Jony Perez
| Vicepresidente del Centro de Estudiantes de ISFD n°39
Cerca de que se cumplan dos años desde que Alberto Fernández decretara la implementación del cupo laboral trans, La Izquierda Diario solicitó un segundo pedido de informe al sector público nacional que determinó que en seis meses la cantidad personas travestis trans que se sumaron al sector fueron 58 personas. A su vez, la gran mayoría de los puestos se da de manera precaria con contratos anuales o con monotributo, apenas el 21.56% se encuentra en planta transitoria o permanente.
En medio de esta crisis, son muchas las personas que envían decenas de currículums por las páginas web de búsqueda laboral o que intentan por diferentes medios conseguir trabajo con derechos que les permita llegar a fin de mes en un contexto dónde la inflación se come mes a mes el ingreso de la gran mayoría. Ahora imagínate que no aceptan tu postulación por ser travesti/trans, porque quieren que utilices un nombre que te asignaron y no el que elegiste, esos ejemplos, por nombrar solo algunos, son los que deben soportar las personas trans diariamente.
Es por eso que existe la ley de cupo laboral trans en el Estado fruto de la lucha y organización. Hoy en día sectores reaccionarios como la diputada provincial Amalia Granata o la mediática Viviana Canosa quieren ponerlo en cuestión señalándolo como un privilegio, desconociendo la discriminación estructural que sufre este sector. La derecha no pierde el tiempo en atacar a la diversidad sexual, como se vio con Larreta y Acuña al prohibir el lenguaje inclusivo en Capital Federal.
Desde el Gobierno, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad indica con respecto al cupo laboral trans que “esta política afirmativa reconoce la sistemática discriminación y exclusión de travestis y trans en las distintas esferas de sus trayectorias de vida y, en particular, en el ámbito laboral.” Pero una cosa es lo que se escribe y otra cosa lo que se aplica. Solo un 8.16% de organismos del sector público nacional cumple con el piso del 1%. Hay 20,41 % que directamente no tiene ninguna persona contratada y el 42.18% de dependencias tiene personas travestis y trans contratadas pero sin llegar al 1%.
En octubre del 2021 desde este mismo diario se solicitó un pedido de informe que arrojó que al menos 2.521 personas que deberían acceder al cupo, solo 235 lo hicieron. Seis meses después se volvió a solicitar un nuevo pedido de información el cual indicó que en ese período de tiempo solamente se sumaron 58 personas.
Según los datos de la Base Integrada de Empleo Público (BIEP) a marzo de este año el total de puestos a cubrir por personas travestis y trans debería ser 2.574. Sin embargo, solo 293 se encuentran contratadas. En promedio ingresan 10 personas al cupo laboral por mes, quiere decir que con ese promedio de implementación para que el estado llegue a cumplir con los 2.574 puestos que indica la ley se deberían esperar aproximadamente 20 años. Y esto sin tener en cuenta que en total hay 6.002 que se inscribieron solicitando un trabajo, superando ampliamente el cupo mínimo.
Cuando Alberto Fernández decretó el cupo laboral trans en septiembre de 2020 estableció que se trataba de un “hecho histórico que busca reparar una desigualdad estructural que existe en la sociedad respecto a la población travesti trans". Si nos basamos en los hechos y la situación social crítica que atraviesa la gran mayoría de la población, a casi dos años sólo 293 travestis y trans pudieron acceder.
Inclusión precarizada
En Argentina desde la década de los 90 en adelante se avanzó con la terciarización, y a pesar de los doce años de gobierno del kirchnerismo, eso no cambió. Es más, cada vez son más les trabajadores que se encuentran precarizados de alguna manera, con nuevos convenios a la baja, o que figuran como monotributistas a pesar de trabajar en relación de dependencia. El 70% de la juventud trabaja de manera precarizada, esta es realidad en la que se está aplicando el cupo.
Según lo informado al 31 de marzo del 2022, de los 293 puestos:
El 10.25% (30 personas) se encuentran en planta permanente, es decir, bajo el convenio que le corresponde.
El 11.31% (33 personas) se encuentran en planta temporaria.
El 49.82% (146 personas) se encuentran bajo la ley marco de regulación de empleo público nacional N° 25.164. Las personas que son contratadas bajo esta modalidad no cuentan con antigüedad laboral ya que los contratos son de renovación anual y se pueden dar de baja en cualquier momento sin previo aviso ni cobro de indemnización.
El 21,55% (63 personas) se encuentran bajo régimen de locación de obra y otras modalidades, que pueden ser bajo monotributo, pasantías, becas, modos de contratación precarias.
El 7.07% (21 personas) se encuentran bajo el Decreto N° 1.109/17, de modalidad monotributo.
Quiere decir que la gran mayoría se encuentra en una situación de inestabilidad y sin derechos laborales, el estado aplica la misma forma de precarización que Pedidos Ya. Cabe aclarar que esta forma de precarización estatal no la refleja solo el cupo laboral, sino que es una realidad que viven la mayoría de los trabajadores estatales. Sólo el 15% de la planta total del estado debería estar bajo otra modalidad de contratación, pero ocurre exactamente lo contrario.
Las gran mayoría de personas trans forma parte del 37.3% de la población bajo la línea de pobreza hoy en día en Argentina, se les niega sistemáticamente el derecho a la vivienda, la educación y la salud. El cupo laboral trans es una ley que intenta reparar el daño histórico que sufrió la sociedad travesti trans por años de discriminación, su implementación hoy en día es elemental y por eso este 28 de junio El Frente de Izquierda convoca a movilizar a 53 años de Stonewall para que se aplique efectivamente con derechos laborales y un salario acorde a la canasta básica para poder llegar a fin de mes.
