El jueves 12/5 el INDEC difundió el dato de la inflación de abril: si bien el 6 % es algo menor al 6,7 % de marzo, la suba de precios promete no dar tregua. Pero no necesariamente porque el Gobierno esté perdiendo la guerra que declaró Alberto Fernández, sino porque el oficialismo se ubica en el bando de los que impulsan la inflación con la autorización de subas de precios que regula el estado: tal es el caso de las prepagas (aumentan en mayo, junio y julio), de las tarifas de electricidad y gas (con alzas previstas para junio) o de las telecomunicaciones (suben en mayo y julio), entre otros incrementos pautados. No solo eso. Aunque gradual, la devaluación permanente del peso argentino empuja el dólar hacia arriba todo el tiempo y con él gran parte del sistema de precios se eleva. Esta devaluación está establecida en el acuerdo con el Fondo, que ahora exige que se acelere, que se haga más rápido.
Es cierto que, en el río revuelto de la inflación, las empresas aprovechan para remarcar a piacere. También es cierto que las subas de los precios internacionales de las materias primas por la guerra en Ucrania se trasladan a los precios locales. Tan cierto como que este traslado es facilitado por el oligopolio privado del comercio exterior de granos que ejerce una decena de empresas, mayormente extranjeras. Pero la inflación no es solo un juego peligroso donde el oficialismo no logra domar a los “mercados”, sino que es un juego que está incorporado en el acuerdo del FMI: se necesita de la inflación para licuar partidas presupuestarias e ingresos populares. Es en este contexto que la inflación anual se elevó al 58 % en el cuarto mes del año. Se trata del nivel más alto en los últimos treinta años.
Es claro que ni el Gobierno ni el Fondo quieren un desborde inflacionario que empuje a una mayor crisis social. Buscan usufructuar de la audacia de John Maynard Keynes. El economista británico decía que los trabajadores sufrían “ilusión monetaria”. Esto significa que su conducta está determinada, en mayor medida, por el salario nominal: es decir, por el dinero que se recibe cada mes por trabajar. Y, en menor medida, influía la percepción del salario real: es decir, la capacidad de compra de mercaderías y servicios que tiene el salario.
En su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, una obra del año 1936, Keynes afirmaba que “puede suceder que, dentro de ciertos límites, lo que los obreros reclamen sea un mínimo de salario nominal y no de salario real”. Así, concluyó que “si bien los trabajadores suelen resistirse a una reducción de su salario nominal, no acostumbran abandonar el trabajo cuando suben los precios de las mercancías para asalariados”.
Este juego asoma con claridad en el adelantamiento de las paritarias y en el discurso que afirma que la política oficial es que los salarios le ganen a la inflación. Incluso también se deja ver en la competencia K que con Sergio Palazzo de bancarios exhibe como un triunfo el 60 % de aumento paritario. Cuando Palazzo consiguió el 60 % en función de la proyección de inflación de los bancos, al “otro día” las nuevas proyecciones relevadas por el Banco Central se fueron a 65 %. Le corrieron el arco. Pero incluso es el propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, cuestionado por el kirchnerismo, quien habilitó aumentos cercanos al 60 % en otros gremios como en comercio y sanidad. Los movimientos del kirchnerismo son para desmarcarse del malestar social: que quede a cargo de Alberto Fernández. Pero no plantea una alternativa de fondo.
El 60 % parece superior (apenitas…) a la inflación anual actual, pero está debajo de las proyecciones hacia fin de año. No solo eso. Las paritarias en cuotas tienen por efecto disolver el verdadero aumento. Esto se observa claro cuando se contabiliza la masa salarial de todo el año y no de un mes particular: el resultado es que la recuperación del salario real es apenas perceptible. O que directamente no tiene lugar. En 2021, la masa salarial de toda la clase trabajadora aumentó 52 % frente a una inflación de 51 %. Casi no hay recuperación del poder de compra. Pero sí de la masa de ganancias empresarias: aumentó un 85 % en 2021.
Entre octubre de 2015 y diciembre de 2019, el retroceso del poder de compra fue del 21,5 % para los empleados registrados del sector privado; del 25,5 % para los empleados públicos; y del 23,8 % para los informales, pero en un período más corto (octubre 2016-diciembre 2019). En este juego, la única verdad es la realidad: que no se recupera el poder de compra perdido durante el macrismo. Esa fue la promesa de Alberto Fernández.
Las estadísticas del Índice de Salarios difundidos esta semana por el INDEC exhiben que, a pesar de recuperaciones parciales, de las oscilaciones, en marzo de este año el poder de compra del salario del sector privado formal y del empleo público está exactamente en el mismo lugar que en diciembre de 2019. Entre los informales, el poder de compra retrocedió 9 %.
Para recuperar lo perdido desde el Gobierno de Mauricio Macri hasta la actualidad, la izquierda propone un aumento salarial de emergencia, por encima de lo acordado en paritarias. Asimismo, para que ningún salario esté por debajo de la línea de pobreza, el salario mínimo debería ser de $95 mil. Para no perder hacia adelante, todos los salarios deberían ser indexados mensualmente según la inflación. Estas propuestas se orientan en la perspectiva de lograr un mínimo que cubra la totalidad de una canasta familiar: la organización gremial ATE INDEC la estimó en $145 mil para el mes de marzo. Esta estimación, que no es ningún ideal, tal como aclara esa organización gremial, incluye el pago del alquiler, ítem que no está contemplado en la canasta de pobreza. Este combo de medidas es elemental para salir de la trampa de la “ilusión monetaria” donde los salarios siempre corren desde atrás.
¿Crecimiento y estancamiento?
La “insatisfacción democrática” de la que habló Cristina Fernández de Kirchner en su clase magistral en la Universidad Nacional del Chaco Austral acierta en manifestar una aparente paradoja que está presente en la coyuntura: la economía crece, pero ese crecimiento no repercute en mejoras perceptibles en las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras.
Algunas cifras grafican el punto. Luego de tres años (2018-2020) de caída por un tobogán, la economía creció 10,3 % en 2021 y apunta a sostener el crecimiento durante 2022, aunque en un nivel menor que, de mínima, se ubicaría en el 4 %, según la última proyección del FMI. Incluso no se descarta que la inercia de una economía en alza se sostenga durante 2023: el Fondo estima un crecimiento del 3 % para el año próximo. Estos datos traen una novedad: un país creciendo durante tres años seguidos.
La última vez que la economía creció dos años consecutivos fue durante el período 2010-2011. Desde 2012 hasta 2017 se observan bajas en los años pares en los que no hay elecciones y alzas en los años impares en los que se vota. Claro, este fenómeno se detuvo con el regreso del FMI en 2018 y luego con la pandemia del Covid que implicaron tres años de retroceso. Pero la lectura de altas y bajas pueden confundir sobre el verdadero estado de salud de la economía.
El Producto Interno Bruto (PIB), es decir la riqueza que se produce en el país gracias a la naturaleza y el esfuerzo de las trabajadoras y los trabajadores, en el año 2021 fue de 3 puntos porcentuales menor que en 2011 y de 5 puntos porcentuales más baja que en 2015 y 2017 (los años de mayor producción en la última década). Incluso, si mantiene el crecimiento este año y el próximo, en el 2023 se lograría alcanzar niveles de producción apenas por encima de los registrados en 2015 y 2017.
Esto devela que, por fuera de la coyuntura de crecimiento, incluso de crecimiento fuerte, lo que decanta es una década de estancamiento de la economía. Dado el crecimiento de la población, la situación es más grave si se observa la evolución del PIB por habitante en la última década. Por lo cual, si se quisiera asociar la “insatisfacción democrática” al estancamiento económico el origen habría que rastrearlo en el segundo mandato de CFK.
No obstante, la coyuntura habilita a hacerse una pregunta: ¿se está frente al inicio de un nuevo ciclo de crecimiento sostenido o frente a un mero rebote de la caída en tobogán previa? No está del todo claro: en la realidad operan tendencias contradictorias. Pero los condicionamientos establecidos por el acuerdo con el FMI y la situación de estancamiento de la economía mundial (incluso ya se habla de estanflación) no permiten alentar esperanzas.
En la propia letra del acuerdo con el Fondo se señala que se espera que la economía “converja a un crecimiento potencial en torno a 1,75 % - 2,25 % a mediano plazo”. Es decir, un crecimiento rastrero. La política de alza de tasas de interés que practica el Banco Central y la devaluación permanente del peso argentino constituyen una contratendencia al crecimiento: no necesariamente conducen a una recesión, pero si acotan las posibilidades de expansión.
Por cada punto de crecimiento de la economía argentina, la demanda de dólares para importaciones aumenta en mayor proporción. Esta regla se vuelve a mostrar en la coyuntura: en marzo hubo un salto de las importaciones, que llegaron a U$S7.073 millones, y en el primer trimestre del año subieron 39,5 % en relación al mismo período del 2021, según el Indec.
Los dólares, insumo fundamental para que no se frene el crecimiento y siga andando el aparato productivo, son algo que escasea; se están terminando los meses de mayor liquidación de exportaciones de granos, que son el capítulo que está permitiendo el superávit comercial del país, sin que hayan crecido sustancialmente las reservas en las arcas del Banco Central. Acá puede aparecer próximamente un cuello de botella que obligue a pisar el freno de la economía para asegurar los dólares para pagar la deuda.
Más allá de que Martín Guzmán regresó de la reunión de primavera del FMI esperanzado con las posibilidades futuras de exportaciones multimillonarias de gas gracias a la crisis bélica, independientemente de si se efectivizan inversiones en plantas de licuación para que ese gas se pueda exportar (gran motivo de la gira europea de Alberto Fernández), la soja con precios por las nubes no altera las urgencias de la coyuntura.
El panorama se oscurece más cuando se observa el cronograma de pagos con los acreedores privados (mayormente los lobos de Wall Street) y con el FMI desde 2025 y 2026, respectivamente. Esos pagos futuros pesan sobre la economía actual a través de las metas acordadas con el Fondo para juntar reservas en el Banco Central: en las condiciones de un país con una estructura económica atrasada como la argentina, todo dólar que va a las reservas para pagos futuros de deuda resta potencial de crecimiento a la economía.
La proyección de la economía argentina para los próximos años no puede evaluarse por fuera del panorama mundial. En el blog del FMI se señala que la ofensiva guerrera de Rusia sobre Ucrania empaña las perspectivas de crecimiento mundial y acelera la inflación [1]. La suba de los precios internacionales de materias primas contiene un aspecto contradictorio para la economía argentina: a la vez que acelera la inflación local, potencia el ingreso de dólares vía exportaciones. Esto ilusiona a las huestes oficiales y a toda la burguesía que opera en el país. Hay datos que ratifican las ilusiones: el primer trimestre del año, las exportaciones totales del país crecieron 25 %. Aun así, el Banco Central no logra acumular las reservas que exige el acuerdo con el FMI.
En el blog del FMI se explica que la crisis bélica se desenvuelve en momentos en los cuales la economía global no se recuperó de manera completa del impacto de la pandemia del Covid. Los focos de preocupación son varios, entre ellos los nuevos confinamientos en China que pueden agudizar el estrangulamiento en las cadenas globales de suministros. Por otro lado, la inflación condujo a un endurecimiento de las políticas monetarias. El miércoles 4/5 la FED (Reserva Federal) de los Estados Unidos anunció el mayor aumento de la tasa de interés en veintidós años.
A pesar de la suba, la tasa de interés de la FED sigue en un nivel bajo. No obstante, la decisión de aumentarla igual impacta en todas las economías denominadas emergentes (dependientes, semicoloniales, en la perspectiva teórica marxista) por la vía del llamado “fly to quality” (vuelo a la calidad): es decir, salida de capitales hacia las potencias imperialistas. Aunque Argentina está fuera de los mercados de capitales desde 2018, el aumento del costo de la deuda (es decir, de la tasa de interés) enturbia la perspectiva de un regreso al endeudamiento en los próximos años. Los pagos de deuda pautados para 2025 y 2026 (como se señaló antes) son tan abultados que lo más probable es que requieran nuevas restructuraciones, que se tornan más complejas si el panorama es de suba de las tasas de interés.
El economista marxista Michael Roberts alertaba el mes pasado sobre la crisis latente del mercado de capitales en las economías más débiles: señalaba los casos de Ghana y Sri Lanka como los más avanzados del estrés financiero [2]. Esta semana las movilizaciones en Sri Lanka contra el ajuste y las exigencias del FMI impusieron la renuncia del primer ministro [3]. Argentina no está sola. A escala global, existe una montaña de endeudamiento de los estados, las corporaciones y las familias. Mal de muchos, consuelo de tontos.
La respuesta a la pregunta sobre si la economía argentina está en presencia de un nuevo ciclo de crecimiento sostenido o frente a un mero rebote todavía contiene muchos acertijos.
Estado y estructura económica
Entre las fuerzas políticas que defienden las relaciones capitalistas, se configuran diversos proyectos cuya diferencia, para simplificar, podría asociarse al rol que le otorgan al estado en la intervención sobre la economía: se juega un River-Boca entre liberalización versus regulación. En el extremo derecho, los libertarianos proponen la absoluta libertad de las grandes empresas para explotar fuerza de trabajo: es decir, esclavitud asalariada lisa y llana [4]. En Juntos por el Cambio reside el mismo proyecto, pero con “buenos modales”, disimulando los fines últimos, aunque no en todos los casos: de ahí las diferencias entre halcones (Patricia Bullrich, Mauricio Macri) y palomas (Horacio Rodríguez Larreta).
En su intervención en Chaco, la vicepresidenta reivindicó el capitalismo de Estado. En defensa de su posición utilizó el ejemplo de China: “en 70 años no se registra en la historia del capitalismo mundial alguien que haya incorporado la cantidad de hombres y mujeres a un proceso de producción capitalista de bienes y servicios de la entidad que la ha llevado China adelante”. Cristina omitió algunos detalles históricos. Por un lado, que el milagro económico chino ocurrió luego de una revolución que expropió al capital: la unificación del mercado nacional, la ruptura de lazos con los opresores imperialistas y las bases para el desarrollo económico fueron establecidos por la revolución.
El proceso de restauración capitalista, una marcha atrás de estas transformaciones revolucionarias –bastardeadas desde el minuto uno por la burocracia maoísta– que dio sus primeros pasos a partir de 1978 y se aceleró durante la década de 1990, tuvo como precondición estas bases. Solo la ruptura previa con el imperialismo y la conformación de un Estado de transición –que fue progresivamente liquidado por las reformas restauracionistas– explica las particularidades de China. Por otro lado, más allá de los debates sobre el carácter de la formación económica actual [5], no hay dudas de que la incorporación de “hombres y mujeres a un proceso de producción capitalista” que operó en China fue un factor central, en el auge del neoliberalismo, para desvalorizar los salarios de la fuerza de trabajo a escala mundial. El impacto de esa desvalorización no solo se expresa en el malestar de la clase obrera con las democracias en las potencias imperialistas que usufructuaron de la deslocalización de empresas hacia el gigante asiático para flexibilizar y precarizar trabajadores en su propio territorio. Los efectos también los sufre la clase trabajadora argentina.
La concepción de CFK sobre el rol del Estado regulando la economía se puede graficar en algunas de las políticas implementadas durante los gobiernos K. En Chaco la vicepresidenta contrapuso la regulación de la cuenta capital durante las gestiones kirchneristas a la gestión macrista, la cual liberó el movimiento de capitales para facilitar el negocio de la “bicicleta financiera”. Es cierto que la deuda durante el gobierno cambiemita financió la fuga de capitales: se fueron del país U$S86 mil millones, seguramente a guaridas fiscales. ¿Cuánto se fugó durante los gobiernos K con la regulación estatal? Casi U$S100 mil millones. Claro que existió una diferencia sustancial: la fuga fue más lenta y no se financió con deuda, sino con superávit comercial. No obstante, el resultado es similar: recursos gigantescos saqueados y enviados al exterior. Entre otros factores, de ese resultado emergen los límites al desarrollo económico y la llamada “restricción externa” (es decir, la escasez de divisas para sostener el desarrollo).
La política de las nacionalizaciones de empresas (Aerolíneas, Correo Argentino, YPF) tuvo lugar luego de un vaciamiento enorme que las transformó en inviables para los propios capitalistas. El caso de YPF es emblemático: el kircherismo sostuvo largos años la gestión de Repsol, luego intentó, en una operación cuando menos turbia, una “nacionalización” a favor de la familia Eskenazi y, finalmente, cuando la crisis energética llegó a su punto culmine decidió la nacionalización parcial de las acciones de YPF para impulsar el negocio del “fracking” en asociación con Chevron en Vaca Muerta. La ley que favorece los negocios con las tecnologías de información y conocimiento, como el negocio de Mercado Libre, tiene origen en el kirchnerismo.
Durante los gobiernos K muchas de las concesiones a las demandas populares se vincularon al intento de recomponer el poder del Estado luego de la crisis estatal del 2001. Incluso, a pesar de la recuperación parcial del poder de compra, la regulación por parte del estado de salarios y condiciones laborales conservaron en lo esencial de los logros de la burguesía durante el auge neoliberal. La pretensión de ubicar al Estado como “mediador” o acolchonador de las tensiones entre las clases sociales –con políticas de alto costo fiscal como los subsidios– se dio sobre la base de no revertir ninguna de las transformaciones fundamentales que impusieron la clase dominante y el imperialismo en las décadas previas, incluyendo las regresivas reformas laborales que fueron reemplazadas con otras reglamentaciones que dejaron en pie lo esencial, manteniendo la división entre una clase obrera de primera, otra de segunda, y un mar de precarios “autoempleados” o desocupados. Es decir, obviamente, la intervención del Estado sobre la economía no cambió su naturaleza: no dejó de ser esencialmente un órgano de opresión y explotación de una clase sobre otra.
La emergencia china reconfiguró las relaciones productivas mundiales ubicando a Argentina como apéndice proveedor de materias primas de la potencia emergente, al mismo tiempo que conserva ese mismo rol en relación a otras economías centrales. Este rol revela otro aspecto muy importante de las perspectivas de las formaciones políticas capitalistas: con matices, ninguna cuestiona el lugar que ocupa Argentina en la división internacional del trabajo. El kirchnerismo obtuvo como resultado de sus tres gestiones una economía más primarizada. La falta de políticas industrialistas que Matías Kulfas le facturó a Cristina Fernández de Kirchner en el libro Los tres kirchnerismos, es la política actual del albertismo. Macri promovió un “modelo” similar con la idea de convertir a la Argentina en el supermercado del mundo.
La diferencia en la concepción sobre el rol del estado capitalista que expresan las diversas coaliciones no implica diferencias sustanciales en la concepción de desarrollo de la estructura económica. Todos sostienen la promoción de los mismos sectores estratégicos, mayormente extractivistas: minería, hidrocarburos; agronegocios, servicios informáticos y no mucho más. Es un “modelo” para juntar dólares con el objetivo de pagar la deuda fraudulenta a costa de reventar el ambiente.
Si bien existen diferencias respecto de las políticas hacia los sectores menos competitivos del empresariado, que el modelo “mercadointernista” pretende defender –aunque sin mostrar ningún conjunto de políticas consistentes para hacerlo más allá de algunos subsidios y aranceles– ambos son socios de los grandes sectores empresarios que en las últimas décadas profundizaron su dominio de resortes económicos estratégicos, controlando entre otras cosas el acceso a las estratégicas divisas del comercio exterior.
Ese “modelo” no permite incorporar masivamente al mercado laboral trabajadores con derechos. Por eso, el crecimiento del empleo en el último año es fundamentalmente a través del trabajo precario. El empleo formal, con subas y bajas, está estancado, como la economía, hace muchos años.
Las clases sociales
“Hay una insatisfacción democrática grande. La plata no le alcanza, no llega a fin de mes y se produce un fenómeno en la Argentina, nunca lo habíamos conocido, y que es el de los trabajadores en relación de dependencia, un segmento de los trabajadores en relación de dependencia, pobres”, afirmó CFK en el Chaco.
Presentó una novedad que no es tal. Esta realidad de trabajadores que no llegan a cubrir con su salario la canasta de pobreza es captada en las mediciones del Observatorio de la Deuda Social de la Argentina de la UCA [6]: en 2010, los trabajadores pobres fueron el 18 % de la población ocupada mayor de 18 años; en 2021, esa cifra se elevó hasta el 28 %. En 2021, el porcentaje más alto se observó entre quienes tienen un subempleo estable: 58,2 % son ocupados pobres.
Pero también se elevó en la última década el porcentaje entre quienes tienen un empleo pleno de derechos: en este segmento, los trabajadores pobres pasaron de ser el 8,1 % en 2010 a explicar el 12,6 % en 2021. Es decir, que la insatisfacción entre los trabajadores en relación de dependencia porque la plata no alcanza no es un fenómeno que “nunca lo habíamos conocido”, sino que está presente al menos desde las gestiones presidenciales de CFK.
Si se miran las estadísticas del INDEC para lograr un cálculo aproximado de lo que Karl Marx definió como tasa de explotación, el resultado es que la tasa de explotación pasó de ser alrededor de 110 % en 2016-2017; a subir con el regreso del FMI a alrededor del 130 % en 2018-2019-2020; pero en 2021, con Alberto Fernández, se experimentó un nuevo salto con una tasa de explotación del 160 %: por cada $1 pagado por salario la clase capitalista embolsó $1,6 de ganancia.
Estas cifras indican una fabulosa mejora en las condiciones para realizar ganancias capitalistas. El Centro CEPA graficó esta mejora en un estudio centrando el análisis en cómo se enriquecieron las familias más ricas del país durante 2020 y 2021 [7]. El kirchnerismo apunta a los ministros Martín Guzmán, Matías Kulfas y Claudio Moroni como responsables de la insatisfacción del país pobre.
Pero si mira con atención la historia de las últimas dos décadas, se ve con claridad cómo se impone la “razón” del capital en términos similares en la salida de cada crisis económica. Durante el gobierno de Eduardo Duhalde, la salida de la convertibilidad con la mega devaluación del peso argentino, pero fundamentalmente de los salarios de las trabajadoras y los trabajadores, permitió recomponer las condiciones de ganancias.
En un artículo de años atrás, la economista Paula Bach estudió la utilidad por trabajador como porcentaje de salario promedio en las grandes empresas [8]. El estudio comprende el período que va desde 1993 al 2006. También se trata de una aproximación a la tasa de explotación. El resultado es que con la devaluación duhaldista la utilidad por trabajador que obtenían las grandes empresas aumentó del 46 % en 2001 al 172 % en 2002.
Pero el nivel más alto, en favor de las empresas, se logró en los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner: 185 % y 188 % en 2004 y 2005, respectivamente. Luego cae en 2006 a 142 %, pero aun así los niveles de explotación en esos primeros años se ubicaban muy por encima de los registrados en la década del noventa. ¿Sorprendidos? Néstor lo hizo. CFK lo sabe bien. Siempre se encargó de recordar a los empresarios que en los años gloriosos K la “levantaban con pala”.
Si se consideran estos parámetros, Alberto está haciendo honor al primer kirchnerismo. La respuesta a los dardos de CFK que ofreció Martín Guzmán en la entrevista radial con María O’Donnell está en sintonía con la lógica que presenta la evolución de la situación socioeconómica cuando el capital impone su salida a la crisis: palabras más palabras menos, el ministro dijo que primero es necesario el crecimiento (debió haber aclarado que se trata del crecimiento de las ganancias) y que luego viene la recuperación del poder de compra del salario que requiere tiempo. Mucho tiempo…
Así funciona la democracia capitalista. O, para decirlo más claramente: así funciona (cuando funciona “bien”) la dictadura del capital. La ganancia es todo, las necesidades sociales nada. Es el sistema más eficiente para CFK. | 
