Más 3 años de atraso tiene el proyecto del nuevo Hospital Barros Luco, no había terminado la etapa del diseño y querían partir su construcción. En este momento la concesionaria que iba a realizar la construcción está en quiebra, y el proceso está detenido por la toma de razón en Contraloría, mientras aumentan las listas de espera y las familias trabajadoras mueren esperando una operación. No es menor considerando que en Chile hay 2,1 camas de hospitales por cada 1 000 habitantes, mientras que el promedio de la OCDE es de 4,6 camas, es decir, muy bajo del promedio.
Es una pelea de muchos años que han venido realizando pacientes, usuarias, usuarios y trabajadores de la salud, es inminente la necesidad de un nuevo hospital para la zona sur. El hospital Barros Luco atiende actualmente a una población de más de 1.500.000 habitantes, que abarca a 11 comunas de la Región Metropolitana, donde los problemas de infraestructura son evidentes, recordemos que hace unos años se terminó una operación con luces de celular por corte de luz, ascensores que no funcionan, camillas en mal estado, TENS tienen que ir a los comedores a hervir agua para bañar a los pacientes porque no hay agua caliente, intervenciones quirúrgicas con años de espera, falta de personal y de especialistas, entre otro sin fin de cosas que han venido denunciando las y los trabajadores.
Hace más de tres años se había prometido iniciar el proyecto del Nuevo Hospital, que a la fecha acumula días de retraso y millones de pesos en multas, el gobierno de Bachelet lo prometió, el gobierno de Piñera dijo que se convertiría en el Hospital más grande, pero nada de eso ha pasado. Además han pasado tantos años desde que se presentó el proyecto, que las cosas que se presentaron en un principio ya eran insuficientes, las cuales se han tenido que ir modificando, pues estaban ya al menos 10 años atrasados.
El proyecto del Nuevo Hospital sería de 200.000 metros cuadrados, esto corresponde a casi 3 veces el tamaño del actual, ubicado en lo que es la Ex Maternidad con 10 pisos, que tendrán 987 camas de cuidados básicos, intermedios y críticos (270 más de las que dispone actualmente), 28 pabellones de cirugía, 275 box de atención, 42 sillones quimioterapia, entre otros servicios con equipos modernos. El gasto de éste era de $400 mil millones de pesos.
Este último atraso en el proyecto del nuevo hospital, se suma a una serie de otros retrasos más, que han dado cuenta que el negocio y las inmobiliarias están sobre la vida de las personas.
Números van, números vienen, mientras la salud pública está en crisis
Partiendo por cómo es que se eligen las empresas licitadoras, en el año 2015 el Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS) eligió a la empresa italiana Astaldi, que era de las ofertas económica más caras entre todas, se pasaba por $79.523,02 millones más que las otras y que el presupuesto inicial. La otras empresas presentaron documentos a Contraloría para frenar la adjudicación del nuevo hospital, y el año 2016 tuvo que repetirse el proceso ante Contraloría. En diciembre del 2017 se firmaron los documentos con la empresa Astaldi para iniciar el proceso para el diseño y construcción y puesta en marcha del nuevo establecimiento hospitalario, con una inversión de $358.000 millones.
Esta empresa ya había sido cuestionada por incumplimientos, fue critica su actuación en las construcción del Hospital Félix Bulnes, del año 2018 los subcontratistas denunciaban que no les pagaban en varios meses, disminuyeron la dotación de trabajadores de 1.000 a 180, de hecho la concesionaria encargada de la construcción del Hospital Félix Bulnes puso finalizar el contrato con la empresa Astaldi antes de terminar la construcción por incumplimientos en la obra que no eran capaces de subsanar. No es menor que el año 2020, el Hospital Félix Bulnes se inundara a solo días de su inauguración.
Luego, recién en diciembre del año 2021, el Servicio de Salud Metropolitano Sur decidió dar término anticipado al contrato con la empresa Astaldi, que ya el 2019 tenía atraso en la etapa del diseño, siendo que ya se tenía la experiencia de la empresa en la construcción del Félix Bulnes. La empresa italiana por su parte acusa que el Servicio de Salud retrasó documentos, como por ejemplo, el proceso de tramitación para modificar el Permiso de Edificación ante la Municipalidad de San Miguel, y que estos atrasos a implicado pérdidas para la empresa, que había pedido más presupuesto por los costos asociados a extensión de plazo en el diseño.
Mediante el modelo de concesiones hospitalarias entras empresas viven a costa del Estado y ofrecen un servicio totalmente deficiente, el Hospital Félix Bulnes es un ejemplo. Además, según la experiencia de los primeros hospitales concesionados en Chile (Hospital de La Florida y Maipú), al final del proceso el Estado deberá pagar un 27% más de lo que cuestan los hospitales. A esto se suman problemas estructurales en sus construcciones y un empobrecimiento de la calidad de la atención en salud, producto de sucesivos recortes presupuestarios en que han debido incurrir los servicios de salud a cargo de los hospitales concesionados a fin de poder cumplir con los pagos anuales a costa de su presupuesto.
La experiencia internacional también lo demuestra, en Reino Unido se paga un sobreprecio que oscila entre 1,49 y 2,04 veces más por cada hospital concesionado, frente si el Estado se hubiese endeudado directamente para la construcción por presupuesto sectorial.
Es decir, las concesiones hospitalarias son una forma de privatizar la salud, pues se desvían los recursos para pagarle a las grandes empresas que son quienes terminan administrando estos hospitales. Y por si fuera poco, los empresarios aumentan sus ganancias por medio de la precarización laboral, con el subcontrato, bajos sueldos y sobrecarga laboral. Los recursos con los que se le paga a las concesionarias provienen directamente del Estado, es decir, nos meten la mano al bolsillo a todos y todas para entregarla en bandeja a los empresarios de la salud, negocio redondo, pero para ellos.
El actual gobierno y programa de Apruebo Dignidad no dicen nada del modelo de concesiones hospitalarias, plantearon que evaluarían su continuidad cuando estaban realizando la campaña electoral, pero hasta la fecha los proyectos siguen tal cual. Respecto a las obras públicas en salud en la cuenta pública el presidente Gabriel Boric mencionó la creación de 3 Centros Regionales de Resolución para Cirugía Mayor Ambulatoria, sin mencionar cómo se construirán y 12 Centro Comunitarios de Salud Mental con una inversión de 36.000 millones de pesos, pero el modelo de concesiones queda intacto.
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Lo mismo ocurre en la Modalidad de Libre Elección (MLE) en el cual el sistema privado viene a “subsidiar” al público por medio de la facilitación de su infraestructura (atención médica, exámenes, operaciones, entre otros). Un ejemplo de esta modalidad es el costo que paga el Estado por concepto de “días cama”, servicio que facilitan los privados al sistema público cada vez que la demanda por hospitalización supera los cupos disponibles en la red, que es negocio para los privados. El valor cama UCI por Fonasa es de $159.760 pesos, mientras en la Clínica Las Condes el valor es de $1.066.094 pesos, es decir, el Estado paga a la clínica, 6,7 veces más. Y esto puede continuar, pues el borrador de la Convención Constitucional, deja el camino abierto al lucro en la salud.
¿La comunidad está dispuesta a “hipotecar” el futuro por una visión cortoplacista y funcional a los intereses de mercado? ¿Alguien nos preguntó?
Con un impuesto extraordinario del 20% a las 10 mayores fortunas del país podríamos recaudar inmediatamente 7.260 millones de dólares, que son 6,48 billones de pesos (6.480.000.000.000) es decir, construir 16 hospitales como el proyecto del nuevo hospital.
Hay que poner fin al modelo de concesiones, pues luego el Fisco termina pagando sobreprecios que son ganancias y utilidades para los privados. Las obras y la infraestructura pública deben ser estatales, con participación, vinculación, gestión y decisión entre las y los trabajadores del MOP, salud, usuarixs y comunidad.
¿Cómo es posible que el dinero sea un requisito para vivir? Es necesario el paso de la propiedad privada a pública de los centros asistenciales, que podrían ocuparse sus instalaciones y abrirlas al conjunto del pueblo trabajador, pues no basta con un sistema nacional de salud y un Fondo Único que busca integrar a los privados en el sentido de universalizar las prestaciones pagando a estos desde un fondo común.
El problema del negocio de la salud, plantea que es más muy necesaria la Unificación del Sistema de Salud, sin subsidio a los privados.
Aquí hay dos problemas que se arrastran, el primero el modelo de concesiones hospitalarias que va en directa relación con el negocio y el lucro de la salud, y luego los atrasos, que son más muertes para el pueblo trabajador que muere esperando para una operación.
Los comités de usuarios de la zona sur de Santiago, han estado reuniendo firmas para que se retome la construcción del nuevo hospital, que ya lleva más de 1.200 días de retraso. Las firmas buscan presionar a las autoridades para retomar la construcción, ir con ellas a la Moneda, al Ministerio, etc. Es una medida urgente que debe ponerse en marcha, pues no se puede mantener la espera.
Sin duda resulta irrisorio la inoperancia y los atrasos en los plazos para iniciar con el Nuevo Hospital, que parte de una empresa ya cuestionada por su actuar previamente, y que más de dos años pasaron para que el Servicio de Salud y la dirección del Hospital plantearan frenar el contrato.
No podemos contentarnos con movilizaciones testimoniales y negociaciones por arriba, en vez de involucrar a todas las trabajadoras y los trabajadores de la salud, los mismos usuarios, pacientes, comunidad, que tienen mucho que decir, pues todo el proceso se ha hecho de arriba hacia abajo y por eso luego se encuentran con que hay cosas que en la realidad son completamente insuficientes para las necesidades de la comunidad en materia de salud.
Es necesario y urgente una coordinación entre usuarios, comunidad y trabajadores de la salud, que puedan convocar a una movilización para exigir que se ponga en marcha el proyecto, y que sea mediante un plan de obras públicas, estatal y gestionado por la propia comunidad, porque nuestras vidas valen más que sus ganancias. |
