El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este jueves una nueva ley de secretos oficiales, que sustituiría a la de 1968, y una reforma de la ley orgánica que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Lo ha hecho en su comparecencia en el Congreso sobre el espionaje a 65 dirigentes independentistas llevado adelante mediante el dispositivo Pegasus por parte de los servicios de inteligencia españoles.
Sobre la ley franquista vigente, Sánchez dijo que su sustitución por una nueva norma es algo "fundamental e impostergable", ya que la actual data de la dictadura. Sin embargo, ha sido en esta misma ley en la que el PSOE se ha parapetado, y lo sigue haciendo, para negarse a desclasificar las órdenes judiciales que autorizaron la intervención de 18 dispositivos móviles e investigar cómo y quien autorizó los otros 47.
Del contenido de la nueva ley de información clasificada no adelantó apenas ningún detalle. Conociendo el historial del partido de los GAL, la malversación de fondos reservados y las escuchas ilegales, la nueva ley de secretos de la democracia no se diferenciará sustancialmente en cuanto a hermetismo e impunidad de su antecesora.
Sobre la regulación judicial del CNI Sánchez ha prometido una actualización de la norma de 2002, pero simplemente para adaptarla a la aparición de nuevas tecnologías y para que los servicios secretos puedan seguir "cumpliendo su misión de servicios a la seguridad nacional y defensa de los intereses nacionales y el ordenamiento constitucional".
Más bien se trataría de incorporar entre los posibles pinchazos a autorizar intervenciones de nuevo tipo, como las que se realizan con Pegasus, que además de poder intervenir llamadas o mensajes de texto, es capaz de entrar en todos los datos de los dispositivos e incluso activar sus micrófonos y cámaras.
Lejos de un avance “garantista", la reforma puede, por lo tanto, dando un mejor marco legal a estas violaciones de derechos 2.0 que la anterior legislación dejaba en un cierto vacío legal. Los espías jueces podrán seguir haciendo su trabajo con todas las “garantías” de que sus atropellos estarán sujetos a derecho.
El presidente del gobierno ha aprovechado la ocasión para volver a negar todo conocimiento del espionaje sobre la casi cincuentena de dirigentes independentistas que no habría contado con autorización judicial. Tampoco ha develado cuáles fueron los fundamentos de derecho por los que el CNI y el Supremo intervinieron los del presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonés, o el abogado de Carles Puigdemont, en momentos tan trascendentes como las negociaciones de investidura del primero o la preparación de recursos en Estrasburgo a la sentencia del proceso soberanista de Catalunya el segundo.
Decir cloacas del Estado es decir PSOE y PP fundamentalmente. Los dos viejos partidos del bipartidismo, junto a la Corona, la Judicatura y la emergente extrema derecha, son parte intrínseca de las mismas. No serán ellos quienes terminen con ellas, ni siquiera quienes las regulen o les pongan ciertos límites. Para prueba, el voto común de PSOE, PP y Vox para bloquear toda comisión parlamentaria sobre Pegasus este martes
Unidas Podemos y otros socios parlamentarios del gobierno central, como ERC o JxCat, elevan el tono y piden reformas más profundas. Los primeros lo hacen desde la impostura de ser parte del gobierno que ordenó las escuchas, y de haber sido parte, en la figura del entonces vicepresidente Pablo Iglesias, de la Comisión de control del CNI hasta su salida del gobierno.
Pero las cloacas no tienen reforma posible. El único programa realmente democrático en este terreno es pelear por una verdadera comisión independiente sobre los casos de espionaje, la apertura de todos los archivos clasificados, la derogación de toda ley de secretos oficiales y la disolución inmediata del CNI, pilar clave del Estado profundo. | 
