La historia del caso de Andrés Núñez tiene varias etapas y diversas aristas. Además del propio secuestro, asesinato y desaparición del albañil de La Plata en 1990 a manos de una patota de la Policía Bonaerense, sobresalen la máxima impunidad posible garantizada por el Estado y la incansable lucha de Mirna Gómez, su compañera, quien lleva 32 años demostrando esos encubrimientos, esas complicidades y esas maniobras institucionales.
Fue Mirna, junto a un grupo de organizaciones de derechos humanos no cooptadas por los gobiernos “progresistas”, quien logró sentar en el banquillo de los acusados en 2010 al excomisario Víctor Dos Santos y al exsargento Alfredo González. Veinte años después del crimen, ambos terminaron condenados a reclusión perpetua. Siete años más tarde, en 2017, se pudo juzgar y condenar (también a perpetua) al comisario Luis Ponce, quien se había mantenido prófugo por varios años hasta que fue hallado en Neuquén en 2012 gracias al rastreo de la familia de Núñez.
De todos los imputados penalmente por los hechos aún sigue prófugo el exoficial Pablo Gerez, hijo de una prima hermana de Eduardo Duhalde, quien un año después de la desaparición del albañil asumió como gobernador bonaerense y por ocho años garantizó la mayor impunidad de los criminales de la “maldita policía”. Según el Estado, “nadie sabe dónde está” Gerez, pero Mirna lo sigue buscando convencida de que tarde o temprano lo encontrará.
Como había informado este diario, a mediados de mayo la familia de Núñez exigió a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de La Plata que “con urgencia se lleven a cabo las medidas conducentes a la pronta realización del juicio oral y público que se encuentra pendiente” contra otros cuatro expolicías: Carlos Veiga (imputado por “allanamiento ilegal y privación ilegal de la libertad calificada”), Ernesto Zabala (“omisión de evitar tormentos”), Pedro Costilla (“falsificación de documento público” y “encubrimiento”) y César Carrizo (“omisión de evitar tormento” y “falsificación de instrumento público”).
En 2018 esa misma Cámara había designado a Emir Caputto Tártara, Ezequiel Medrano y Cecilia Sanucci para conformar el Tribunal que juzgaría a los cuatro bonaerenses. Pero, por supuestos impedimentos de “agenda”, los tres jueces le pidieron al unísono a la Cámara que los exima de tomar el caso y designe a otros magistrados. Así pasaron más de tres años sin que comience el juicio.
Sólo tras la exigencia pública de Mirna Gómez, hace algunos días el titular de la Cámara, Eduardo Delbés, se dignó a darle la razón y finalmente Caputto Tártara, Medrano y Sanucci deberán fijar fecha para la realización del juicio. Aunque también pueden insistir en no hacerse cargo y presentar un recurso ante el Tribunal de Casación. Si hacen eso, el juez Delbés dijo off the record que recurrirá a la Suprema Corte bonaerense para que resuelva. Es decir que el Poder Judicial se sigue burlando de quienes luchan desde hace 32 años por verdad y justicia para Andrés Núñez.
Manuel Bouchoux, abogado que patrocina a Mirna Gómez, dijo en declaraciones al sitio platense Pulso Noticias que actualmente se estaría en la etapa de “ofrecimiento de pruebas”, ya que “se ajustó la acusación a lo que había dispuesto en su momento la Suprema Corte, la fiscal Rosario Sánchez ajustó la acusación en ese sentido y dejó abierta la posibilidad de ampliarla en el debate”. Luego de ese período, los jueces deberían fijar fecha para el inicio del juicio oral y público.
La familia de Núñez quiere que se avance “lo más rápido posible”. Pero son conscientes que en 32 años de lucha el Poder Judicial demostró con creces su desprecio de clase por la vida, la salud y la justicia de la población trabajadora y pobre. “Siempre se tiran la pelota unos a otros, los años pasan y la justicia llega a cuentagotas y mal”, reflexiona Mirna ante quien quiera escucharla. Razones no le faltan para pensarlo y decirlo. |
