado y sus servicios de inteligencia.”
Por último, la CRT plantea que “es necesario luchar por imponer el cese de toda persecución política, la amnistía para todas las personas procesadas por luchar, que sólo en Catalunya son más de 3000, y la libertad de las presas y presos políticos que todavía permanecen en la cárcel como consecuencia del procés y de todas las luchas sociales y ciudadanas”. | 
