Las trabajadoras del Servicio de Atención Domiciliaria del Prat de Llobregat han ido a la huelga este jueves 2 de junio. Exigen que se les aplique el convenio colectivo del sector que la empresa subcontratada, Fundació S21, se niega a cumplir. La convocatoria ha sido realizada por el sindicato CGT que, desde hace cuatro meses, viene realizando diversas movilizaciones.
Las ciudadoras son en su casi totalidad mujeres y se vienen organizando en numerosos municipios, denunciando las durísimas condiciones de precariedad en las que realizan un trabajo que es esencial, el acompañamiento a personas dependientes en sus domicilios, y exigiendo la municipalización completa del servicio.
Desde 2020 el Ayuntamiento del Prat, gobernado por El Prat en Comú en coalición con el PSC, licitó la concesión de este servicio a la Fundació S21, una empresa pública dependiente del Consorcio de Salud y Social de Catalunya, un organismo integrado por más de un centenar de administraciones y empresas públicas, incluido el propio ayuntamiento pratense.
Según, Montserrat Garcia, sindicalista de la CGT, exigen la aplicación del artículo 12 del acuerdo firmado por el mismo consistorio y la empresa subcontratada, donde obliga a la aplicación del convenio colectivo del sector que este año implicaría una subida salarial del 8%. Además, denuncian que la empresa lleva aumentando la carga de trabajo desde la adjudicación del servicio.
Hasta ahora la única subida salarial aplicada se limita al 2%. Tanto la empresa como el Ayuntamiento del Prat y la Generalitat se excusan en que los Presupuestos General del Estado limitan al 2% los salarios públicos. Cínicamente, se les dice a unas trabajadoras externalizadas por el Estado que no se les puede subir el salario porque, justo en este punto, deben ser tratadas como al resto de trabajadores públicos internalizados.
Lejos de ser trabajadoras de una empresa pública, desde la CGT se denuncia que la gestión del SAD por parte del Ayuntamiento del Prat es una “gestión pública enmascarada que repite las lógicas mercantiles de las empresas privadas” y siguen exigiendo la municipalización completa del servicio.
Denuncian que en los últimos meses, no se están firmando contratos indefinidos ni incorporando a nuevas trabajadoras, sino simplemente contratos de sustitución. A raíz de una denuncia de la sección sindical, la Inspección de Trabajo ha abierto un expediente sancionador a la Fundación S21 por mantener contratos en fraude de ley y finalmente esta ha aceptado abrir un proceso de conversión efectiva de los contratos de obra y servicio en contratos indefinidos.
El consistorio se sigue negando a llevar adelante la municipalización del servicio a la vez que se pone del lado de la empresa. Lo hace aún pesar de que los pliegos de licitación que propusieron - en los que se recogían algunas mejoras respecto al convenio - fueron tumbados por la Justicia tras una demanda interpuesta por la patronal del sector.
El "progresismo" en su versión municipal muestra una vez más su impotencia y su pliegue a los dictados de empresas que siguen haciendo negocio con los servicios esenciales como este y la precarización de sus trabajadoras. | 
