El Gobernador de Jujuy no podía quedarse por detrás de los dichos de Cristina Kirchner sobre la administración de la asistencia social que debería ser monopolizada por el Estado. Morales con ayuda del PJ montó un régimen policíaco, que incluye presas políticas como Milagro Sala, y que reforzó la intromisión del Estado en las organizaciones sociales, generando mano de obra barata para intendentes y las patronales agrarias.

En una entrevista dada por Gerardo Morales a Cadena 3 durante la mañana del viernes explicó el plan llevado a cabo en Jujuy contra las organizaciones sociales. “Estuve en @Cadena3Com contando cómo hicimos para vencer las barreras que nos ponía el clientelismo en Jujuy”, publicó en su cuenta de twitter.

Fue una respuesta en sintonía con el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la CTA, quien planteó que “el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas.”

Es entonces que Morales tomó el guante de la vicepresidenta para no perder pisada, con medidas que vienen siendo un caballito de batalla de la oposición desde Macri, Bullrich, Larreta hasta Milei, una derecha que milita día y noche contra el derecho a la protesta y el accionar de los movimientos piqueteros.

Morales, muy cómodo, relució en la entrevista su modelo jujeño que fue construido con el apoyo de Sergio Massa, Mauricio Macri y el PJ jujeño desde que llegó a la gobernación en 2015.

“…Lo que hicimos es institucionalizar, bancarizar, garantizarle derechos a las personas, terminar con los gerentes de la pobreza, aquellos supuestos líderes de algunas organizaciones sociales que lo que hacen es sacarle plata a la gente, así que allí hay que hacer es un procedimiento muy firme de institucionalización en la asignación de los planes en términos de derechos para las personas…”, afirmó Morales.

Lo cierto es que la institucionalización de la asistencia social ha sido utilizada para desarmar organizaciones sociales, buscando atomizar proyectos colectivos a través de la coerción y coacción del Estado, armando causas a los dirigentes, cooptando a otros con cargos estatales, utilizando a dirigentes doblados para testificar contra otros en causas judiciales, quitando la personería jurídica a las organizaciones como sucedió con la Tupac Amaru.

El plan para que el Estado asuma el monopolio de la asistencia social que promueve Cristina, en el caso de Jujuy, implicó que todo su aparato de fiscales, jueces, policías, servicios de inteligencia, funcionarios, entre otros, fuese puesto al servicio de intentar convertir a los integrantes de las organizaciones en “delincuentes”; si no aceptaban dejar sus organizaciones para pasar a ser simples “ciudadanos” que reciban la asistencia estatal, quedando además a merced de los intendentes y las patronales que pueden contar así con mano de obra barata para redoblar la explotación o para fines clientelares como sucede durante las campañas electorales o actos de los partidos tradicionales.

Estuve en @Cadena3Com contando como hicimos para vencer las barreras que nos ponía el clientelismo en Jujuy.

Tenemos que terminar con los gerentes de la pobreza en todo el país. pic.twitter.com/rdTHlOMkyP

— Gerardo Morales (@GerardoMorales) June 24, 2022

Este esquema que ya funciona articula una tríada de actores, el ministerio de Desarrollo Social de la Nación, los gobernadores y los intendentes que son los que tienen el control directo de la mano de obra que por ejemplo aportan los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.
Y es así como Morales siempre va un paso más allá, no solo pretendiendo continuar con la entrega de los trabajadores que perciben asistencia social a los intendentes como sugiere Cristina Kirchner, sino también a las patronales del sector privado.

Ante Cadena 3 dijo, “...Ya hay que pensar en una gran transformación de los planes en beneficio para el empleo, para que puedan articularse con los distintos sectores de la producción y que sirvan para bajar el costo laboral que tan importante es para generar trabajo decente y registrado…”.

Se relamen así las patronales terratenientes del tabaco que vienen planteando utilizar en sus fincas la mano de obra de quienes perciben el programa Potenciar Trabajo. Una ayudita más del Estado para que empresarios se lo lleven todo. Patronales que, vale aclarar, vienen presionando para bajar los salarios y condiciones laborales firmando convenios con la embajada de Bolivia con tal de ampliar el flujo de trabajadores del vecino país para la próxima temporada.

Del desvío a la represión

Desde el PTS en el Frente de Izquierda venimos denunciando desde un primer momento el accionar de un régimen policíaco en Jujuy por parte de Morales y el PJ. No bien asumió como gobernador, Morales avanzó criminalizando la protesta social, deteniendo a dirigentes sociales como Milagro Sala que en ese momento realizaba un acampe en Plaza Belgrano.

Y tomó este caso como un “chivo expiatorio”, para luego ir contra obreros y dirigentes del azúcar, estudiantes universitarios, continuando con dirigentes de izquierda, pueblos originarios y sectores populares, en fin, persiguiendo a quienes cuestionan las políticas del gobierno en los lugares de trabajo, de estudio o en los barrios.

Es por eso que nuestra defensa por la libertad de Sala, siendo conscientes de las diferencias políticas con su organización, ha sido poniendo por delante el significado de fondo del accionar del gobierno y la Justicia que tuvo en claro que se jugaba a cambiar la correlación de fuerzas entre las clases, en una provincia con tradición combativa del movimiento obrero ocupado y que fue punta de lanza junto con Salta y Neuquén de fuertes gestas de lucha del movimiento de desocupados en los ‘90 contra las políticas de hambre y desocupación del menemismo y de grandes patronales como Ledesma que despidieron a miles con las privatizaciones o la tecnificación de la producción.

La no resolución del problema estructural de la falta de trabajo genuino para miles de trabajadores que no se resignaban tuvo como respuesta estatal la entrega de planes hacia fines de los ‘90 combinado con la cooptación de sus dirigentes. Hicieron una apuesta fuerte a desactivar el potencial de un movimiento obrero desocupado que tenía métodos de organización democrática, con asambleas y coordinación de piquetes por distintos puntos de la provincia con capacidad para paralizar todo, como demostró el levantamiento iniciado en Ledesma en mayo del ‘97.

Con el desvío iniciado del proceso de luchas populares que terminó con el gobierno de De La Rúa, primero con la entrega de 2 millones de planes Jefes y Jefas de Hogar y luego con la llegada a la Casa Rosada de Néstor Kirchner, en Jujuy el plan fue alentar a la organización Tupac Amaru como centralizadora de la ayuda social. Mientras del otro lado, los sindicatos mantenían separados a los ocupados de los desocupados. La propia Cristina Kirchner sostenía el apoyo a la Tupac Amaru en un acto en 2013 frente a las puertas del ingenio La Esperanza, “todos ustedes que a partir de la unidad, organización y la solidaridad han logrado tener un trabajo y compartir, esa maravillosa palabra que todavía no todos entienden”.

Sin embargo, el crecimiento de esta organización fue parte del desvío post 2001, que buscaba llevar las movilizaciones de “la calle al Palacio”, en este caso de la ruta al barrio, una búsqueda consciente de restablecer el poder del Estado, pero debiendo reconocer la nueva relación de fuerzas. Morales no atacó a la Tupac por corrupción, ni porque sea ningún defensor de las libertades democráticas o la república, fue el abanderado de llevar adelante un laboratorio del plan del ajuste macrista.

Aunque el hecho de no resolver la falta de trabajo genuino y haberse ampliado la propia asistencia que tiene a 120 mil jujeños registrados en la “economía popular”, ha dado lugar a que las organizaciones sociales opositoras cobren nuevamente protagonismo en las calles y eso ha despertado la respuesta represiva con detenciones de dirigentes como vimos este año.

Defender el derecho a la organización

La defensa del derecho a la organización de los desocupados contra todo tipo de injerencia del Estado sigue siendo una tarea de primer orden. Tal como lo ha sido desde el origen mismo de la clase trabajadora en el capitalismo donde tuvo que pelear por crear y mantener sus propias organizaciones sindicales. Todo esto más aún cuando el conjunto de los partidos tradicionales comienzan a cerrar filas bajo una agenda derechista.

La mejor defensa es entonces ligar el derecho a la organización de los desocupados a un programa que se proponga poner en pie un movimiento único de desocupados con libertad de tendencias políticas, donde la pelea contra el hambre y la ampliación de la asistencia social, venga de la mano de la unidad con los ocupados por trabajo genuino, la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo. Esta semana en la unidad de familias de obreros rurales despedidos en Yuto junto a organizaciones sociales se dieron pasos en este camino.