En México, 77.72 % del territorio se encuentra con afectaciones por la falta de lluvias y escurrimientos. Hacia el 11 de mayo, sólo una presa estaba al 100 % de su capacidad, 41 estaban entre 75 y 99 %, 68 entre 50 y 75 % y 100 en menos del 50 % de almacenamiento, las 210 principales mantienen 62,389.29 millones de metros cúbicos de agua.
En esta temporada de calor, 12 estados han registrado temperaturas de entre 40 y 45 grados centígrados, como Campeche, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos y Sonora. Esto provoca un alza en los incendios, que, para el 26 de mayo, eran 125 activos en 19 estados, dañando 17 áreas naturales protegidas, alrededor de 9 mil 195 hectáreas de bosque.
Aunque las lluvias ocasionadas por el huracán Agatha y la tormenta tropical Alex, redujeron a cinco los incendios forestales para el 5 de junio, dos días después la Comisión Nacional Forestal (Conafor), reportó 32 emergencias en 13 estados, incluidas 11 áreas naturales protegidas, con 21 mil 125 hectáreas afectadas en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Puebla, Jalisco y el Estado de México. Otros estados afectados han sido: Durango, Guerrero, Chiapas y Veracruz.
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Número 24 en estrés hídrico
15 de los 32 estados de la república padecen un nivel de estrés hídrico “extremadamente alto”, lo que significa que la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible, producto de la sobreexplotación de los mantos acuíferos. Esto ubica a México en el número 24 del mundo con este fenómeno, según un reporte del Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés).
Al año se extrae más del 80% del agua que se tiene disponible, los estados más afectados son Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de México, Aguascalientes, Estado de México, Querétaro, Zacatecas, Chihuahua, Hidalgo, Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Morelos, Jalisco y Tamaulipas.
De acuerdo con el INEGI, en México, 76% del agua se utiliza en la agricultura; 14% en el abastecimiento público; 5% en las termoeléctricas y otro 5% en la industria. Sin embargo, como mencionan los investigadores de la facultad de economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Samuel Rosado Zaidi y Octavio Rosas Landa, muchas veces los consorcios registran concesiones de extracción de agua con información falsa, como si su uso fuera para la agricultura, cuando en realidad es para grandes empresas, terratenientes, mineras e industria.
Por otro lado, la desigualdad social en los estados es notoria, pues las zonas residenciales de más alto nivel no padecen cortes de agua debido a los sistemas de almacenamiento con los que cuentan.
En varias partes del territorio mexicano la sequía es 3 veces mayor este año que en 2020, Nuevo León enfrenta la escasez de agua con recortes al suministro la mayor parte del día, en la Ciudad de México se espera un escenario similar de escasez del vital líquido dentro de dos años.
Respecto al Tratado de aguas entre México y EE.UU.
Desde hace una década el gobierno de Estados Unidos ha entregado a México, hasta 82.71 % menos agua de los 74 millones de metros cúbicos pactados anualmente en el Tratado de agua para el Valle de Juárez, firmado el 21 de mayo de 1906.
La más reciente dotación certificada por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), en 2021, fue de sólo 17.29 % de la cuota, debido a la sequía, estos 12.8 millones de metros cúbicos del caudal del río Bravo representan 61.2 millones menos de lo acordado.
El agua está destinada a los agricultores de ambos lados de la frontera: 74 millones de metros cúbicos a Ciudad Juárez en México y 645 millones a El Paso en EE.UU.
Desde 1999 unos 50 kilómetros del cauce del río Bravo está seco, una de las razones es el cambio de curso natural del río, ya que ambos gobiernos fronterizos acordaron cambiar el cauce del agua (para regar cultivos en beneficio de productores de algodón, nuez, alfalfa, sorgo y pistache) hacia el Canal Americano y la Acequia Madre, provocando la devastación del cauce original.
Ninguna confianza en las autoridades
Las políticas de sobreexplotación y devastación ambiental en favor del enriquecimiento de propietarixs de grandes empresas, están dejando sin agua a la mayoría de la población, un recurso de carácter renovable que ha llegado a un nivel de escasez que pone en riesgo la vida del planeta.
En México, lejos de llevar a cabo políticas que salvaguarden al medio ambiente, la administración actual de la 4T se empeña en favorecer megaproyectos que dañan la naturaleza, como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles o la refinería de Dos Bocas; así como el proyecto Sembrando Vida, vinculado con la pérdida de hasta 72,000 hectáreas de coberturas forestales. Estas acciones continúan con la política extractivista de los gobiernos anteriores, donde los únicos beneficiados son los grandes empresarios nacionales, pero no las familias desposeídas que padecen la escasez y la contaminación de los recursos.
Hasta el momento, las medidas en torno a la crisis por escasez de agua han sido paliativas y totalmente insuficientes, como, por ejemplo, el compromiso a que, de ahora en adelante, no se darán concesiones de explotación sin priorizar el consumo doméstico, o el bombardeo de nubes para provocar lluvias. Y es que, si no se ataca los intereses de los grandes pactos de expoliación previos, impidiendo el saqueo por parte de las industrias alimenticias y de bebidas, mineras, agrícolas, etc., se seguirá afectado a la clase trabajadora y sus familias con los recortes de agua en hogares, escuelas y hospitales.
Es necesario y urgente que los distintos movimientos en defensa del agua y el medio ambiente que se levantan a lo largo del mundo, unan sus fuerzas junto con la clase trabajadora internacional para terminar con el acaparamiento del agua en cada país y podamos gozar las grandes mayorías del líquido vital y acabar con la rapacidad imperialista. |
