Los precios de la soja volvieron a superar récords históricos a fines de abril, al quebrar los U$S 640 la tonelada, alcanzando valores de septiembre de 2012. Se aproximaron así al máximo récord en la historia de comercialización del poroto el 1 de agosto de 2012, cuando alcanzó U$S 657 la tonelada en el mercado de Chicago. A esto se agregan otros buenos precios de commodities como el maíz.
Lo que podría ser una “buena noticia” para los argentinos, se convierte en una catástrofe para las mayorías sociales. De una parte, porque el “shock externo” termina generando una suba de precios internos. De otra, porque la “bonanza” que podría significar ese ingreso extraordinario de dólares, queda concentrado en pocas manos y se va por otra ventanilla en pagos de deuda.
El impacto se ve en gran parte de los aumentos de precios de los alimentos que se llevan a la mesa, afectando especialmente a los sectores de menores ingresos. Es que el Gobierno hace énfasis en que la inflación local se explica esencialmente por la inflación mundial de alimentos que se “importa” a la Argentina, sin acusar recibo de las herramientas disponibles para limitar este traslado de precios internacionales a precios internos.
Las consecuencias de la guerra rusa en Ucrania y la salida de la pandemia se presentan por el ministro de Economía Martín Guzmán como la única causa de la inflación, un fenómeno “natural” e inevitable, al cual en el mejor de los casos se busca “mitigar” mediante ayudas de emergencia para sectores de bajos ingresos. Desde ya, nadie puede oponerse a bonos que buscan paliar una situación de carestía profunda, pero tampoco puede dejar de señalarse que son montos insuficientes y no resuelven el problema inflacionario que continúa a ritmos mensuales agobiantes.
Vale la ocasión para recordar que sólo 11 empresas concentran el 99 % de la exportación de aceites y derivados de soja, y apenas 10 empresas concentran el 90 % de la exportación de todos los granos, legumbres y otros derivados, en su mayoría extranjeras.
Si esta suba de precios se traslada a la mesa, es porque el comercio exterior está manejado por un oligopolio privado. Por ejemplo, la suba de los precios en dólares del maíz, soja y girasol traducidos en pesos (quitando retenciones) impacta en el precio que pagan las aceiteras por comprar esos insumos, que luego trasladarán al precio final de sus productos en la góndola, en tanto buscarán facturar localmente lo mismo que perciben cuando exportan el aceite al precio internacional. Desde el affaire Vicentín el Gobierno debió archivar sus discursos alusivos a la “soberanía alimentaria”.
El monopolio estatal del comercio exterior permitiría controlar la entrada y salida de dólares bajo control de los trabajadores, frenando así las maniobras especulativas que hacen las grandes patronales, y contando también con mayores herramientas para evitar las devaluaciones violentas.
Pero sobre todo, esa medida permitiría desacoplar los precios internos de los internacionales, fundamental hoy ante el contexto inflacionario, actuando el Estado de conjunto como un solo comprador y vendedor con el mercado externo y estableciendo precios de venta en el mercado interno. Asimismo, permitiría administrar las divisas del país que se destinan a las importaciones, priorizando aquellos productos necesarios para las mayorías sociales y un plan de desarrollo.
De igual manera en que unos pocos agroexportadores hacen uso de sus posiciones estratégicas en el comercio exterior captar una parte de la renta de la tierra aumentada por el precio de los granos y engrosar sus ganancias, otros capitalistas (que en muchos casos son los mismos que aquellos) lo hacen por el hecho de acaparar la propiedad o el usufructo de grandes extensiones de tierra.
La renta fluye como maná del cielo cuando hay buenos precios internacionales hacia los terratenientes y alienta ganancias extraordinarias que perciben los empresarios del "agribusiness" que operan en gran escala.
Así, de acuerdo con los datos obtenidos del portal agropecuario Agrofy, los siguientes cinco pooles de siembra son el círculo rojo del agropower: Adecoagro (Mariano Bosch) con 210.000 ha., AGD (Roberto D. Urquía) con 200.000 ha., Lartirigoyen y Cía (Ignacio Lartirigoyen) con 150.000 ha., MSU (Manuel Santo Uribelarrea Balcarce) con 140.000 ha y CRESUD (Eduardo Elsztain) con 132.000 ha.
La empresa MSU por ejemplo, publicó en sus balances contables ganancias netas de 140 % en la campaña 2020/2021, a pesar de las menores superficies cosechadas ese año.
Por su parte, continúa hoy existiendo una enorme concentración de la propiedad de la tierra, especialmente aquella con gran fertilidad e importantes rendimientos agropecuarios. De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario del año 2018, sólo 863 explotaciones agropecuarias en todo el país concentraban 32,3 millones de hectáreas en dimensiones superiores a las 20 mil hectáreas por explotación. Así también, entre las 5.678 explotaciones de más de 5 mil hectáreas (2,5% del total) concentraban más de 80.000.000 de hectáreas, esto es, el 51 % de la superficie censada. Es decir, uno de los principales medios de producción del país como es la tierra productiva es controlada por un pequeño grupo de propietarios, que les permite amasar fortunas año a año por el sólo hecho de poseer un terreno de superficie.
El Gobierno no está dispuesto a afectar en nada estos intereses. Así lo admitió recientemente el propio ministro de Agricultura, Julián Domínguez un amigo del lobby rural, al aclarar que “A los productores que se queden tranquilos que la filosofía, el pensamiento y la acción de este ministerio es defender a la gallina de los huevos de oro de la Argentina.”.
Es que Gobierno y patronales agrarias son socios en este negocio. Si para unos se trata de acumular enormes ganancias, para otros se trata de permitir esa fiesta a cambio de juntar los dólares que prometió al FMI para garantizar los pagos de deuda. En contraste, los trabajadores agrarios son los verdaderos convidados de piedra, con los niveles de informalidad laboral más elevados y las peores condiciones de trabajo y salariales.
Bajo este modelo de explotación agraria, los “verdes” que rigen la ganancia empresaria chocan con los “rojos” del saldo social que implica el impacto en el precio de los alimentos que consume la clase trabajadora, deteriorando el poder adquisitivo de los salarios e ingresos y agravando la crisis alimentaria, al tiempo que se destruyeron millones de hectáreas de bosque y monte nativo, expulsando violentamente comunidades campesinas y agricultores familiares, y se degradan los suelos con el monocultivo y el uso de agrotóxicos. Esta semana se conoció otro episodio en esta dirección, con la aprobación por el Ministerio de Agricultura de la Nación en favor de empresas como Bioceres del "trigo HB4", el primer trigo transgénico del mundo que es resistente al glufosinato de amonio, un herbicida más tóxico que el glifosato.
Si en otros momentos el Estado intentó captar parte de esa renta extraordinaria mediante una suba de las retenciones a las exportaciones agrarias, en base a la experiencia de la 125 en el año 2008 y por la debilidad política del Gobierno en medio de una interna fuerte en el oficialismo, el anuncio del Gobierno de imponer un impuesto sobre la “renta inesperada producto de las circunstancias extraordinarias generadas por la guerra en Ucrania” buscó descomprimir la discusión sobre el escandaloso enriquecimiento de unos pocos a costa de la inflación que golpea a los sectores populares.
Al mismo tiempo, aún si pasaba de anuncios esta opción no ataca ninguno de estos elementos que profundizan la desigualdad social y el deterioro ambiental, al evitar afectar directamente las ganancias del agropower ya que apenas significaría una una mínima parte, así como evadir cualquier confrontación con las grandes patronales que implicaría adoptar una medida que verdaderamente combata la inflación
Pero no es ni la renta inesperada ni unos puntos de aumento de retenciones como se combatirá el modelo del agronegocio, funcional a la orientación económica del Gobierno al pago de la deuda externa. Para el pueblo trabajador es una oportunidad y una necesidad para discutir un uso alternativo al que se le da actualmente a uno de los recursos más preciados de nuestro país: la tierra. Es necesario cortar con el reparto de esta riqueza social que hacen la burguesía terrateniente, los rentistas, pools y demás capitalistas de la cadena agroalimentaria.
Desde la perspectiva del pueblo trabajador lo que está en juego es poder apropiarse de la renta agraria de forma íntegra, como punto de partida básico para cualquier aspiración de transformar de la sociedad y cortar de raíz con las condiciones que determinan el atraso y la dependencia del capitalismo argentino.
Para ello, es fundamental acompañar el monopolio estatal del comercio exterior de un programa de expropiación de la propiedad terrateniente, empezando por los 4 mil grandes propietarios que poseen más de un tercio de la tierra cultivable. De esta forma, se podrá planificar la producción agraria de forma de garantizar la provisión de alimentos evitando la suba de precios. Así también, este es el punto de partida para iniciar una conversión hacia formas de producción sustentables con el medio ambiente, recuperar actividades abandonadas por no ser “rentables” como la soja, en post de una mayor diversidad productiva y el arraigo rural.
Mientras Juan Grabois postula que la pequeña producción familiar debe que “convivir” con el agronegocio representado por personajes como Grobocopatel (lo que es en realidad una falacia), se trata de cuestionar su núcleo central que es la gran propiedad privada de la tierra. Son los cientos de miles trabajadores rurales, junto al resto de la clase trabajadora, los pueblos originarios y sectores campesinos y semicampesinos, los movimientos ambientalistas y las poblaciones afectadas por el uso indiscriminado de agrotóxicos, quienes pueden forjar la alianza social que le tuerza el brazo al agropower.
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