Fotografía: EFE
De la debilidad de Dilma y el PT en estas elecciones no hay dudas. Aunque la disputa se haya estabilizado a favor del actual gobierno, las dificultades para asegurar el triunfo frente al nuevo fenómeno de Marina Silva no desaparecieron. Las protestas del año pasado transmitieron un vago deseo de cambio al panorama electoral. La falta de una alternativa a la izquierda del PT, que exprese los deseos de Junio con más fuerza, favorece al gobierno que se mantiene como favorito entre los grupos más populares.
En encuestas divulgadas el martes de la semana pasada, Dilma (PT) cuenta con el 46% de intención de voto entre los electores que ganan hasta un salario mínimo, contra el 24% de Marina Silva (PSB) y el 11% de Aécio Neves (PSDB). Entre los electores que ganan entre uno y dos salarios mínimos, Dilma aparece con el 42% contra el 27% de Marina y el 15% de Aécio. Entre los que ganan entre dos y cinco salarios mínimos, Dilma se mantiene al frente con el 34%, aunque seguida de más cerca por Marina y Aécio que aparecen con el 31% y el 19%, respectivamente. Es decir, Dilma sigue fuerte entre los sectores más pobres del país, aunque cuestionada.
Cambios en las leyes laborales
Aprovechándose de que sus opositores Marina y Aécio afirman abiertamente que pretenden cambiar las leyes laborales, aunque sin decir cómo, Dilma afirma que defenderá los derechos de los trabajadores. “No cambio derechos de la legislación laboral. Vacaciones, aguinaldo, Fondo de Garantía de Servicio, horas extras, eso no se modifica de ninguna manera”, planteó la candidata el pasado 17/9 en Campinas, en el interior de San Pablo.
A pesar de los discursos, todos los candidatos señalan cambios y ajustes en las leyes laborales. De visita en Campinas, la candidata del PT dijo que es necesario facilitar la apertura y, principalmente, el cierre de empresas en Brasil. Según Dilma, “abrir y cerrar empresas en Brasil es, de hecho, un gran desafío. Tenemos el compromiso de asegurar que este tiempo sea reducido, que pase de 100 días, en algunos casos, a 5 días”. Lo que la presidenta no dice es que facilitando el cierre de empresas se facilitan los despidos en masa de trabajadores frente a una probable crisis en la producción del país.
Durante la campaña en el ABC paulista, la mayor concentración industrial de Brasil, la presidenta se reunió con el sindicato de los metalúrgicos ligado a la CUT. En esta reunión firmaron un compromiso de que la presidenta llevará adelante el llamado Programa de Protección del Empleo (PPE). A pesar del nombre, el Programa generaliza el lay off (suspensiones / reducción de jornada) para todas las empresas mientras hoy es restringido solo a algunas. Además extendería el plazo del lay off de cinco meses, como es en la actualidad, a un año. Es decir, se prolonga el período de reducción de la jornada laboral con reducción salarial, que en los casos enrolados en el PPE pagaría como máximo el 67% del salario del que el gobierno cargaría con la mitad. Así, como es presentado en el sitio on line de la propia CUT, la empresa reduce gastos en despidos y contrataciones y el gobierno reduce el pago de los seguros de desempleo. Los únicos que pierden son los trabajadores, que además de la reducción salarial, no tienen garantías de conservar el empleo una vez finalizado el plazo que cubre el Programa.
En una reunión con la Confederación Nacional de la Industria el pasado 30 de julio, ya en campaña electoral, Dilma afirmó que “el gobierno federal no se opone a la tercerización. El gobierno cuenta con varias empresas con personal tercerizado”, y continuó: “estamos dispuestos abrir el diálogo sobre la tercerización y las relaciones laborales”. Ahora, el Supremo Tribunal Federal analiza el caso de una empresa, Cenibra, que probablemente ganará causa en la que se la juzga por contratar innumerables veces a trabajadores tercerizados, que hasta entonces estaba prohibido. De confirmarse el triunfo de la empresa, el caso servirá como ejemplo para ampliar la tercerización en el país. |
