Durante la última dictadura cívico militar eclesiástica Garachico fue policía bonaerense, y quedó demostrada su intervención como integrante de grupos de tareas. En 2014, fue condenado por primera vez a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha”, que funcionó en la localidad de Olmos durante la última dictadura. Al poco tiempo de recibir la pena, su defensa solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria justificado en un cuadro de obesidad mórbida, la cual fue otorgada.
Desde entonces mantiene ese beneficio, que no fue anulado a partir de ser condenado, el pasado viernes 13 de mayo por el Tribunal Oral Criminal Federal N°1 de La Plata, por segunda vez a prisión perpetua. En esta oportunidad por delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos contra siete personas que pasaron por el centro clandestino de detención “Pozo de Arana”, entre ellas Jorge Julio López, cuyo testimonio brindado en 2006 fue un elemento fundamental.
El tribunal consideró los hechos como crímenes de lesa humanidad, pero desestimó el pedido de imputación por genocidio, solicitado por las querellas y el Ministerio Público Fiscal, así como tampoco se consideró la figura de desaparición forzada, en un claro y significativo retroceso al periodo previo a la caída de las leyes de impunidad.
Esta decisión del Tribunal que resolvió mantener el beneficio de la prisión domiciliaria de Garachico generó en la ciudad gran indignación, ya que no es el único caso, Mar del Plata tiene la particular característica de ser la ciudad con más genocidas con el beneficio de la prisión domiciliaria.
CEPRODH acompaña la convocatoria de Organismos de Derechos Humanos y Organizaciones Sociales, así como de la ciudadanía en general a la actividad de este sábado 28 de mayo bajo la consigna “Si no hay justicia habrá escrache” porque seguimos sosteniendo que el único lugar para un genocida es la cárcel común y efectiva.
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