Este martes la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio a conocer su decisión respecto los planteos que fueron realizados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner contra el juicio oral por la obra pública bajo los gobiernos kirchneristas, conocido como “Vialidad”, que ya lleva tres años de duración.
La decisión de la Corte fue firmada por los cuatro jueces, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz de forma unánime, aunque emitieron fundamentos propios. Los dos argumentos centrales basaron el rechazo de los planteos en que las decisiones objetadas no son sentencias definitivas o asimilables, que son los únicos casos donde interviene el máximo tribunal, y que no se fundamentó la gravedad institucional manifestada por la defensa que justificaría la intervención de la Corte en el juicio antes de que finalice.
Rechazo de prueba y gravedad institucional
Dos planteos opuestos por la defensa de Cristina contra el juicio eran centrales para poder plantear la nulidad del juicio.
El primero de ellos fue sostener que había gravedad institucional en que el TOF 2 no aceptara toda la prueba que propuso la defensa. Al respecto la Corte respondió que “la decisión de no proveer cierta prueba no ponía fin a la causa ni impedía su prosecución hasta el fallo final, que podría ser favorable a la imputada y por ello disipar el agravio”. Así señaló que al no poner fin a la causa, no se puede afirmar que esa denegación sea un agravio irreparable, y agregó que el tribunal también objetó medidas de prueba pedidas por otras partes del juicio. “Por ello, los agravios en cuestión se tornan hipotéticos y conjeturales, y su tratamiento, por prematuro, improcedente”, agregaron los jueces.
Respecto la gravedad institucional argumentada por la defensa, respondió que no realizó un desarrollo suficiente que muestra cómo se afecto un interés de la comunidad o el funcionamiento institucional básico de la Nación, que excediera al interés individual de la parte, ya que en esa doctrina es lo que debe probar el interesado, según interpreta la Corte.
Cosa juzgada
El otro planteo relevante para ir a la nulidad que realizo Beraldi, abogado de la vicepresidenta, y fue rechazado, estuvo basado en que los hechos abarcados por este juicio ya habían sido analizados por la justicia de Santa Cruz, resolviendo que no había delito y archivando la causa. Por lo tanto no podría Cristina ser juzgada por los mismos hechos, es decir, de cosa juzgada y non bis in ídem (nueva aplicación de pena por el mismo hecho ya juzgado o doble juzgamiento).
Para la Corte no se trata de doble persecución penal porque en la causa investigada en Santa Cruz no había sido acusada Cristina Fernández de Kirchner. Además, a diferencia de aquella sentencia, en Comodoro Py “se investiga la presunta defraudación a la administración pública nacional que habrían cometido distintos funcionarios federales”, donde para los supremos la defensa no explica cómo las resoluciones de jueces locales estuvieron en condiciones de alcanzar a funcionarios federales. “Existe una imputación concreta contra funcionarios nacionales, no ya como partícipes de maniobras destinadas a defraudar al erario local, sino por su presunta participación en un plan delictivo encaminado a perjudicar directamente a las rentas de la Nación, según la hipótesis investigativa sostenida por los jueces de la causa”, sostuvo la Corte.
Lawfare y mesa judicial
Sobre los planteos de la defensa respecto el interés político que tendría la prosecución del juicio, o su utilización con fines políticos que atentan contra las instituciones democráticas y los derechos, la Corte sostuvo que “mal puede concluirse que se esté ante una simulación de un juicio, ‘carente de todo contenido jurídico y probatorio’ sin que la defensa haya logrado demostrar que su asistida esté ante una situación de privación de justicia, sin posibilidad de reparación ulterior”.
Por último, el máximo tribunal tampoco hizo lugar a un planteo que cuestionaba la intervención de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos como integrantes de la Cámara de Casación en la revisión del expediente, ya que la defensa de Cristina había planteado que no debían intervenir porque no les tocaba y además fueron visitantes en varias oportunidades de la quinta presidencial de Olivos y la Casa Rosada durante el mandato de Mauricio Macri.
El juicio
En este caso se están juzgando las presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas a las empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina para la provincia de Santa Cruz, tales como el pago de sobreprecios, compañías sin capacitación para hacer los trabajos. La vicepresidenta está acusada por presuntas asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública junto a Baéz, también están acusados en este juicio el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex funcionario de Planificación Carlos Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner-, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz del área de vialidad.
Los jueces que llevan adelante este proceso son Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso en el Tribunal Oral Federal 2. Con esta decisión de la Corte se garantiza que el TOF 2 continuará el juicio ya en su etapa de alegatos, donde cada parte pedirá condenas y absoluciones, prevista para iniciarse el 11 de julio. Posteriormente la resolución del tribunal se espera para antes de fin de año.
La decisión de los cuatro supremos no es de sorprender en el marco de la disputa entre la Corte y la vicepresidenta, que fue escalando desde fines del año pasado cuando en un fallo decidieron intervenir el Consejo de la Magistratura y diluir lo más posible la influencia del kirchnerismo dentro del Poder Judicial. Una pulseada que continuará en el debate parlamentario sobre los proyectos de ampliación de la Corte presentados por el Frente de Todos, y de reforma de la Magistratura, aunque son proyectos con escasa posibilidad de salir aprobados.
Los fundamentos de los rechazos planteados en esta causa podrían facilitar una sentencia desfavorable para la vicepresidenta, y son doblemente perjudiciales al confirmar que en ese caso donde Cristina podrá apelar igualmente, quienes revisaran su sentencia son Hornos y Borinsky por la Sala IV, denunciados por conformar la mesa judicial macrista. | 
