El asesinato de Darío y Maxi durante una masiva protesta de los movimientos desocupados en Puente Pueyrredón, en aquel convulsivo año 2002, se ha convertido en una bandera de lucha contra la represión estatal. Los responsables políticos e intelectuales de esa masacre planificada siguen impunes y se reciclan en la administración del estado, como Aníbal Fernández actual ministro de Seguridad y Felipe Solá.
No podemos olvidar que aquella represión brutal fue antecedida por una rigurosa campaña mediática de criminalización y persecución al movimiento piquetero y las protestas sociales, orquestada desde el gobierno peronista de Duhalde, con Felipe Solá de gobernador en la PBA; cuestión que hoy día, se alienta desde los medios de comunicación y los sectores políticos que piden balas en una agenda de derecha.
Entonces, vale preguntarse 20 años después, ¿en qué situación social, económica y política nos encontramos? A meses de un acuerdo a medida del FMI, donde oposición y oficialismo, votaron a mano alzada endeudar al pueblo trabajador, en un claro co gobierno con EEUU, donde las centrales sindicales cómplices hicieron un silencio total, el saldo de ese ajuste nos encuentra con más de 17 millones de personas pobres, o sea, un 40% de la población bajo la línea de la pobreza.
La atmósfera irradiada desde las fuerzas políticas del régimen, el peronismo y la derecha de cambiemos - cada uno con sus respectivas tribus internas, reparto de roles incluidos - intenta propagar “sentido común”, inmutable ante los empresarios que socarrona y públicamente remarcan precios, o fugan capitales, pero horrorizado si los más desposeídos osan levantar la voz, organizarse y pisar la calle para reclamar; automáticamente la avalancha mediática los tilda de “vagos”, por cobrar una mísera asistencia social, estigmatizándolos.
Con claras intenciones de hacer pasar el ajuste con represión, criminalización de los sectores explotados que salen a las calles, el gatillo fácil y la brutalidad policial siguen al orden del día, con Berni y Bullrich actualizando el “meta bala” de Rucaufk y la política punitivista contra las y los luchadores.
Datos que hablan por sí solos, no hay grieta para las balas
Según datos de la Correpi, durante el gobierno de Macri y Bullrich, entre diciembre del 2015 hasta fines del 2019, se produjo un asesinato cada 18 horas a manos de las fuerzas represivas, un total de 1.923 muertes a manos del aparato represivo estatal, donde se incluye la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el fusilamiento de Rafael Nahuel en Río Negro, ambos en el marco de la represión descarnada contra los pueblos originarios en lucha por la recuperación de su territorio.
Sin ir más lejos, el presupuesto 2022, de Rodríguez Larreta, es una clara señal de las prioridades de su gobierno, destinando un 16% del presupuesto al área de “seguridad”, ($153.660 millones), más la construcción y remodelación de comisarías por $3.161 millones y equipamiento de la Policía de la Ciudad, por $5.164 millones. La suma de estos dos ítems es tres veces lo destinado a la infraestructura escolar.
En el caso del peronismo en el poder, no fue la excepción, el gobierno de Alberto Fernández, asumió en diciembre de 2019 y en plena cuarenta durante 2020, vimos policías haciendo “bailar”, a los pibes en las calles, entrando a las patadas a las casas de miembros de comunidades originarias - como en Chaco -, violentos desalojos a los sin techo como en Guernica de la mano del gobernador de la provincia de Bs. As., Axel Kicillof. Desapariciones seguidas de muerte, como Luis Espinoza en Tucumán y Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires, que generaron un amplio repudio social.
Los datos de la CORREPI muestran 537 muertes a manos del aparato represivo estatal en 2020, con la necesaria aclaración de que 384 (71,5%), son personas que murieron en lugares de detención, en 2021 fueron asesinadas 981 personas por el estado, en sus diferentes modalidades represivas con preeminencia de un considerable aumento de las muertes en lugares de encierro.
Evidentemente, el gatillo fácil, la brutalidad policial y la criminalización de los sectores obreros y populares, sobre todo de la juventud, no reconoce grieta alguna.
Ante la bronca, organización
Este sábado en el Centro Cultural Socialista Cordobazo, realizaremos un festival antirrepresivo, con la participación de Anahí Vázquez, hermana de Nicolás Vázquez, de 18 años, asesinado por la policía Bonaerense en 2013.
En un contexto de ajuste, donde las salidas de los gobiernos es cargar la crisis en las espaldas de las y los trabajadores, donde la agenda de derecha es moneda corriente criminalizando las protestas, el Centro Cultural Socialista “Cordobazo”, se convierte en un espacio desde donde resistir a ese avance, a través de la cultura, de asambleas donde trabajadores ocupados, precarios y desocupados, tiendan lazos de solidaridad debatiendo una salida que no beneficie a los mismos de siempre, sino a medida de las verdaderas necesidades del pueblo trabajador: educación, vivienda, salud, etc. A 20 años del asesinato de Maxi y Darío, también llamamos a participar a las 11 horas, del acto central sobre el Puente Pueyrredón para que este crimen de estado no quede impune.
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