Como señalamos en LID Chile en varias oportunidades, la huelga de hambre que movilizó a decenas de personas de la tercera edad, tuvo como objetivo visibilizar las demandas de los ex presos de la dictadura, como el aumento de las pensiones, la equiparación de quiénes reciben pensiones entre Rettig y Valech, denuncias a las políticas de derechos humanos del gobierno de la Nueva Mayoría, entre otros temas.
Esta huelga tuvo un alto impacto entre organismos de derechos humanos y también a nivel nacional e internacional, a pesar de que el gobierno intentó invisibilizarla, de que fueron reprimidos, desalojados de la sede del Partido Socialista, entre otros temas.
Es cierto que existen distintas organizaciones de ex prisioneros y que hay también disensos entre ellas, debido tanto a los logros o no de la huelga, a si fue correcto terminarla y otros temas. Además, la Mesa de Alto Nivel, que fue la propuesta del gobierno para terminar la huelga de hambre, no ha dado los frutos esperados, ya que las propuestas de los representantes del gobierno son una verdadera burla, donde se les ha dicho que no se pueden aumentar las pensiones ni pedir mas recursos, porque simplemente no hay.
Desde la Unión de Ex Presos Políticos, a la que recientemente se integró la Asociación Nacional de Exonerados, señalan que la huelga de hambre fue “la movilización más importante que los Expp de Chile han desarrollado en los últimos 10 años y cuyos planteamientos básicos fueron legislar sobre nuestro proyecto de ley indemnización, aumentar el monto de la pensión Valech, sin discriminación para todos los ex presos políticos y sin incompatibilidad con las otras pensiones, además establecer un órgano permanente de calificación de los Expp”. Recordemos además que la huelga fue nacional y se llevó adelante en ciudades como Rancagua, San Felipe, Santiago, Valparaíso, Iquique, Punta Arenas, Chillán, Curicó, Osorno y otras.
En su Boletín Nº 4 critican además la política del gobierno de Bachelet e incluso indican como en el mes de mayo la subsecretaria de la Segpres Patricia Silva “informó a los huelguistas que el gobierno no tenía la menor intencioón de reajustar las pensiones al monto de la Rettig y que se olvidaran de la indemnización. Si quieren indemnizacioón no tienen más que recurrir a tribunales y exigir indemnización de los torturadores, fueron sus palabras”. Esta es una muestra más de las políticas de derechos humanos de la Nueva Mayoría, coalición integrada también por el Partido Comunista, y su burla a las demandas de los ex prisioneros.
Después de más de 30 días de huelga, la organización de Rancagua se bajó de la misma producto del cansancio y dificultad de seguir, aunque otras organizaciones a nivel nacional se mantuvieron llegando a estar casi 80 días en huelga de hambre.
La situación hoy es que el gobierno solo ha ofrecido una suma de un millón de pesos, la que en algunos casos implica menos dinero según la situación de cada uno de los ex presos o familiares, por ejemplo a las viudas solo sería 600 mil, sin que haya una propuesta sobre el resto de las demandas.
Lo que pasó con las demandas de los ex presos políticos en huelga de hambre es una muestra más de las políticas sobre derechos humanos que se han aplicado, mientras los ex prisioneros reciben pensiones de hambre, los ex torturadores y asesinos como Moren Brito o el propio Contreras, reciben pensiones millonarias. Pero también, que no existe reconocimiento y que la impunidad fue la forma de enfrentar las demanda de las organizaciones de derechos humanos, por parte de los gobiernos de la postdictadura. |
