El presidente Guillermo Lasso anunció este martes que no volverá a conversar “con quienes pretenden secuestrar la paz”, de esa forma los representantes de su gobierno se ausentaron en el segundo día de negociaciones con los dirigentes de las organizaciones indígenas.
Cínicamente Lasso dijo en un mensaje televisado que “El país ha sido testigo de todos los esfuerzos que hemos hecho para un diálogo fructífero y sincero. No vamos a negociar con quienes mantienen al Ecuador como rehén”. El presidente luego afirmó que las conversaciones no pueden continuar mientras “no existan las garantías necesarias”, omitiendo que bajo sus ordenes la represión a las protestas dejo varios muertos y cientos de heridos.
Lasso dijo que la ruptura del diálogo se debió a la muerte de un militar en un ataque a una caravana que el presidente atribuye sin pruebas concretas a los manifestantes. El confuso episodio, que le sirvió al Ejecutivo para retirarse de las negociaciones, se da en el contexto de denuncia, realizadas por las organizaciones sociales, de policías infiltrados en las manifestaciones y de un ataque de los miembros de las fuerzas armadas que se movilizaban junto a la caravana que transportaba combustible.
En el corto mensaje a la nación, el presidente apuntó directamente contra al titular de la Comisión de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, “quien solo defiende sus intereses políticos y no los de sus bases” y prometió que el Ejecutivo volverá a la mesa “cuando se cuente con legítimos representantes de todos los pueblos y nacionalidades“.
La postura del gobierno de Lasso ante el ataque a la caravana, contrasta con el silencio ante las al menos 5 muertes de manifestantes por la represión de las fuerzas de seguridad, según denuncian organismos de derechos humanos.
El ministro del Interior, Patricio Carrillo, se sumó al discurso gubernamental y en redes sociales dijo “Otro estallido violento de la Conaie, la antítesis del Estado de derecho. La degradación conlleva a que pocos quieran imponer su voluntad. Una sociedad que no reacciona con la administración de justicia está condenada a vivir sufrimientos permanentes".
Desde el Gobierno, la policía, el Ejercito y otros sectores se buscó criminalizar a las organizaciones indígenas, estudiantes y otros sectores que se fueron sumando a las protestas.
Pese a la declaración de Lasso, el titular de la Asamblea Nacional (Parlamento) e impulsor de la mesa de diálogo, Virgilio Saquicela, volvió a convocar a las dos partes para intentar reflotar las negociaciones.
Desde las Fuerzas Armadas, el jefe del Comando Conjunto Nelson Proaño, adelantó que la entidad iniciará acciones judiciales contra quienes atacaron la caravana militar. Según el funcionario, los militares y policías atacados daban seguridad a los sectores estratégicos y custodiaban el traslado de 17 tanques de diésel desde la población de Shushufindi hasta el bloque petrolero ITT.
Con la negociación en suspenso, la dirección indígena mantiene la desmovilización
La salida de la mesa de negociación por parte de los representantes del Gobierno busca imponer peores condiciones a la dirección de las organizaciones indígenas para volver al diálogo.
El lunes Leonidas Iza, dirigente de la Conaei, había mostrado la excesiva disposición para negociar afirmando que reconocía "el esfuerzo del gobierno nacional" y agregó "hemos insistido en dos puntos, si como pueblos y nacionalidades insistieramos con el resto de los puntos, estaríamos siendo irresponsable con el momento actual". También dijo que estaba dispuesto a negociar al decir "hemos propuesto en el primer punto (en relación al aumento de los combustibles) reducir 40 centavos, el Gobierno propone 10 centavos. Por eso pedimos que hagan aun esfuerzo para que haya un intermedio, y que de parte a parte podemos ganar y perder".
Con la ruptura del diálogo el gobierno de Lasso envía un mensaje claro, no está dispuesto a ceder mucho más.
El paralelo, la Asamblea Nacional retomó la sesión en la que discute la propuesta de la bancada opositora de UNES (referenciada en el expresidente Rafael Correa) de “muerte cruzada”, un mecanismo que incluye la destitución de Lasso y el cierre del Congreso mismo, para un nuevo llamado a elecciones.
La medida parlamentaria busca actuar como una forma de presión contra el Gobierno, ya que para que efectivamente pueda avanzar se necesitan 91 votos para la destitución de Lasso, una cifra que la correista UNES parece lejos de tener.
El presidente Lasso puede volver a mostrarse duro porque aprovecha las concesiones y el llamado a desmovilizar de la dirección de la Conaie.
Las protestas que se extendieron en varios centros urbanos y las distintas regiones, a la que se plegaron miles de jóvenes de las barriadas populares de Quito a la que se sumó el apoyo de miles de estudiantes que fueron parte de organizar la solidaridad con los manifestantes levantando barricadas y enfrentando a la Policía, pusieron en jaque a su Gobierno, pero la política de la dirección del movimiento indígena volvió, como en 2019, a darle vida al Ejecutivo que con el apoyo del Ejercito y muy pocas concesiones busca sortear la crisis. | 
