Pasaron menos de tres meses desde que el Gobierno de Gabriel Boric y la lista Apruebo Dignidad (una coalición entre el Frente Amplio y el Partido Comunista) asumió el mando de país y ya muchas promesas quedaron en el camino. Durante la campaña, Boric y la actual ministra de Interior Izkia Siches hablaron de la refundación de Carabineros, institución que por años ha violado los derechos humanos, reprimiendo al Pueblo Mapuche y que durante la revuelta de 2019 llegó a las más de 8.500 denuncias por violaciones a los derechos humanos.
La semana después de haber asumido el mando Carabineros reprimió una manifestación en Plaza Dignidad por la libertad de las y los presos políticos de la revuelta. A esta marcha que se realizaba todos los viernes se habían sumado estudiantes secundarias que luchaban por la demanda de educación sexual integral y en contra del acoso en sus colegios. La jornada terminó con un manifestante con graves lesiones luego de que durante su detención Carabineros azotó su cráneo contra el pavimento.
La semana siguiente, en la primera marcha estudiantil por el aumento de las Becas de Alimentación para la Educación Superior (BAES) un estudiante fue baleado por un Carabinero y otro quedó en estado de gravedad tras ser atacado por bandas armadas en el barrio Meiggs.
La respuesta del Gobierno fue anunciada el Día del Joven Combatiente, que recuerda el asesinato de dos militantes de izquierda a manos de Carabineros en 1985. Siches dijo públicamente: “Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo, de todo nuestro ministerio, para seguir con su trabajo y proteger a los chilenos y chilenas; siempre con respeto a los Derechos Humanos”
Este respaldo no se quedó solo en palabras. El gobierno continúa sosteniendo en su cargo al General Director de Carabineros Ricardo Yáñez quien ha sido el principal responsable de la represión desde que asumió en noviembre de 2020.
Mismo general que nuevamente vuelve a ser cuestionado con el asesinato de Francisca Sandoval, reportera de la Señal 3 La Victoria, a quien le dispararon bandas armadas de Meiggs en completa complicidad con Carabineros. Imágenes mostraron que efectivos de la policía mantuvieron conversaciones con los autores de los disparos mientras reprimían brutalmente la movilización del Día Internacional de las y los Trabajadores.
Francisca falleció doce días después en la Posta Central producto del impacto de bala. Durante la tarde, tanto la velatón y las manifestaciones convocadas en justicia y memoria fueron reprimidas , nuevamente, por la policía.
La vieja receta de la vieja política
Durante el mes de abril el Gobierno usó la vieja receta represiva de la ex Concertación, la coalición de partidos de centroizquierda que gobernó intermitentemente Chile desde la salida de la dictadura. La Ministra del Interior anunció una millonaria inversión para reprimir el Wallmapu. Se aumentaron de 4 a 19 los blindados, se trasladaron 34 camionetas blindadas y se destinarán $1.000 millones para compra de drones. Este anuncio incluyó la creación de un nuevo sistema de inteligencia del Estado.
Pero los ataques al Pueblo Mapuche no terminan aquí. La semana recién pasada el gobierno anunció el Estado de Excepción Intermedio en el Wallmapu. El Secretario general de la presidencia Giorgio Jackson lo definió así : "A diferencia de los Estados de Excepción, queremos concurrir con ayuda de las Fuerzas Armadas el resguardo de la infraestructura crítica y de gravedad para el libre tránsito, abastecimiento de la población o circulación de vehículos de emergencia, sin afectar ninguno de los derechos fundamentales que la Constitución asegura”. El Gobierno de Boric adquirió rápidamente las costumbres del viejo régimen.
La respuesta del nuevo Gobierno implica continuar la criminalización y represión al Pueblo Mapuche que ha luchado durante años por recuperar el territorio que les pertenece. El aumento de la dotación policial y militar en la región sureña de La Araucanía, reafirmado con la declaración de estado de excepción, es una clara línea para acabar con cualquier atisbo de que demandas como la autodeterminación y el reconocimiento de naciones originarias, se salga de carril institucional chileno. Esto para liberar de manos a la policía para que continúe protegiendo los negocios de las empresas forestales y latifundistas que han usurpado el territorio Mapuche, como las familias Matte y Angelini que tienen 2 millones de hectáreas y cuentan con toda la protección del Estado.
Está más que demostrado que estos hechos no son aislados. La represión del estado golpea tanto a los trabajadores subcontratados de ENAP que reclamaban mejoras en sus condiciones de trabajo, como a la juventud y a los pueblos originarios que luchan por su autodeterminación.
Esta es parte de la herencia de los 30 años contra la que se alzó el pueblo chileno en 2019 y que el gobierno de Gabriel Boric, lejos de reformar, preserva. | 
