En los últimos meses se ha visto como la reactivación económica ha avanzado en nuestro país lo que, a su vez, implicó también la reapertura de las actividades educativas. La crisis sanitaria dejó al descubierto las deficiencias que han tenido las autoridades sanitarias y el gobierno para responder frente a la situación, y quienes lo padecemos -pues pusimos los miles de muertos que hubo en la pandemia- somos las familias de la clase trabajadora, mientras los de arriba aprovechan para enriquecerse más transgrediendo nuestros derechos.
Varios estados fueron anunciando la reducción de las medidas sanitarias, y si bien los casos positivos y decesos por covid-19 han disminuido, eso no significa que ya no los haya, por el contrario, el Covid persiste y también las muertes.
La disminución importante de casos la han usado para poder asentar la “normalidad” para dar la idea de que la pandemia ha quedado atrás y ya no es necesaria ninguna medida.
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Cabe destacar que la “normalidad” se impuso en varios sectores durante la pandemia, como ocurrió en el sector automotriz siendo una actividad no esencial, y que a pesar de las muertes y contagios masivos fue implementada de manera forzada en otros sectores como el educativo.
Por ejemplo, en la CDMX, una gran cantidad de escuelas retornaron a clases presenciales desde el 30 de agosto del 2021 sin consultar a docentes, estudiantes, madres y padres de familia. Aunque el retorno fue por secciones del alumnado a inicios del ciclo escolar, muchos planteles de educación básica abrieron sin condiciones óptimas, sin médicos, enfermeras, psicólogos, docentes, así como sin agua y, esto aunado a la falta de insumos sanitarios como gel antibacterial, jabón, cubrebocas, que tuvo que ser financiado con los bajos salarios de cada trabajador y trabajadora que conforma la comunidad escolar mermando su economía. Además, las escuelas reabrieron sin que los estudiantes estuvieran vacunados.
El Estado y autoridades educativas nunca garantizaron condiciones seguras en las escuelas durante la pandemia, se deslindaron de responsabilidades y de las consecuencias que implicaba la imposición del regreso a clases.
Docentes, estudiantes, padres de familia y madres, junto a los trabajadores de las comunidades escolares no debemos permitir que las malas decisiones de los empresarios y gobierno pongan en riesgo nuestra salud y nuestra vida. La pandemia aún no ha terminado y sabemos que en nuestro país no contamos con los suficientes hospitales, médicos, insumos, medicamentos y hospitales bien equipados para poder afrontar otra crisis sanitaria y económica.
Por eso, es necesario la unión de todos los trabajadores, trabajadoras, docentes, madres, padres de familia, estudiantes, sector salud y de los sectores más oprimidos para exigir nuestros derechos y conquistar nuestras demandas. Solo movilizándonos en las calles y exigiendo que se cumplan nuestros derechos podemos cambiar nuestras condiciones de vida.
Las comunidades educativas no necesitamos que nos impongan, al contrario, necesitamos organizarnos de manera democrática e independiente escuela por escuela y junto con expertos de la salud para decidir las medidas sanitarias pertinentes en cada contexto escolar.
¡Por el derecho a nuestra salud! ¡Por la defensa de la educación pública y gratuita en todo el país!
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