Los datos de las consecuencias de la narcocriminalidad son utilizados para insistir en una política que originó este millonario negocio que se sustenta en la ilegalidad. Desde que se impulsó la guerra contra las drogas a escala internacional, el negocio ilegal creció de forma exponencial, sin resolver los supuestos problemas que venía a erradicar: el consumo de las sustancias prohibidas.
Mariano Fusero, abogado y presidente de RESET-Política de Drogas y Derechos Humanos, aborda estos temas desde una perspectiva integral. Diplomado en Política de Drogas en el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) de México, capacitado en Suiza y Gran Bretaña, Fusero cuenta con una mirada internacional para hablar sobre las políticas contra las drogas que llevan adelante los Estados a escala mundial.
-Desde RESET están a favor de la legalización de las drogas, ¿qué consecuencias crees que trajo la prohibición?
Afectó los derechos humanos elementales de nuestras comunidades al criminalizar selectivamente a las personas que consumen y a quienes de alguna manera participan de forma no violenta en las redes ilegales de abastecimiento, pero quedan vinculadas principalmente por cuestiones raciales, aporofóbicas y xenófobas. Poblaciones que son seleccionadas en el ejercicio de control social, para ser criminalizadas a través de la legislación de drogas.
En nuestro país se manifiesta hacia aquellos y aquellas jóvenes que viven en barrios, principalmente desaventajados. Personas que tienen entre 16 y 30 años de edad y que en el momento de la aprehensión no estaban cometiendo ningún delito, ni estaban armadas, ni tenían antecedentes penales. Son jóvenes que en su gran mayoría tienen en su posesión unos pocos gramos de sustancias para su propio consumo. El 90 % de las causas son por tenencia de marihuana.
La criminalización masiva es una auténtica política de Estado, que en nuestro país ha perdurado desde la prohibición de drogas de 1974 impulsada por López Rega, aplicada por todo los gobiernos, sean democráticos o dictatoriales.
También afecta de manera creciente a las mujeres -cis y trans-, que son utilizadas principalmente como correo humano para transportar sustancias de manera transfronteriza o para la venta minorista de estas sustancias.
A nivel mundial, el 35 % de las mujeres encarceladas están por las legislaciones de drogas y el 19 % en el caso de los hombres. En nuestro país los delitos de drogas son la primera causal de encarcelamiento femenino. Un 43 % de las mujeres cis se encuentran encarceladas por infracciones no violentas relacionadas a la ley de drogas, de las cuales más del 70% se encuentran procesadas sin sentencia firme. Esta situación se agrava en el caso de la población trans y de las mujeres extranjeras. El 70% de las mujeres trans y el 90 % de las mujeres extranjeras encarceladas, se deben a temas relacionados a las drogas.
-¿Cuál es la situación de los países productores?
En estos países tuvieron una injerencia geopolítica muy importante que perdura hasta el día de hoy, como es el caso del Plan Colombia o la iniciativa Mérida en México, con la influencia norteamericana mediante la DEA para llevar a cabo a la militarización de la seguridad urbana. Por ejemplo, en México se aplica desde 2006 y perdura hasta el día de hoy, lo que ha incrementado dramáticamente los índices de violencia que lleva alrededor de 350.000 personas asesinadas o desaparecidas.
Tenemos también el desplazamiento forzado de poblaciones campesinas en las zonas andinas, como Colombia. Además de las estrategias gubernamentales violentas contra estas comunidades, nos encontramos con la aspersión de glifosato y otros agrotóxicos diseminados mediante estrategias de erradicación forzada, que contaminaron sus tierras, aguas y poblaciones enteras, a lo que hay que sumar la deforestación producida por el negocio ilegalizado, o, mejor dicho, regulado por las redes ilegales. Desde 1981, se deforestaron alrededor de 800.000 hectáreas de bosques primarios para producir cocaína. Y a pesar de todas estas iniciativas violentas y de años de injerencia geopolítica mediante el Plan Colombia y gobiernos títeres de la DEA, como el de Uribe entre otros, nos encontramos que los informes anuales de Naciones Unidas dan cuenta de que hay una producción récord en el país de alrededor de 1.900 toneladas anuales, las cuales abastecen el 70 % del mercado internacional de cocaína.
Otra de las consecuencias del prohibicionismo, es que treinta y tres países sostienen la pena de muerte por delitos de drogas. Estamos hablando de alrededor de 900 personas ejecutadas por año. Hay que sumarle las ejecuciones extrajudiciales como en el caso de Filipinas, donde está ocurriendo en la actualidad otro genocidio patrocinado por el régimen de prohibición bajo el gobierno criminal de Duterte.
-Estas políticas prohibicionistas ¿están acompañadas de tratamientos para las personas con consumo problemático?
Al contrario. El sistema de estigma y represión de los consumos aleja a las personas que precisan de tratamiento de los efectores de salud. Esto está reconocido por innumerables declaraciones de organismos regionales e internacionales que hemos recopilado recientemente desde RESET.
Nuestro país, además, terceriza los servicios de asistencia médica a las personas desde las décadas del 80-90. Es el gran negocio alrededor del ejercicio de estos “tratamientos” como son las comunidades terapéuticas. Esos abordajes son financiados por los Estados, nacional y locales, sin prácticamente ningún tipo de control, las cuales muchas veces resultan lesivas de los derechos humanos: encierros forzados, condiciones edilicias inhumanas, abstinencia como único recurso, etc. Por su parte, el poder judicial deriva a personas imputadas por delitos de consumo a tales dispositivos mediante la implementación de las medidas de seguridad extorsivas establecidas en la legislación de drogas; lo cual termina de configurar un negocio redondo.
Por otra parte, existe un grave desfinanciamiento de la ley de salud mental y adicciones vigente desde el año 2010, que determina que el 10 % del presupuesto total de Salud debe ser destinado a la salud mental, cuando en la realidad nunca superó el 3 %. En materia de prevención y tratamiento de las adicciones (reducción de la demanda) se destina únicamente el 5 % del presupuesto total en materia de drogas. El 95 % es destinado a la represión (reducción de la oferta).
-Hay otras consecuencias del mercado ilegal de las drogas que es la adulteración de las sustancias
Sí, la morbimortalidad causada por la adulteración de sustancias en contextos de mercado ilegalizados es histórica. Antonio Escohotado en su “Historia general de las drogas”, respecto decía que a fines del siglo XIX, cuando la cocaína tenía una calidad farmacéutica producida para el mercado legal, había muy pocos casos de decesos y sobredosis, y recién cuando se prohíbe, a principios del siglo XX, comienzan a producirse muertes atribuibles principalmente a la adulteración de la sustancia.
El mercado regulado por la clandestinidad, terminó adulterando las sustancias y haciéndolas más peligrosas. Lo mismo pasó con los derivados del opio o con la fracasada ley seca en los años 20, que dejó un tendal de 30 mil personas envenenadas y 100.000 casos de ceguera y parálisis por adulteración del alcohol.
Si las sustancias estuvieran reguladas y controladas institucionalmente, por ejemplo, en nuestro país por la ANMAT, no se permitiría la adulteración.
Time Warp o Puerta 8, para citar ejemplos conocidos, son prueba de que las adulteraciones matan. Quienes suponen que la solución es la abstinencia en el consumo, incurren en un facilismo absurdo desconociendo que desde tiempos remotos las distintas sociedades consumieron. Un mundo con drogas, es posible, y deseable.
-¿Se conoce la cantidad de personas que consumen en el mundo?
Según datos de las Naciones Unidas hay alrededor de 275 millones de personas, de entre 15 y 64 años de edad, que consumen por lo menos una sustancia prohibida, al menos una vez al año. Esos 275 millones representan alrededor de 6.3 % de la población mundial de ese rango etario y de estos sólo el 13 % -que serían 35.7 millones de personas-, tienen un problema de consumo. Estamos hablando de un 0.7 % de la humanidad sobre el cual se suele poner epítetos alarmistas y sensacionalistas como “flagelo”, “epidemia”, etcétera, cuando es una población que fácilmente se podría vincular a los sistemas sanitarios para ejercer algún tratamiento en su salud, si es que lo requiere.
La guerra contra las drogas mata más personas que el consumo abusivo. Un informe de la OEA sostiene que entre el 2006 y el 2012, se llevaban contabilizadas 100.000 personas asesinadas o desaparecidas, producto del enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los grupos ilegales, o de los enfrentamientos entre los distintos grupos que se disputan el mercado. Este dato contrasta con otro brindado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la cantidad de personas que en el mismo período de tiempo habían fallecido por sobredosis en México. Tan solo 563 personas.
-Los defensores del prohibicionismo aseguran que desalienta el consumo que las drogas no sean legales, que no se puedan comercializar, ¿qué opinas sobre eso?
Primero opino que parece que no son muy adeptos a leer los informes anuales que realiza Naciones Unidas, que demuestran el aumento sostenido de los consumos, a pesar de contar con un régimen de prohibición vigente hace cien años. Las sustancias cada vez son más puras, más baratas y más accesibles a la población. A nivel local sucede algo semejante. Por ejemplo, los informes del Observatorio Argentino de Drogas sobre población adolescente, en su última medición del año 2017, indican que a un tercio de los niños y adolescentes les sería fácil conseguir cocaína en 24 horas y a más de la mitad, marihuana.
Entonces el problema no es acceder a las drogas, sino en dónde acceder a las mismas ¿En un mercado ilegal, clandestino y violento regulado por el universo narco o en un sistema de regulación legal con control institucional?
Recientemente publicamos un trabajo de investigación junto a Mariana Souto Zabaleta publicado por RESET y el ILSED, donde comparamos las legislaciones y los índices de consumo en cincuenta países -de la región y de Europa-. Allí señalamos que la despenalización no significa por sí misma un aumento de los consumos. Organismos, como el Observatorio Europeo de Drogas, lo vienen diciendo hace veinte años.
-¿Qué porcentaje de los consumidores encontramos en las potencias centrales?
El mercado estadounidense mueve alrededor de 44 % del mercado minorista de las sustancias que se producen a nivel global, y el mercado europeo el 33 %.
Las ganancias del mercado es un dato bastante importante de señalar, ya que suelen quedar de Río Bravo para el norte y los muertos, los desaparecidos, los desplazados, los fumigados, suelen quedar de Río Bravo para el sur. Es una lógica dentro de la división internacional de trabajo en el fenómeno de drogas, donde Latinoamérica y Asia aportan las sustancias, los campos de batalla y las fosas comunes, mientras que Europa y Estados Unidos acaparan los réditos ilegales y el lavado de activos.
-¿Cuánto dinero recauda este negocio ilegal?
El mercado de cocaína mueve alrededor de 3.2 billones de dólares anuales. El 77 % de estos recursos quedan entre Estados Unidos y Europa; el 20 % en el tráfico internacional a gran escala; el 2 % en la región latinoamericana y solo el 1 % en las regiones de producción campesina. La ilegalidad de las drogas es la plusvalía del sistema capitalista.
Los países centrales monopolizan el lavado de activos mediante su banca transnacional.
Las sedes centrales de los principales bancos que lavan estos activos están ubicadas sobre todo en Estados Unidos y en Gran Bretaña.
Si realmente se quisiera luchar contra el narcotráfico, sería muy importante avanzar sobre las grandes finanzas y los bancos internacionales. Son delitos que movilizan gran parte de las economías regionales y mundiales. La crisis global de 2008, por ejemplo, fue amortiguada por los activos provenientes del narcotráfico.
También hay que hablar de la corruptibilidad de las fuerzas políticas y las instituciones públicas. Tenemos, por ejemplo, causas que suelen quedar en la nada, como fueron los aportantes truchos de María Eugenia Vidal. Nadie indaga seriamente de dónde venían esos recursos. Ni hablar de las cuentas off shore o empresas en paraísos fiscales, de las cuales son titulares algunos integrantes del macrismo, como el mismísimo expresidente.
Así también, hay que hablar de otras fuentes de financiamiento de diversas instituciones del Estado, como el financiamiento ilegal de las fuerzas de seguridad. Las cajas policiales se manejan históricamente mediante la administración de los recursos provenientes del narcotráfico, de la prostitución y del mercado ilegal de autopartes. Bueno, tal vez deberíamos empezar por ahí.
-¿De las causas abiertas por violar la ley de drogas, cuántas están ligadas a la criminalidad de este negocio y cuántas a chicos por tener algo en los bolsillos para consumo personal?
A partir de la desfederalización de la ley de drogas en 2005, ocho jurisdicciones, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen sus propios sistemas de represión de las personas que consumen o del narcomenudeo. Estas provincias no tienen contabilizados los datos de una forma, podríamos decir, confiable.
A nivel federal los datos que produce la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), informan que entre el 40 o 50 % de las causas que se tramitan ante la Justicia Federal son por hechos de tenencia para consumo personal o tenencia simple. Luego alrededor del 40 % de las causas restantes son sobre la tenencia para comercio, entre otros delitos menores. Entre estas causas, como sabemos, la determinación de la imputación por una u otra es arbitraria de parte de los operadores judiciales, bajo criterios absolutamente discrecionales, cuando no discriminatorios.
-Bullrich y Berni, por poner dos nombres que son los más emblemáticos, han hecho de la persecución a los cultivadores campañas Hollywoodenses para mostrar que las incautaciones son un golpe al narcotráfico ¿cómo se evalúa si el Estado logró dar un golpe a la narcocriminalidad?
Son vendedores de demagogia punitiva. Hacen campañas direccionadas a un electorado bastante desinformado y acostumbrado a apoyar a quienes se presentan como duros contra lo que denominan “el flagelo”. No es más que una estrategia de marketing punitivo que les resulta redituable a diversas fuerzas políticas.
Los delitos de tráfico o el lavado de activos, según datos de la PROCUNAR, representan apenas entre el 2 y el 3% de las causas que circulan en la Justicia Federal. Sin embargo, se dirigen grandes presupuestos a estas campañas proselitistas respecto de derribamiento de “bunkers” o incautación de sustancias, que ilustran los índices de criminalización, que vienen a simular un supuesto éxito en la “lucha contra el narcotráfico” para tapar el gran fracaso en la represión del fenómeno a gran escala.
Naciones Unidas informa que lo que se logra confiscar a nivel mundial es solo el 10 % de las sustancias que circulan. Por lo cual es bastante absurdo hablar de golpes al narcotráfico, lo importante es saber cuáles son los datos comparativos que tendríamos que utilizar como para saber si esas incautaciones derivan en una disminución en los índices de consumo y circulación local de las sustancias.
Los informes a nivel país, indican que en los últimos años se duplicaron o triplicaron el consumo de algunas sustancias como, por ejemplo, marihuana, cocaína o éxtasis. Entonces tenemos un mercado de consumo creciente en nuestro país, lo cual significa que va a haber mayor circulación de esas sustancias para abastecer la demanda. A mayor consumo hay mayor demanda; a mayor demanda, mayor oferta; a mayor oferta, mayor circulación de sustancias; por lo cual, mayores posibilidades de incautar.
A ello hay que sumar la mayor circulación de drogas que no están destinadas al consumo interno, sino que se encuentran en tránsito hacia otros mercados internacionales.
Por lo tanto, mayor o menor incautación de sustancias, no dice nada por sí mismo. | 
