En la tarde del lunes se conoció la votación del Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos resultando en la destitución de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche por 5 votos (tres jueces del Superior Tribunal de Entre Ríos, Juan Smaldone, Gisella Schumacher y Daniel Carubia, uno de los representantes de los legisladores provinciales, el peronista Armando Gay, y uno de los representantes de los abogados, Gonzalo García Garro) a dos en su favor. Mientras el jurado redacta el fallo y se dan a conocer los fundamentos, donde es probable que la defensa de Goyeneche presente recursos de apelación, la causa generó polémica en torno a si el propio sistema judicial no está actuando contra las investigaciones a políticos corruptos.
Cecilia Goyeneche intervino en causas que develaron la corrupción política en Entre Ríos, siendo parte del equipo de fiscales que obtuvo la condena a Sergio Urribarri, exgobernador de la provincia. Estas investigaciones pudieron describir con detalle la participación de dirigentes peronistas y también de la oposición. En el caso “Contratos de la Legislatura” provincial se reveló cómo desde el Estado, hacía contrataciones simuladas (por medio de contratos de locación) de numerosos empleados de ambas cámaras, se extraían recursos públicos mensualmente desde 2008 al menos por 50 millones de dólares. La fiscal calificó como “organización mafiosa” y explicaba que “los directores de los servicios contables de la Legislatura de Entre Ríos ya preveían al inicio de año cuánto iba a ser el dinero que pretendían sustraer de las arcas públicas. Entonces contrataban personal temporario” y utilizaban a personas humildes a quienes, en el mejor de los casos, les daban el 10% del valor total.
El 7 de abril el tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Entre Ríos, condenó a Sergio Urribarri a ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por cinco hechos de peculado (malversación de fondos) durante su gestión como gobernador de dicha provincia. Los jueces lo encontraron responsable por el desfalco de unos US$9 millones en el manejo de la publicidad oficial y otros gastos oficiales.
Sin embargo, el 30 de noviembre de 2021 la fiscal Goyeneche fue acusada por mal desempeño en su cargo, por no haberse apartado de la investigación “Contratos de la Legislatura” a tiempo cuando descubrió que su esposo había sido socio de uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla, con quien compartían la propiedad de inmuebles. “La razón claramente es una suerte de venganza, revancha y a la vez adoctrinamiento de los potenciales fiscales para que no se investigue la corrupción. Es un castigo”, había afirmado Goyeneche en su momento.
La fiscal se presentó ante el Jury - y al Superior Tribunal de Entre Ríos negando la acusación y exigiendo un proceso que respete sus garantías a la defensa en juicio. El miércoles 18 de mayo, luego de que la Corte Suprema de Justicia le ordenara a la justicia provincial escuchar los fundamentos de Goyeneche, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió rechazar su recurso de amparo y, por lo tanto, dar curso a su acusación en el Jury, cumpliendo de manera formal la resolución.
Los votos de los jurados que resolvieron su destitución este lunes se darán a conocer cuando el tribunal haya terminado el trabajo de compaginación. Una vez que Goyeneche esté formalmente notificada del fallo, podrá presentar los recursos de apelación que considere apropiados.
Más allá de las actuaciones particulares de una fiscal, el caso echa luz sobre el problema estructural de la justicia: una casta de jueces que lejos de las banderas de “independencia” o “neutralidad” que enarbolan, tienen intereses económicos y políticos que defender. Porque ¿cómo entender la impunidad de los grandes responsables de la corrupción -que atraviesa a ambas coaliciones políticas-, del narcotráfico, del gran delito como las redes de trata de personas, sin la complicidad de un poder judicial que -de mínima- mira para otro lado?
El Poder Judicial ganó un gran desprestigio en la población gracias a sus esfuerzos por negarse a poner en banquillo de los acusados a grandes empresas y gobiernos que de manera sistemática hacen negocios para su propio beneficio sobre la creciente miseria de las grandes mayorías populares, o incluso a las fuerzas de seguridad que las reprimen. No es sólo un juez corrupto, un fallo misógino contra los derechos de las mujeres, o la persecución como delincuentes a quienes protestan por los planes de ajuste -como la reforma previsional de Macri, o el acuerdo con el FMI de Alberto Fernández-. La casta judicial es un pilar que garantiza la impunidad de la injusticia. La injusticia cotidiana que viven los trabajadores precarizados en sus laburos y en sus vidas, en los casos de violencia de género, en los barrios donde la policía del gatillo fácil mata a los pibes, los abusos de inmobiliarias y grandes propietarios sobre los inquilinos, los desalojos a quienes no tienen vivienda.
A pesar de las críticas de muchos sectores kirchneristas sobre la “corporación judicial” en todos sus años de gobierno no se avanzó en una elección democrática y quitar los privilegios de los jueces.
Como no es un problema de individuos “honestos” dentro de la justicia, sino de un poder político con intereses que responden a una clase, el debate necesariamente empieza por una elección popular de los jueces, que sus cargos no sean de por vida como ahora, sino removibles, y sin sueldos de privilegio, un primer paso para desatar los cargos judiciales de los favores políticos y grandes intereses económicos. |
