Luego de la reunión con el presidente Alberto Fernández y el Ministro de Seguridad Aníbal Fernández, el gobernador Omar Perotti y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, celebraron los compromisos asumidos desde Nación: mil nuevos agentes de la gendarmería se asentarían en Rosario (300 en la primera etapa) y un proyecto de ley para mejorar la justicia federal en la provincia.
El envío de Gendarmería ya no es novedad. Desde 2014, de la mano de Berni y Bullrich, bajo los gobiernos de “ambos lados de la grieta”, ya hubo 7 desembarcos. La misma Gendarmería que en Chaco está investigada por realizar Operativos “NN”, donde plantaban drogas que le proveían amigos narcos todo para las estadísticas de la falsa “guerra contra las drogas”.
En Rosario las cúpulas policiales fueron removidas 8 veces en el último año y medio. En marzo del año pasado condenaron al ex Jefe de Drogas de la ciudad por liderar una organización de distribución y venta de estupefacientes. El Gobierno de Perotti a su vez, está atravesado por la crisis del senador del PJ Armando Traferri que quedó en la mira en la causa que investiga el juego clandestino y ahora es el que representa al Senado en la Junta de Seguridad provincial. Es una muestra del nivel de penetración estatal y político en el crimen organizado.
Las cúpulas removidas de a Policía de Santa Fe
Desde la remoción del ex jefe policial Hugo Toniolli en la provincia se sucedieron varias gestiones policiales cuyas cúpulas tuvieron que ser removidas mayoritariamente producto de alguna causa que los implicaba en algún delito.
- Natalio Marciani una denuncia por defraudación signó su salida como titular de la UR II el 21/04/22 asumiendo como jefa Betina Governatori
- Claudio Romano en dupla con Danilo Villán. Duró 23 días. El 10 de enero de 2020 fue desplazado por Sain en el contexto de una saga de homicidios
- Daniel Acosta comisario designado al frente de la Jefatura de Policía del Departamento Rosario duró hasta diciembre de 2020, cuando Sain lo removió por mantener reuniones con dos operadores políticos vinculados con una protesta que se dio en los primeros días de septiembre, protagonizada por familiares de policías en actividad, personal retirado y Apropol.
- Luis Maldonado, desplazado.
- Marcelo ‘’Conejo’’ Gómez desplazado por una denuncia penal por haber dejado sin custodia edificios públicos y puestos fijos.
- Hugo Tognoli, condenado por delitos de coacción, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Y la lista sigue. En febrero el gobierno de la provincia se jactó de asesorarse con el FBI, la DEA y la policía del estado norteamericano de Virginia y de promover en conjunto la creación de una agencia especial de formación y capacitación policial dedicada a la investigación del crimen organizado. Un acuerdo que recibió el rechazo de parte de reconocidas figuras locales de DDHH y por parte de la izquierda.
Hace apenas pocos días ocurrió otro de los sucesos que dejan al descubierto complicidades escandalosas. Todo comenzó cuando la Policía de Santa Fe detuvo en un operativo a Máximo Ariel "El Viejo" Cantero. En el allanamiento se encontraron cajas pertenecientes a la Municipalidad de Rosario, con sellos de la Secretaría de Desarrollo Social.
Solo 3 días después del descubrimiento, las oficinas de las cuales provienen las cajas encontradas en la casa de Cantero, fueron destrozadas por el fuego. Antes de que la Justicia pudiese allanar la dependencia, autoridades municipales ordenaron limpiar todo rastro de la escena. “Nos pidieron que entráramos antes del horario habitual para limpiar todo”, aseguraron empleados de la municipalidad a fuentes judiciales. La pericia de los bomberos confirmó que el incendio fue intencional y detalla la presencia de un líquido acelerante.
Ninguna salida de fondo a la vista
El gobierno nacional y de Omar Perotti construyen un relato acorde a su acérrima reivindicación del accionar asesino de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, los casos de gatillo fácil que el gobierno pinta como "defensa propia" o "cumplimiento del deber", o por otro lado el entramado de complicidad y dirigencia del narcotráfico en nuestra provincia, no son como relata el sesgado discurso oficial y las decisiones judiciales justificadoras de las acciones de policías, prefectos y gendarmes.
Vivimos en una provincia que lidera el ranking de gatillo facil nacional, en estos momentos se va a volver a enjuiciar a los policías de acción táctica que estuvieron implicados en la muerte de Jonathan Herrera, luego de una pelea de años donde todos salieron impunes, una vez más la familia de Jonathan junto a organismos de derechos humanos y organizaciones sociales van a pelear para que se haga justicia.
Las autoridades buscan ‘’salidas’’ al problema del narcotráfico para calmar por derecha la preocupación de la gente por la situación de violencia cotidiana que se vive en nuestra provincia, pero sabemos que aunque siguen desembarcando agentes de todo tipo y color de las fuerzas represivas del estado, no se va a resolver el crimen organizado porque todo el aparato policial de Santa Fe tiene un hilo de continuidad en estar implicado.
Lo que sucedió en los últimos días en la municipalidad de Rosario es un escándalo, pero también un hilo de continuidad de todo lo relatado en esta nota. La violencia narco de Santa Fe con particularidad en Rosario tiene origen no en los barrios populares, tiene origen en lo más alto de los puestos políticos, en todas y cada una de las cúpulas de la policía que se fueron cambiando por escándalos pero sigue siempre la misma historia, en los cargos de la administración provincial, la caja de guita está ahí en el narcotráfico.
Sin nacionalizar los puertos por donde entra y sale la droga, sin discutir la legalización de las drogas y sin atacar la complicidad estatal con el crimen organizado, todas las medidas que se tomen solo garantizarán la continuidad del narcotráfico con el endurecimiento de la mano dura hacia los sectores populares. | 
