El ministro de Economía defendió el rumbo económico ante los empresarios en medio de las tensiones internas en el Frente de Todos. Se vienen días intensos con la misión del FMI, que evaluará las metas del acuerdo, las audiencias públicas para aplicar los tarifazos, la inflación de abril y la movilización de los trabajadores desocupados, cuyas demandas muestran que el crecimiento económico solo benefició a unos pocos.
Las declaraciones cruzadas en el Frente de Todos escalaron esta semana, el presidente y, en especial, Martín Guzmán están en el centro de las críticas. Entre los rumores, circuló que Fernández conversó con el exministro Roberto Lavagna sobre la situación actual y el rumbo económico y trascendió que hubo una oferta para reemplazar al ministro de Economía. Si bien desde el Gobierno se desmintió dicho ofrecimiento, la situación al interior de la coalición oficial es tensa.
Guzmán volvió a defender su gestión ante los empresarios en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), que preside Daniel Funes de Rioja, y ratificó que cumplirá con el acuerdo con el FMI. El funcionario también afirmó que “la clave para contener la inflación es cambiar las expectativas y tener un programa económico creíble”. La semana pasada también se reunió con las patronales en Foro Llao Llao, donde defendió el rumbo económico. Los empresarios respaldaron a Guzmán, no los une el amor sino el espanto, el círculo rojo considera que el ministro es mejor que lo que pueda venir en su lugar. Por su parte, Cristina Fernández señaló que no son peleas sino debates dentro de la coalición y volvió advertir que “algo, alguien o algunos están fallando". Lo que omitió la vicepresidenta es que el kirchnerismo no hizo nada para enfrentar las medidas de ajuste de Fernández como el acuerdo con el FMI o la pérdida salarial, o para evitar el aumento de los trabajadores pobres cuando dirigen varios sindicatos.
Lejos del optimismo de Guzmán, la próxima semana el Indec dará a conocer la inflación de abril, y el Gobierno ya anticipó que rondará el 6 %, otro mes alto luego de marzo que escaló al 6,7 %. De confirmarse ese porcentaje en abril, la inflación ya acumulará un 23 % en el año. Otra vez el ministro repite que "ya pasamos lo peor". Lo mismo dijo cuando se conoció la inflación de marzo.
También empezarán las audiencias públicas el 10, 11 y 12 de mayo para avanzar con los nuevos incrementos en las tarifas de luz y gas, que comenzarán a regir el 1 de junio; y empezaría la misión del FMI para la primera revisión del cumplimiento de las metas del acuerdo. Los trabajadores desocupados y organizaciones sociales también se movilizarán la semana próxima en reclamo de “trabajo y salarios” y “contra el hambre y la pobreza” porque a pesar de la recuperación económica que destaca Guzmán, los ganadores son unos pocos: los grandes empresarios.
A los pies del FMI
El Gobierno y el FMI se reunirían la semana que viene para evaluar si se cumplieron las metas de ajuste del acuerdo. Según un informe del Centro RA de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, las metas del primer trimestre fueron cumplidas y hasta se sobrecumplieron. Se analizaron los números de déficit primario, los ingresos en términos reales, la emisión monetaria y las reservas. Para los próximos trimestres se esperan más complicaciones para cumplir las metas, se advierte sobre el nivel de reservas cuando haya finalizado la cosecha gruesa.
Una meta que el Gobierno pretende renegociar es la inflación, que según el acuerdo sería del 48 % este año. Si la inflación de abril alcanzó el 6 %, para cumplirse la meta el índice de precios al consumidor debería tener una variación mensual de 2,35% de mayo a diciembre. Una misión imposible cuando se ajustarán las tarifas de los servicios públicos, y aumente el tipo de cambio oficial, aunque sea de manera gradual. El contexto mundial es adverso, la inflación sigue acelerándose en las economías de los países centrales y la suba de la tasa de interés de la Reserva Federal, provoca el llamado "fly to quality", es decir la salida de fondos, en especial de los países atrasados y dependientes, que presiona a la suba el tipo de cambio, es decir más presión devaluatoria.
En tanto, Guzmán avanza con el aumento de las tarifas como pide el FMI para reducir los subsidios. Esta semana Economía aclaró que 921.778 titulares del servicio de electricidad y 760.600 titulares del servicio de gas residencial perderían todo tipo de subsidio. Se prevé la eliminación de subsidios para aquellos hogares que cumplen al menos uno de estos requisitos: en marzo cobraron más de $ 314.000, poseen 3 o más propiedades, tienen 3 o más autos con menos de 5 años de antigüedad, cuentan con embarcaciones de lujo o residen en algunas de las zonas de alto poder adquisitivo del AMBA. La instrumentación de la medida tiene que realizarla la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que dirige Federico Basualdo, y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a cargo del interventor Federico Bernal. Guzmán y Basualdo tienen diferencias por el nivel de aumento de las tarifas. Según publicó el sitio Econojournal, el nuevo esquema de segmentación será difícil de instrumentar en los 13 días hábiles posteriores a las audiencias públicas. Se calcula que será más sencillo avanzar con el incremento de tarifas para el 60 % de los usuarios residenciales que integra la franja media. Para estos hogares, las facturas subirán entre un 17 % y un 20 % en junio. El nivel de suba de las tarifas de los servicios públicos es otro punto de disputa al interior del Frente de Todos, pero todos coinciden en mantener el esquema de las privatizadas, herencia menemista, que encarece las facturas.
Un bono que se queda corto
La inflación destroza el poder de compra y el anuncio del bono de $ 18.000 representaba una pequeña ayuda para los sectores que más perdieron. Pero los filtros para cobrarlo dejaron a varios sin esa suma. “Tu solicitud ha sido denegada”, es el mensaje de la Anses ante el pedido del bono que recibieron varias personas que se inscribieron para cobrarlo, hubo largas filas en el organismo en distintas dependencias para averiguar por qué se rechazó el “beneficio”.
Mientras las grandes patronales siguen percibiendo beneficios fiscales y exenciones de impuestos el Gobierno restringe el bono para los sectores más vulnerables. Una suma, además, que no compensa todo lo que se perdió en estos años. Un informe elaborado por Claudio Lozano estimó que en el caso del salario mínimo, vital y móvil la pérdida acumulada en 2020 y 2021 es de $ 83.168, y el bono solo cubre un 21,6 % de esta merma. La aceleración de la inflación en el año provocó un descenso del haber mínimo adicional de $ 24.055 en el primer trimestre del 2022. Vale recordar que aquellos que perciben el plan Potenciar Trabajo solo cobran la mitad del haber mínimo, en la actualidad ronda los $ 16.500. Según el informe, perdieron en 2020 y 2021 $ 41.584, y en los primeros tres meses del año $ 12.027 adicionales. En el caso de las jubilaciones, el haber mínimo perdió $ 34.421,8 entre 2020 y 2021. El bono oficial solo cubre un 52,3 % de esta caída. En los primeros tres meses del año hubo una nueva merma de $ 10.997.
La pérdida del poder adquisitivo de los ingresos, la precarización laboral, la desocupación, la pobreza y el déficit habitacional son motivos de sobra para organizarnos y movilizarnos. La misión del Fondo es la prueba de su intromisión en el país, que exigirá más ajuste cuando no se cumplan las metas para asegurar que la deuda se pague. Las organizaciones nucleadas en Unidad Piquetera organizarán una “marcha federal” entre el 10 y el 12 de mayo en varias provincias y confluirá en un acto que se realizará en Plaza de Mayo. Una importante pelea para que también den a la par los trabajadores ocupados. Es necesario unir en las calles lo que los gobiernos y las burocracias sindicales quieren dividir, ocupados y desocupados, efectivos y contratados, estatales y privados, todos y todas juntos en una misma lucha por nuestras demandas. Una unidad necesaria para poder lograr trabajo genuino, y enfrentar el plan de ajuste en curso.
