Por el ataque hasta el momento murieron al menos 21 personas, entre ellas 19 niños, además de des profesores y el atacante. Según informó el gobernador de ese Estado, el Republicano Greg Abbott, el atacante, un joven de 18 años al que identificó como Salvador Ramos, fue abatido por la policía.
Este tiroteo es uno de los ataques en centros educativos del país más mortíferos de los últimos años, el mayor ataque en una escuela de primaria desde la masacre de Newton (Connecticut).En esa ocasión joven de 20 años, Adam Lanza, tras dispararle a su madre, mató a 26 personas, en el colegio Sandy Hook y luego se suicidó. En 2018, en un instituto de Parkland (Florida), un antiguo alumno de 19 años que había sido expulsado mató a 17 personas, en su mayoría adolescentes.
El ataque de este martes, es el tiroteo número 200 en lo que va del 2022 en el país y vuelve a poner en el debate social la cuestión de controles más fuertes al derecho de portar armas, que en Estados Unidos está contemplado por la Constitución (aunque existen muchas lecturas encontradas sobre la famosa Segunda Enmienda, que habilita a los ciudadanos a armarse).
El gobernador de Texas calificó el hecho como un “crimen sin sentido”, una respuesta similar a muchas que han dado las autoridades en casos similares. La misma sin embargo no alcanza para explicar las causas profundas detrás de ataques brutales como el de hoy.
El presidente, Joe Biden, se dirigió en un mensaje nacional para pronunciarse sobre el hecho. "Como nación nos tenemos que preguntar cuándo en el nombre de Dios vamos a enfrentarnos a los grupos de presión a favor de las armas, cuándo en el nombre de Dios vamos a hacer lo que en el fondo sabemos que hay que hacer", dijo Biden en un discurso en la Casa Blanca tras la masacre en la localidad de Uvalde, en Texas.
"Estoy cansado. Tenemos que actuar. Todos sabemos lo que hay que hacer", recalcó el presidente, en un discurso que repitió lugares comunes de administraciones anteriores, sin apuntar a las causas profundas.
Armados hasta los dientes
El presidente estadounidense se pregunto este martes en un discurso a la nación cuándo su país se plantará ante el "lobby" de armas, luego del ataque en un colegio de primaria en Texas.
Los datos sobre la portación de armas en Estados Unidos son impactantes. Se estima que hay aproximadamente 310 millones de armas de fuego disponibles para los civiles estadounidenses, según un informe del Instituto Nacional de Justicia (NIJ) de 2009.
La venta y compras de armas de fuego es un factor clave. Según datos del 2013, los registros del FBI indicaron que se vendieron 16.800.000 armas, el doble que los diez años anteriores.
Pero a lo que no hizo referencia el presidente Biden es sobre ¿quiénes compran más armas?. Según un estudio del Pew Research Center indica que la mayoría (61 %) de los propietarios de armas de fuegos son varones blancos. Ese mismo estudio indica que al consultar sobre la sensación de poseer un arma, la proporción es inversa: las mujeres, los latinos y los negros se sienten mayoritariamente inseguros o prefieren no tenerla.
Esto no se reduce a un dato demográfico, la realidad muestra que estos grupos son blancos mucho más probables de ataques con armas de fuego. El sábado 14 de mayo, el supremacista blanco Peyton Gendron condujo varias horas hasta una tienda de comestibles en un vecindario afroamericano y abrió fuego. Su rifle de asalto tenía escrita la palabra Nigger, una forma despectiva y racista de referirse a la comunidad afroamericana.
Otra encuesta del Pew Research Center realizada a mediados de abril de este año dio como resultado que alrededor de un tercio de los adultos negros (32 %) están preocupados todos los días o casi todos los días de que pudieran ser amenazados o atacados por su raza o etnia. Alrededor de uno de cada cinco estadounidenses de origen asiático (21 %) dijo lo mismo, al igual que el 14 % de los adultos hispanos y el 4 % de los adultos blancos.
Cuando se habla de “un problema con las armas”, no se puede tratar como un problema general. Lo que existe es un problema con quienes poseen las armas, en su mayoría personas blancas, en una sociedad racista, donde los policías blancos asesinan jóvenes negros, e incluso en los últimos años, especialmente durante la presidencia de Donald Trump, se han fortalecido los sectores que reivindican abierta y legalmente la supremacía blanca.
Guerrerismo y militarización estatal
Según el Pew Research Center, los incidentes con armas de fuego habían descendido a partir de la década de 1990. Sin embargo, ese descenso se detuvo en 2001, contrarrestando la baja de la década anterior. Ese punto de inflexión se relaciona con la “guerra contra el terrorismo”, desatada después de los atentados del 11S de ese año. Esa “guerra” tuvo una expresión interna: vigilancia estatal, fortalecimiento de las policías, delación y vigilancia civil y el crecimiento del papel de SWAT y el FBI. ¿Cuánta legitimidad tiene un Estado armado hasta los dientes para restringir la posesión de armas de la población civil?
En los últimos años el debate sobre el control de armas comenzó a incluir la brutalidad policial, producto de las manifestaciones contra la violencia institucional. La Policía se ha transformado en el principal foco de violencia armada, especialmente para la juventud negra, algo que las protestas contra el asesinato de George Floyd pusieron en primera plana.
Según un estudio conjunto de las Universidades de Michigan y Washington y la Universidad Rutgers, la brutalidad policial es la sexta causa de muerte entre jóvenes afrodescendientes. Es casi 3 veces más probable que un hombre negro sea asesinado por la policía comparado con un hombre blanco
Justamente la irrupción de las manifestaciones contra el racismo incluyeron las demandas contra la militarización de las policías locales. Las escenas de ciudades invadidas por tanques blindados y efectivos armados para la guerra, desnudaron el mecanismo del Estado federal para reciclar el armamento militar. El programa 1033 del Departamento de Defensa (hoy suspendido) establecía la transferencia del material militar sobrante del Ejército hacia las policías locales. Según ese organismo, durante 2013 se transfirieron 449 millones de dólares en pertrechos militares. Los mismos recursos utilizados en la “guerra contra el terrorismo” utilizados por el Estado en su territorio.
Las políticas de guerra hacia afuera y vigilancia hacia adentro, “en defensa de la democracia estadounidense” calaron hondo en una sociedad atravesada por la crisis social y la decadencia. El Estado se enfrenta al dilema de tener que desarmar, entre otros, a miles de excombatientes de la “guerra contra el terrorismo”, que regresaron luego de invadir, asesinar y violar en nombre de la “libertad”. ¿Cómo desarmar a las milicias y bandas de supremacistas blancos que están convencidas de actuar en legítima defensa de los “valores americanos” que el Estado defiende fronteras afuera?
El Partido Demócrata ha reducido la cuestión al debate sobre el control del derecho individual a portar armas y aumentar las restricciones para la compra de las mismas. Es el mismo partido que desde el gobierno no duda en gastar millones para financiar el abastecimiento de armas a Ucrania.
Al reducirse la cuestión a esta dicotomía, a favor o en contra de un mayor control de armas, se dejan de lado las raíces de la violencia en un país cuyo Estado se funda en el racismo y la guerra imperialista. Estados Unidos es una sociedad profundamente polarizada donde una minoría detenta el poder económico y político, concentrado en un puñado de empresas y grandes bancos, y la polarización social y política sólo se ha profundizado luego de la pandemia. | 
