El secretario del Tribunal Electoral Permanente de la provincia de Jujuy, Horacio Pasini Bonfanti, intentó asesinar a su esposa y, tras ello, se mató de un disparo el pasado miércoles por la noche. Este nuevo intento de femicidio se dió a días de un nuevo aniversario del Ni Una Menos que convocará a miles en las calles en distintas provincias del país.
El subcomisario de Relaciones Policiales de la policía, Damián Cáceres, informó a los medios que "La mujer está estable y fuera de peligro, y a la persona fallecida se la trasladó a la morgue del Poder Judicial para la autopsia".
La causa quedó en manos del titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género 1, Alejandro Bossatti, quien trabaja junto con personal de criminalística del MPA y requirió de forma directa la participación de la Brigada de Investigaciones de la policía provincial debido a las características del hecho, investigado como una "tentativa de femicidio seguida de suicidio".
Nuestro grito por #NiUnaMenos sigue vigente
En los últimos diez años en Argentina hay un promedio de un femicidio cada 30 horas. Según el último informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante 2020 se registraron 251 femicidios y en lo que va de 2022 se informan 140. En este mapa, la provincia de Jujuy tiene una de las estadísticas más altas del país.
Este caso, con alto impacto mediático trae nuevamente la discusión sobre la violencia de género y los femicidios. Lo común es que después de cada femicidio escuchemos que la mató su pareja, su expareja o un familiar, muchos de los casos se dan luego de denunciar, después de golpear la puerta de todas las oficinas donde el Estado te dice que vayas.
El gobernador de Gerardo Morales habló en algunas ocasiones acerca de la violencia de género y los femicidios. Pero no explica por qué en una provincia que hace pocos años votó una ley de emergencia en violencia de género, la misma siga sin aplicarse y con un presupuesto de solo 1 millón de pesos para 2022.
Por el contrario es ya una costumbre escuchar a funcionarias y funcionarios declarar tras cada caso que entienden el problema y se indignan, pero hasta hoy no tomaron ni exigieron que se tome una sola medida concreta.
Es el caso de Alejandra Martínez, responsable del Consejo de la Mujer de la provincia, que en cada declaración pública a los medios locales, expresa su preocupación, y habla sobre las capacitaciones, las reformas judiciales, pero nunca de desembolsar un solo peso, o de poner todos los recursos necesarios para que las mujeres que se enfrentan a la violencia machista no lo hagan en soledad recorriendo oficinas estatales donde nadie las escucha ni hace nada, como si el Estado no pudiera hacer nada para evitar los femicidios.
Desde Pan y Rosas levantamos una perspectiva anticapitalista y consideramos que el patriarcado no se va a caer ni va a desaparecer por una ley. Pero sabemos que el Estado podría tomar miles de medidas para combatir la violencia, solo que los gobiernos tienen otras prioridades; hoy por ejemplo se recortan presupuestos para destinar los fondos al pago del FMI.
No es suficiente con un Consejo sino se hace un plan de viviendas para que toda mujer que tenga que abandonar el hogar pueda hacerlo. Si no se hacen refugios accesibles. Si no hay subsidios que permitan que la mujer y sus hijos puedan subsistir al abandonar a un violento. Y no alcanza con aumentar las penas, ya que estas no impiden que el femicidio se cometa. Es necesario tomar medidas concretas para que las mujeres puedan protegerse de su círculo de violencia. Y esto es responsabilidad del Estado.
Mientras se siga destinando dinero para la deuda ilegítima con el Fondo Monetario Internacional, y no para evitar la muerte de miles de mujeres, que serían evitables, deberemos seguir saliendo a la calle. Es el único camino.
El día de hoy, tenemos una nueva oportunidad para decir que nosotras cuando decimos Ni una menos es Ni una Menos y hasta que eso sea realidad, el Estado es responsable. | 
