Pablo Javkin en la entrevista se refirió al narcotráfico provincial omitiendo los principales problemas de esta crisis, especialmente la connivencia de sectores en los principales partidos políticos con las bandas narco. Hace ya varios años que no son especulaciones sino que hay ejemplos claros. ¿Se habrá olvidado cuando Alvarado en su alegato final dijo: “Esta causa es para tirarle mierda a Armando Traferri, a Alejandra Rodenas, a un abogado”?. Traferri, recordemos, está acusado de estar implicado en una red enorme de juego clandestino. Otro escándalo que salpicó a la política hace unos años fue el peritaje de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que determinó que la computadora de Luis Medina, el empresario narco asesinado junto a su novia, fue manipulada sin autorización judicial por funcionarios de la policía y del gobierno santafecino del Partido Socialista.
La creación de unidades especiales de la policía para balaceras, extorsiones y amenazas, correspondientes a trabajos más “federales” cómo trata de explicar el intendente, responde más a una idea de endurecimiento penal más que a una solución a los problemas del narcotráfico.
En este diario hemos escrito cómo el involucramiento policial llega hasta las cúpulas de la misma fuerza. Desde la remoción del ex jefe policial Hugo Toniolli en la provincia se sucedieron varias gestiones policiales cuyas cúpulas tuvieron que ser removidas mayoritariamente producto de alguna causa que los implicaba en algún delito. Vemos también como fracasaron los envíos de tropas federales, desde 2014 ningún vuelco bajó el índice de criminalidad. Es más: esas fuerzas terminaron involucradas al narco y reprimiendo a los jóvenes en los barrios.
Javkin expresa qué: ‘’Las economías criminales como las que enfrentamos tienen tal nivel de desarrollo que no van a elegir según el color político. Por eso, que todos los legisladores de la provincia propongan un sistema acusatorio en el orden federal para Santa Fe es fundamental” en el mismo momento que los fiscales de la justicia provincial denuncien a la ‘’justicia federal’’ porque no investiga los crímenes más brutales del narcotráfico.
La justicia provincial puede investigar los autos robados, la guita que circula de las bandas, pero no los crímenes más serios del narco ya que son crímenes federales y la provincia no tendría jurisdicción en ellos.
Por último no nos olvidemos que con el hallazgo del buzo muerto en Australia encontraron un buque que salió del puerto de Renova en Timbúes con un cargamento de cocaína, la propiedad privada de los puertos limita de por sí los ya dudosos controles aduaneros, porque las empresas privadas concentran la mayoría de la mano de obra –que además reducen al mínimo mediante mecanismos de flexibilización laboral– pero no están a cargo del control de los cargamentos, que solo hacen un puñado de empleados y funcionarios aduaneros.
La mayoría de los contenedores jamás se abren para realizar controles físicos lo que requeriría de la actividad de miles de trabajadores que se controlen mutuamente mediante métodos democráticos y asamblearios y que aporten información pública al conjunto de la sociedad sobre todo lo que ingresa y sale de cada terminal.
Las empresas privadas se llevan las ganancias millonarias, pero no se hacen cargo de los controles. Al contrario: están interesadas en evitarlos, no solamente porque haya directores corruptos que hacen negocio con el tráfico de drogas, sino porque mientras más rápido se despachen los cargamentos, más ganancias obtienen. Hasta el más “honesto” de los capitalistas quiere que los cargamentos salgan sin control.
Solamente la nacionalización de los puertos bajo control de sus trabajadores, de la mano de la legalización de todas las drogas pero también acabar con las mafias policiales y tener medidas sociales serias que le puedan dar educación y trabajo a una juventud que si no es donde reclutan las bandas del narco. | 
