La implementación de la “tercera etapa” de la reforma laboral se realizará a partir del próximo mes de octubre, después de la prórroga que solicitaron los gobiernos de distintos estados, quienes aseguraron tener un déficit presupuestal que impidió que se llevara adelante el nuevo esquema laboral como se tenía planeado.
Con una inyección presupuestal de más de 5 mil 700 millones de pesos se establecerán Centros de Conciliación y Tribunales Laborales Locales y se avanzará con la digitalización de expedientes, como parte del llamado ’nuevo modelo de justicia laboral’.
Los estados que solicitaron la prórroga son los que tienen mayor concentración de conflictos laborales en el país. Entidades como Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán solicitaron más presupuesto para poder llevar adelante las disposiciones de la reforma laboral.
Hasta ahora, dicha reforma ha avanzado con la revisión de Contratos Colectivos de Trabajo (CCT), con la regulación del outsourcing (pese a que el gobierno federal había prometido eliminarlo) y con la modificación al esquema de elecciones sindicales.
Como resultado de ello, en algunos centros de trabajo como la planta de General Motors, en Silao, Gto., los trabajadores consiguieron arrebatar la titularidad del CCT a los dirigentes sindicales afines a la CTM, a favor de un nuevo sindicato.
Pero en la mayoría de los casos, como el del Sindicato Petrolero y el de varias secciones del SNTE, el ’voto universal, directo y secreto’ por sí solo no ha sido suficiente para terminar con el control del charrismo sindical, sino que ha servido para legitimarlo, evitando que las y los trabajadores organizados desde abajo sean quienes “salden cuentas” con sus supuestos dirigentes sindicales.
Esta modificación a las leyes en materia laboral se hizoa tono con los acuerdos del T-MEC. ONG’s aseguran que aún existen en nuestro país más de 500 mil contratos de protección patronal, que son firmados por representantes sindicales quienes no son reconocidos por lxs trabajadorxs, como sucede en muchas de las maquilas ubicadas en el norte del país.
¿Qué significa para las y los trabajadores el avance de la reforma laboral?
Las promesas de campaña del presidente y su partido, relacionadas con modificar las condiciones de trabajo heredadas de los gobiernos neoliberales, se han quedado muy por detrás de lo prometido: por ejemplo, el outsourcing no solo no se eliminó sino que se legitimó a través de su regulación para que las empresas puedan seguir recurriendo a esta práctica de precarización laboral, siempre y cuando paguen sus impuestos.
La reforma laboral de la actual administración, ha contado con el apoyo explícito o implícito de federaciones y sindicatos que en sexenios anteriores se reclamaban opositores, como los de la Unión Nacional de Trabajadores y la Nueva Central de Trabajadores.
Sin embargo, en vez de servir para conquistar una verdadera democracia sindical, la reforma ha permitido una mayor injerencia del Estado en las organizaciones de trabajadores, al determinar cómo, cuándo y dónde deben renovar sus dirigencias o sus contratos y poner más restricciones al derecho de huelga, entre otras disposiciones regresivas. Esto ha provocado que los dirigentes sindicales corruptos y burocráticos en la mayoría de los casos mantengan el control, al estar aliados con los patrones y los diferentes niveles de gobierno.
Es cierto que la reforma posibilita la formación de sindicatos ’independientes’, alternativos a los ya existentes, pero ésta puede ser un arma de doble filo, pues aunque puede expresar el descontento progresivo de las y los trabajadores con sus dirigentes tradicionales, no es una garantía de que los nuevos sindicatos funcionarán democráticamente y puede ser utilizado por los patrones para dividir aún más a la clase trabajadora dentro de sus centros de trabajo y debilitar su fuerza.
Recuperar nuestros sindicatos de manos del charrismo, conquistar nuevas organizaciones obreras donde no existen y avanzar en la coordinación regional y nacional de la clase trabajadora para enfrentar los ataques de los patrones y los gobiernos que les sirven, es una necesidad ineludible si queremos defender nuestros derechos y conquistas laborales y sociales.
Los trabajadores súper explotados de Amazon y Starbucks en Estados Unidos, que están luchando por su sindicalización, nos están dando un ejemplo de que es posible construir alternativas de organización y lucha desde abajo. Pero para avanzar en esta lucha se requiere mantener una perspectiva independiente de las instituciones del Estado capitalista, que vaya más allá de su legislación, pues a la vez que ésta tuvo que plasmar nuestros derechos laborales conquistados en el pasado con grandes gestas de nuestra clase, su función es legalizar nuestra explotación. La reforma laboral actual es una demostración de esto y continuidad de las reformas de sexenios anteriores.
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