Se trata de trabajadoras y trabajadores de la empresa Cooperativa de Trabajo Black Limitada, quienes hace más de un año se encuentran prestando servicios de limpieza y tareas complementarias dentro del Poder Judicial de San Luis, en condiciones de absoluta informalidad y precariedad laborales, y por un salario que apenas llega a los $15.000 mensuales.
La contracara de esta alarmante situación son las adjudicaciones que tal cooperativa consiguió en su momento (y que sigue consiguiendo) por sumas dinerarias millonarias, expedidas por la autoridad máxima del Poder Judicial de San Luis (Superior Tribunal de Justicia) en su afán de tercerizar - al mejor estilo neoliberal - los servicios de limpieza y tareas complementarias.
Evidentemente, la patronal judicial ha optado (y lo sigue haciendo) por celebrar contratos de locaciones de servicios con empresas (como la del presente caso) que tienen a sus trabajadoras y trabajadores sin derechos laborales, sociales, sindicales y jubilatorios, y con sueldos cuyo monto no es ni la quinta parte de lo que cuesta una canasta básica familiar.
Las y los laburantes de Black cobran sin recibo de haberes, no perciben aguinaldo ni se les reconocen vacaciones. Todo esto en las instalaciones de uno de los poderes del Estado provincial, en el Poder Judicial de San Luis, donde en vez de estar a Derecho se está sin derechos, y donde en vez de haber Justicia (laboral, en este caso) hay una evidente injusticia.
Hasta el momento, no han habido soluciones de ningún tipo a esta preocupante situación. En momentos en que urgen respuestas al respecto, en la mencionada cooperativa y en el mencionado Superior Tribunal reina un silencio conventual. | 
