Marisol FN
| Agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas
La lucha de las mujeres y personas con capacidad de gestar no tiene fronteras. ¿Qué pasaría si estrecháramos lazos entre ambos movimientos y países para fortalecer la lucha por el derecho a decidir?
La filtración del borrador de voto de la Corte Suprema encendió la alarma para miles de mujeres y personas con capacidad de gestar, que vieron amenazado su derecho al aborto, conquistado en 1973 con el fallo Roe vs Wade. La respuesta del movimiento feminista estadounidense -donde surgió el llamado al primer #ParoInternacionalDeMujeres en 2017- no se hizo esperar.
El 3 de mayo cientos de personas tomaron las calles en el corazón de Nueva York, repudiando la intención de la Corte Suprema y cuestionando que nueve personas que no fueron votadas pretendan imponer sus ideologías conservadoras sobre las vidas de millones. El 7 de mayo, miles de personas en Detroit tomaron las calles exigiendo que el aborto siga siendo un derecho constitucional, y advirtiendo que ni el Estado ni las Iglesias decidirán sobre sus destinos.
El 14 de mayo, una nueva jornada de lucha congregó a miles de personas en más de 430 acciones, concentraciones y movilizaciones en Washington, Nueva York, Los Ángeles y otras ciudades de todo el país, denunciando la negligencia del Partido Demócrata, que durante décadas contó en varias ocasiones con mayoría legislativa para avanzar en la total legalización del aborto y nunca lo hizo.
En CUNI, la universidad pública más grande de Nueva York, surgió un comité de estudiantes de todos los campus que llaman a organizarse por la defensa del aborto legal. También las y los jóvenes de Starbucks y Amazon, que vienen organizándose por la conquista de sindicatos y la defensa de sus derechos laborales, se han pronunciado a favor de la lucha por aborto legal.
Según las encuestas de los medios, el 54% de la población apoya la protección del fallo Roe vs Wade. De avanzar esta ofensiva reaccionaria encabezada por el Partido Republicano y jueces ligados al nefasto Donald Trump, el aborto podría penalizarse en la mitad del país, lo que significaría un retroceso histórico no sólo para el movimiento de mujeres en Estados Unidos, sino a nivel internacional.
El 17 de mayo, Guerrero se sumó a la lista de los estados en donde se aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, para mujeres y personas con capacidad de gestar. Son ya nueve los estados donde se ha conquistado parcialmente este derecho (CDMX, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Colima, Sinaloa, Baja California y Guerrero), a lo que se suma el fallo que declaró inconstitucional penalizar a víctimas de violación que quieran acceder a un aborto. Sin embargo, en Ciudad de México, donde el aborto está despenalizado desde 2007, sólo hay 13 clínicas públicas para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), mientras abundan clínicas y consultorios privados donde se otorga el servicio de acuerdo a la capacidad económica de quienes lo solicitan, lo que mantiene al aborto como un privilegio de clase.
Estos triunfos parciales, pero muy importantes para el movimiento de mujeres, fueron conquistados no por la buena voluntad de Morena, los magistrados y la 4T, sino con décadas de lucha de las organizaciones feministas y con las enormes movilizaciones que han recorrido todo el país en los últimos años. No obstante, estos avances legislativos aún están lejos de ser realidad en la vida de millones de mujeres y personas con capacidad de gestar, sobre todo de quienes provienen de sectores populares, migrantes, campesinos y de trabajadores. Además, en los estados gobernados por la derecha continúan las leyes antiaborto, anti-LGBTIQ+ y siguen mujeres presas por abortar, incluso espontáneamente.
Esto sucede porque el Estado mexicano aún no asume la responsabilidad de enfrentar el aborto como un problema de salud pública. Ello implicaría necesariamente: programas de educación sexual integral en todos los niveles educativos para estudiantes, docentes, madres y padres de familia; el acceso irrestricto y gratuito a anticonceptivos eficaces y de calidad para toda la población, particularmente para jóvenes, adolescentes y migrantes; un aumento presupuestal de emergencia a la salud pública, para que se garanticen plenamente todos los servicios médicos que nos permitan ejercer libremente el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sexualidades; entre otras medidas que ni los gobiernos de Morena ni de la derecha están dispuestos a otorgar.
El movimiento de mujeres ha demostrado tener la fuerza para ir por todas estas demandas históricas, por lo que la despenalización debe ser el motor de nuestra lucha para conquistar la legalización a nivel nacional.
Unamos fuerzas para conquistar #QueSeaLey
La fuerza de la Marea Verde en Argentina, Colombia e Irlanda demostró que nuestros derechos se conquistan siendo millones, organizadas y en las calles para imponérselos a los gobiernos en turno. La amenaza al fallo Roe vs Wide en Estados Unidos es un ejemplo de que estas conquistas no son permanentes, por el contrario, están constantemente amenazadas ante las presiones de la derecha y sectores eclesiásticos.
En México y Estados Unidos, los efectos de la crisis económica y sanitaria golpearon con más fuerza entre las mujeres y disidencias LGBTIQ+ provenientes de sectores pobres, migrantes, campesinos, afrodescendienes, de los pueblos originarios y de trabajadores; al mismo tiempo que develaron como esencial nuestro trabajo en la producción y reproducción de las sociedades. Esas mujeres y disidencias somos parte de una poderosa clase trabajadora pluriétnica, multirracial y altamente feminizada, que en los últimos años se ha desarrollado en ambos lados del Río Bravo.
Este proletariado no es ajeno al desarrollo y las batallas del movimiento feminista en México y Estados Unidos. De hecho, está haciendo experiencias políticas muy importantes con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la “Cuarta Transformación”, y con el de Joe Biden y las promesas demócratas luego de la gestión de Donald Trump. La posibilidad de unir fuerzas y construir alianzas binacionales en la lucha por el derecho al aborto, y también por la defensa de derechos laborales y sindicatos, podría significar un grave problema para los gobiernos de AMLO y Biden, así como una gran esperanza para el movimiento feminista y LGBTIQ+ en el resto de América y el mundo.
Desde la agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas, en México y a nivel internacional, enviamos nuestro más profundo apoyo y solidaridad a la lucha de nuestras hermanas y hermanes en Estados Unidos. Llamamos a unir y articular esfuerzos binacionales para conquistar y defender el aborto legal, libre, seguro y gratuito para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, pues solo nuestra fuerza organizada de manera independiente de los gobiernos, empresarios y las burocracias logrará imponer nuestras demandas y ser el punto de partida para luchar contra la violencia y precarización que nos imponen a diario.
