Comienzan este martes las audiencias públicas para definir el incremento en el precio de las tarifas de la luz y el gas, que se aplicará a partir del 1 de junio, y que durarán hasta el próximo jueves. En total las jornadas son tres, hoy martes, mañana miércoles y el jueves es el último día y se realizan de manera virtual, a través de la plataforma Webex.
Según la convocatoria, en la primera audiencia de este martes se discute el "tratamiento de los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), aplicables a partir del 1° de junio de 2022". Maggie Videla Oporto, la subsecretaria de Hidrocarburos, indicó hoy la propuesta oficial es de un aumento entre el 18% y el 25,5%.
En la segunda audiencia del miércoles 11 de mayo, el centro del debate será el valor del “Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), aplicables a partir del 1° de junio de 2022".
En tanto, en la tercera y última jornada del jueves 12 de mayo, se debatirá la “implementación de la segmentación en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado Nacional a los usuarios de los servicios de gas natural y de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023".
En el marco de una inflación galopante, sobre todo en cosas básicas como los alimentos y el alquiler, la mayoría de la población tendrá que afrontar aumentos superiores al 20 %.
El incremento en las tarifas de los servicios públicos es uno de los ajustes pedidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y al cuál el Gobierno del Frente de Todos se comprometió, sabiendo que empobrecerá aún más a amplios sectores de la población, cuyos ingresos están cada vez más deteriorados.
Lo que no se discutirá en estas audiencias son las ganancias de las empresas concesionarias de los servicios públicas, que ademas de embolsarse el dinero de las tarifas se quedan con subsidios millonarios de parte del Estado. Según, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap) y la Consultora Economía y Energía, el año pasado los subsidios a las empresas energéticas fueron casi de 11 mil millones de dólares.
La nacionalización bajo administración de los trabajadores es la única alternativa real para garantizar el acceso a los servicios públicos al conjunto de la población. | 
