El 10 de mayo el Congreso sancionó la Ley N° 26.743, un proyecto impulsado por decenas de organizaciones nucleadas en el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género.
La medida estableció el derecho a la autopercepción de género desde un enfoque no patologizante. Uno de los aspectos que la transformó en una ley de vanguardia a nivel internacional, en muchos países donde existe una legislación similar se debe presentar un diagnóstico psiquiátrico que continúa reproduciendo prejuicios e imponiendo todo tipo de obstáculos.
Además de la posibilidad de realizar el cambio registral en el documento, se estableció el derecho y la gratuidad para el acceso a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas en función del género autopercibido.
Esta conquista buscó ser un puntapié elemental contra la situación que aún hoy atraviesan las personas trans, entre la persecución estatal por parte de las fuerzas represivas y la discriminación estructural que impide el acceso al trabajo, la educación, la salud y la vivienda. Algo que se evidencia en que el promedio de vida ronda los 35 años y que la gran mayoría se prostituye para poder subsistir.
Según el Registro Nacional de las Personas más de 12 mil personas accedieron al cambio registral. El activismo travesti/trans continúa reclamando contra obstáculos para el acceso a los tratamientos hormonales y también por parte de las prepagas y obras sociales para la realización de intervenciones.
La degradación de las condiciones de vida de las grandes mayorías, que se profundizó con la crisis social y económica que desencadenó la pandemia, puso en el centro de las demandas la falta de acceso al trabajo y tener un ingreso. Lo que llevó a pelear por el cupo laboral trans en el Estado, una conquista que no termina de aplicarse.
La ley de identidad de género implicó un avance fundamental para un colectivo históricamente marginado y perseguido por el propio Estado. A su vez, tras 10 años se pone en evidencia que los cambio en las legislaciones no garantizan en sí mismos el acceso a derechos básicos como la vivienda, la salud o la educación, y el cese de la discriminación. Por eso mismo, en el contexto donde un país condicionado por el FMI y que está sufriendo un ajuste, urge pelear para conquistar esa igualdad ante la vida. | 
