El lunes 30 de mayo, el fiscal Martín Camps había tomado declaración indagatoria a seis personas y decidió dejar detenidos a Enzo Brizuela y Aldo Flores integrantes de la Asamblea el Algarrobo. Desde aquel día Enzo se encuentra haciendo huelga de hambre, y debido a una deshidratación, presión alta, y anginas, se encuentra hospitalizado. Mientras que Aldo había tenido que ser trasladado de urgencia a San Fernando del Valle de Catamarca (la capital provincial) debido a un inicio de infarto.
"Estoy determinado a continuar la huelga de hambre seca que inicié y la sostendré hasta que cese la persecución ideológica. Hasta que me liberen no solo a mí, sino también a nuestro cerro. Aquí no se rinde nadie ¡Sigo defendiendo la vida y el agua de mi pueblo!»", remarcó Enzo Brizuela, en un relato difundido por Revista Cítrica.
La impunidad de la megaminería
A pesar de que Argentina adhirió al Acuerdo de Escazú en 2021, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, éste no se cumple. Sus pilares son:
- Garantizar la implementación plena y efectiva de los Derechos de Acceso a la Información Ambiental.
- Propiciar la participación pública en el proceso de toma de decisiones.
- Favorecer el acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación de instrumentos que permitan la protección y seguridad de los defensores ambientales.
Y sin embargo con la megaminería, no hay pleno acceso a la información ambiental, un ejemplo paradigmático es el del derrame en Veladero hace 7 años, como se detalla acá. Está claro que no hay licencia social para la megaminería, y las comunidades lo demuestran en la calle, ¿qué otra participación pública es necesaria?. Y además como demuestran actualmente los casos de Enzo y Aldo no se protege a los defensores ambientales.
El relato ya mencionado de Enzo da cuenta de la negligencia y del maltrato que le dan por oponerse a la megaminería, denuncia que no quisieron controlarle siquiera la presión. Además de la situación de Aldo Flores, quien no pudo completar su indagatoria por principio de infarto, y quien tuvo guardia policial mientras estaba internado, y aún el fiscal Camps no informó por escrito si puede volver al domicilio o no.
Expresiones de solidaridad
Ayer y también hoy hubo concentraciones en la fiscalía exigiendo la liberación de Enzo y exigiendo el fin de los atropellos y que se termine la judicialización de los que defienden el agua. Una muestra más que la defensa del ambiente no puede quedar en manos ni de los gobiernos, ni de la justicia del sistema, ya que son organismos que priorizan los negocios con las megamineras para que entren dólares para pagar una deuda fraudulenta, ilegal e ilegítima con el FMI.
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