A poco más de dos meses del cierre del ciclo escolar -uno de los más difíciles en décadas- la Secretaría de Educación Pública (SEP) destinó el próximo Consejo Técnico Escolar (CTE) a la evaluación, y no es para menos, pues su preocupación es presentar como un éxito rotundo la reapertura de las escuelas.
El documento de orientaciones pedagógicas y criterios para el registro de evaluaciones finales que se analizará en el CTE parte de la reivindicación de la reapertura de las escuelas, sin tomar en consideración lo que ésta implicó para la comunidad. Pues, no solo se trató de “vencer miedos, alterar rutinas y darle valor a la convivencia escolar”, como expresa el documento, sino que significó pagar con recursos propios -tanto maestros como madres y padres- las carencias de escuelas abandonadas y sin insumos básicos para una reapertura segura.
Implicó también miles de contagios de docentes, alumnos y madres y padres de familia que fueron ocultados y minimizados por las autoridades educativas.
Asimismo, implicó que las maestras y maestros diseñaran por sí solos planes para abatir el rezago educativo y la deserción escolar, sin que hubiera un solo apoyo por parte del gobierno para ello, pues nuevamente cargó la responsabilidad exclusivamente sobre las y los docentes.
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Plan contra la deserción y el rezago, el gran ausente para la autoridad educativa
La deserción escolar aumentó significativamente. Más de 2 millones y medio de alumnos fueron excluidos de la educación pública. La mayoría no volvieron a tener comunicación con sus maestros ni regresaron a la escuela debido, entre otras cosas, a la brutal crisis económica que debieron enfrentar. Fueron 244,500 niños, niñas y adolescentes que quedaron huérfanos hasta septiembre del 2021 producto de la pandemia -según datos del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República-.
Esta realidad no es tomada en cuenta por la SEP, y las autoridades educativas siguen responsabilizando a las madres y padres, así como a los maestros del rezago y ausentismo de los alumnos y alumnas. En el documento mencionado, plantean que “la asistencia de las alumnas y los alumnos depende, en gran parte, del convencimiento y disposición de las madres, padres de familia y tutores, así como de la oferta de actividades atractivas y de interés que presente la escuela” por lo que instan a las y los maestros a sensibilizar a las madres y padres para que los alumnos y alumnas asistan hasta el último día de clases.
Lo que no dicen es que alargaron el ciclo escolar más de un mes, sin ninguna justificación y ningún plan pedagógico serio que realmente aporte para abatir el rezago educativo. Frente a eso, y al hecho de que administrativamente las calificaciones se entregarán mes y medio antes de la conclusión del ciclo escolar es que proponen actividades como olimpiadas deportivas, muestras pedagógicas, rallies, ferias de la ciencia, cine debate, tertulias literarias, etc., que en realidad tendrían que hacerse a lo largo del ciclo escolar como parte de las estrategias de enseñanza-aprendizaje y no como actividades de relleno.
¿Cómo combatimos el rezago y la deserción?
Nadie está más interesado que las maestras y maestros, madres y padres de familia en abatir el rezago educativo y la deserción escolar; pero sabemos que esto no se logrará alargando el ciclo y eliminando el descanso de alumnos y docentes, ni maquillando las cifras de aprobación -aunque esto se disfrace de “evaluación formativa”-.
Las y los maestros sabemos que solo podría lograrse con un plan pedagógico serio que oriente a las comunidades y parta de sus necesidades, donde las y los docentes seamos parte activa de su elaboración, ya que somos quienes contamos con la capacidad, en todos los aspectos que se requieren, y el real interés en acabar con la deserción y el rezago de nuestros niños, niñas y adolescentes.
Con esta supuesta orientación pedagógica, las autoridades se apuestan a fingir que el problema se resolverá únicamente con la participación de las y los maestros haciendo uso de la “creatividad pedagógica” o imaginando “tareas auténticas”; pero nosotros sabemos que no es así, por lo que requerimos forzosamente que las y los docentes, pongamos sobre la mesa la verdadera situación de las y los alumnos y luchemos, junto a sus madres y padres, por mejorar sus condiciones de vida.
Las familias no solo sufrieron desgarradoras pérdidas de familiares, también padecieron despidos, rebajas salariales, y un sinfín de dificultades económicas durante la pandemia, lo que en la mayoría de los casos aún continúa. Vivimos los niveles más elevados de inflación de las últimas décadas. Esto repercute totalmente en los procesos de aprendizaje de los alumnos.
Un/a alumno/a que no come adecuadamente -como la mayoría de los chicos de las escuelas públicas del país-, que no tiene garantizado lo mínimo para sobrevivir, que vive en hacinamiento y está rodeado de violencia, difícilmente podrá aprender, aun cuando las y los maestros tengamos las mejores técnicas pedagógicas y pongamos en práctica “metodologías innovadoras”.
Por ello debemos luchar por combatir de raíz estos problemas. En unidad con las trabajadoras y trabajadores que estamos padeciendo las consecuencias de la crisis. No podemos mirar para otro lado y pensar que con lo que hacemos y damos a la educación es suficiente, pues el magisterio debe recuperar su tradición de lucha y jugar el rol combativo que ha jugado en otros momentos de la historia, porque las nuevas generaciones de jóvenes y el futuro de la educación pública del país, así lo requieren.
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