La Comisión de Justicia de la Convención Constitucional que está sesionando en Chile rechazó este martes una iniciativa popular que pedía la libertad de los presos políticos de la rebelión de 2019.
Con 8 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones la Convención rechazó la iniciativa que había sido presentada con 17.500 firmas de apoyo.
La propuesta fue vetada en la Comisión de Justicia por todos los convencionales de los partidos de la derecha (UDI y Renovación Nacional) y de partidos de la exConcertación como el Partido Socialista, que forma parte con ministerios y secretarías del actual Gobierno de Boric. Además, para que se rechace la iniciativa, fue clave la abstención del convencional Daniel Stingo, abogado y comunicador, que llegó a su banca como parte de las listas de Apruebo Dignidad, de la actual coalición de Gobierno.
El abogado que había impulsado la iniciativa popular, Daniel Vargas, planteó que: “Este es un portazo de la comisión de justicia a las familias y a los presos políticos. Una muestra de que no podemos confiar en esta institucionalidad que le da la espalda al pueblo y le da la mano a los poderosos. Tenemos que buscar la coordinación y la unidad para retomar las calles y la fuerza de la movilización para conquistar la libertad de los presos políticos.”
Mientras tanto, el presidente Grabriel Boric solo ha ofrecido gestos e invitaciones a las familias de los presos políitcos y algunas de las figuras del Gobierno dicen apoyar la Ley de Indulto, pero hasta hora todo ha queda en declaraciones.
Por el contrario, y siguiendo la linea iniciada durante el Gobierno de Piñera, la actual administración sigue siendo querellante en las causas abiertas contra los manifestantes de la rebelión de 2019. Para que no queden dudas, el Gobierno de Boric mantiene a los mismos abogados querellantes que venían desde el Ministerio del Interior de Piñera.
Hasta el momento no han impulsado ninguna medida para avanzar en el Indulto Presidencial para los presos políticos, manteniendo en vela a las familias, sabiendo que el Gobierno tiene toda la información necesaria para llevar adelante esta medida.
Al mismo tiempo, y mientras que no da respuesta a este pedido de las familias y los manifestantes, el Gobierno ha venido manteniendo una dura política hacia las manifestaciones, incluso con amenazas de represión y estigmatización hacia los estudiantes y trabajadores que salen a luchar. Lo ha hecho recientemente desalojando a los trabajadores subcontratistas de la petrolera Enap, reprimiendo manifestaciones de estudiantes y prometiendo mayor militarización y represión en el sur del país contra la comunidad mapuche. | 
