El 51,2% no percibe cuota alimentaria, a lo que debe sumarse que casi el 8% que declara no recibir la cuota correspondiente, pero que el padre cubre otros gastos y, por otra parte, hay un 15,3% que señala cobrarla de manera irregular. Estrictamente, la mitad de las mujeres encuestadas afrontan la crianza de sus hijas e hijos completamentamente solas, aunque el padre vive.
A esta disparidad innegable habría que agregar que apenas el 10% de la mitad que sí recibe la cuota alimentaria admite que esa cifra alcanza para asumir los gastos de alimentación, vestimenta, útiles escolares y otras necesidades de niñas, niños y adolescentes. El 48% de quienes reciben la cuota dicen que no le alcanza ni para lo mínimo, el 33% dice que con ese valor apenas cubre la alimentación.
La investigación llevada a cabo por el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, se titula "Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género". Sus resultados fueron presentados el miércoles 29 por la ministra Estela Díaz, las secretarias Lucía Portos y Sabrina Cartabia, junto a la historiadora feministas Dora Barrancos.
Según informaron, se realizó entre junio y agosto del año pasado, con una encuesta espontánea autoadministrada publicada en una plataforma virtual. Obtuvieron 6442 respuestas a las que se agregan 52 entrevistas en profundidad.
Otros estudios realizados en La Pampa y Catamarca mostraron resultados similares, según indicó la ministra bonaerense. Sin embargo, la judicialización implica también gastos de dinero, tiempo y la sensación de que no va a servir demasiado. Las mujeres deben afrontar no sólo la manutención de sus hijos e hijas solas, sino los prejuicios sociales en su contra por reclamar lo que debería ser obvio y evidente.
La violencia económica es una de las formas en que se manifiesta la violencia contra las mujeres. En la mayoría de los casos de incumplimiento no hay una situación de imposibilidad por parte del varón de afrontar los gastos, sino que se trata de un comportamiento calificado como violencia vicaria, es decir, el intento de imponer una "penitencia" a las mujeres por la separación, a través de esta manipulación del dinero que corresponde a los hijos e hijas.
Pero el cuadro se complejiza aún más en una realidad marcada por los altos índices de inflación, que superan con creces los acuerdos paritarios para los salarios. Y más aún si tenemos en cuenta que la mayoría de las mujeres que perciben ingresos, trabajan en condiciones de precarización, en sectores donde la brecha salarial de género es bastante más pronunciada que para el promedio. Y de eso, no son responsables ni mujeres ni varones que intentan sobrevivir a esta crisis, con su esfuerzo personal. |
