La universidad pública más grande del país tendría que asumir el reto de avanzar a una nueva etapa en la cual se pueda elegir mediante voto universal directo y secreto a sus representantes en los órganos de gobierno.
Es casi vox populi para toda aquella o aquel universitario crítico o cualquier persona que tenga noción de la importancia de la Universidad Nacional en la vida social, económica y política del país, que las formas de gobierno que la rigen son arcaicas, verticales y antidemocráticas.
En el caso particular de las y los trabajadores administrativos su representación es casi nula en los órganos centrales de gobierno como el consejo universitario, ya que como marca el estatuto general de la UNAM en su artículo 23, sólo podemos contar con un consejero universitario y uno suplente. Para la rectoría universitaria, quienes con su trabajo día a día hacen posible que esta institución funcione, no merecen tener una representación de mayor peso en los órganos que deciden el rumbo de su centro de trabajo.
La comunidad universitaria tendría que tener derecho a elegir
Lo anterior no tendría porque ser tomado como insubordinación cuando es la UNAM una institución educativa que se rige mediante una ley de autonomía que formalmente da la posibilidad a toda su comunidad de poder elegir su manera de gobernarse.
Sin embargo la realidad es que el juego de pimpón que basado en consideraciones de casta, da por resultado que una junta de gobierno donde hay 15 académicos notables, que a su vez se eligen entre sí, elijan a un rector en un concilio ecuménico que poco tiene que envidiarle a los mecanismos con que se elige a los jerarcas eclesiásticos.
A su vez es un secreto a voces que la mano del gobierno federal siempre está presente en la decisión de quién debe ocupar la rectoría y en buena medida la decisión debe contar con su visto bueno.
En los pasillos, aulas y lugares de trabajo de nuestra universidad se comienza a sentir el clima de politización y alerta sobre quién será el nuevo rector y se dice que quizá hasta una rectora se podría tener por primera vez.
Como lo marca el diario la Jornada son señalados con insistencia los nombres del director de la Facultad de medicina Enrique Graue, la directora de la Facultad de ciencias Rosaura Ruíz y del que es el candidato de la Presidencia, Sergio Alcocer.
En cualquiera de los hasta hoy ya numerosos aspirantes a la rectoría, las y los trabajadores, pero también el resto de la comunidad universitaria, nada bueno podemos esperar de sus planes para el futuro de la UNAM.
Si los derechos democráticos que ha adquirido con mucha lucha el pueblo trabajador de este país operaran en esta universidad y la actitud crítica que debe distinguir a las y los universitarios fuera llevada congruentemente adelante, tendría que ser ya una demanda levantada a banderas desplegadas la necesidad de que la rectoría y cada uno de los cargos de dirección en cada escuela fueran elegidos mediante sufragio universal directo y secreto.
Quienes la trabajan que la gobiernen
La UNAM es una institución que se mantiene en pie gracias al aporte que sale del impuesto al salario del pueblo y los trabajadores, encarnado en el presupuesto educativo que el Congreso le otorga a la educación pública en sus niveles medio superior y superior.
Sufre bajo los planes neoliberales dictados por el FMI y el Banco Mundial un azote que la ahoga presupuestalmente, mientras la deuda externa y las grandes fortunas de los grandes magnates de este país son intocables.
Un gran movimiento desde la base donde seamos las y los trabajadores, el personal académico y la mayoría estudiantil los que tomemos en nuestras manos la defensa de la universidad pública y gratuita es la vía para enfrentar los planes de elitización y privatizadores. Eso necesariamente abre un debate sobre si quienes trabajamos en la universidad nacional y la hacemos posible no tendríamos que ser los mismos que la gobernemos. | 
