A través de la Corporación de Promoción y defensa de los derechos del Pueblo (Codepu) se presentó una denuncia que interpusieron las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados de la Región del Maule. Informaciones indican que en dependencias de la Subsecretaría de Derechos Humanos se ocultó un archivo con relatos de conscriptos que contienen testimonios sobre posibles crímenes cometidos en dictadura.
Durante julio de 2017 y agosto de 2018, casi 12.000 ex conscriptos entregaron su testimonio a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Los testimonios se mantuvieron ocultos sin que las autoridades y funcionarios pertinentes cumplieran los mandatos que establece la ley a los organismos de la administración pública. Negligencia es lo menos que se puede decir menos ante una verdadera falta a la verdad durante el Gobierno de Michelle Bachelet.
Según lo informado por un reportaje del medio La Red, la subsecretaria de la época, Lorena Fríes, que durante su gestión recibió 5.988 relatos, no entregó estos antecedentes ni a los abogados y abogadas del Programa de Derechos Humanos ni a los tribunales de justicia que investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura. Las juezas especiales, Paola Plaza y Mariela Cifuentes, ordenaron el envío inmediato de la documentación.
Lorena Fríes es abogada y feminista, actual diputada por Apruebo Dignidad por el mismo partido del presidente Gabriel Boric, Convergencia Social. Sobre ella pesa hoy una denuncia penal por ocultamiento de la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad.
El libelo acusatorio, ingresado este miércoles en la Fiscalía Centro Norte, indica que "la repartición que la denunciada dirigía, recibió declaraciones de conscriptos de las FFAA que participaron en los hechos que investiga la justicia y entregaron antecedentes que contienen elementos valiosos para las investigaciones. No obstante lo anterior, la exsubsecretaria tomó la decisión de no informar, de archivarlos y no ponerlos a disposición de la justicia, vulnerando lo dispuesto en los artículos 175 y 176 del Código Procesal Penal".
La acción judicial fue presentada por Myrna Troncoso, presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca, capital de la región del Maule que queda a algo menos de 300 kilómetros al sur de Santiago, en representación del resto de las organizaciones de la región y cuenta con el patrocinio del CODEPU.
Myrna Troncoso sostuvo que “el ocultamiento culpable y negligente ha significado un obstáculo más en el largo camino de la justicia. Con su acción han dificultado avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias de desaparición y muerte de nuestros seres queridos. Es inaceptable e injusto". | 
